Elección sin denuncias de fraude no es elección en Ecuador. Luego de cada proceso electoral, históricamente, surgen acusaciones de alteración de resultados que la mayoría de actores políticos y grupos ciudadanos suelen calificar como fraude. La última, la del 5 de febrero pasado, no ha sido la excepción.

Blasco Peñaherrera, director de Market, lo hizo el pasado 26 de febrero. El encuestador, que hizo exit polls que no acertaron, denunció un presunto fraude electoral en la Alcaldía de Quito y que se han encontrado anomalías en las alcaldías de Guayaquil y Ambato, así como en las prefecturas de Guayas y Azuay.

Peñaherrera ha informado que las semanas pasadas hizo una denuncia en la Fiscalía por falsificación de firmas en las actas, y luego presentó un alcance con la denuncia de fraude.

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El pasado 9 de febrero, seis candidatos a ser vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) denunciaron anomalías y hasta un presunto “fraude” electoral en los comicios del 5 de febrero, que estaría afectando la votación obtenida a sus candidaturas.

Manuela Daquilema y Ángel Chela, de los pueblos y nacionalidades, así como Óscar Ayerve, Édgar Coral, Jaqueline Ludeña y Juan Esteban Guarderas, expusieron en una declaración pública sus denuncias al constatar inconsistencias en el número de electores y el número de votos.

Guarderas, días después, el 13 de febrero, anunció que acudiría a Bruselas “para denunciar los indicios de fraude electoral en Ecuador”, y comentó que tenía previsto reunirse con autoridades de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo de España.

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Incluso en el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) hubo denuncias de irregularidades. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, elevó una queja ante la Fiscalía por la instalación de un supuesto centro clandestino en la Delegación Electoral del Guayas en el que se habrían llenado actas de escrutinio de recuento del referéndum

La Fiscalía abrió una instrucción fiscal por 30 días para hallar indicios por el delito de presunto fraude electoral. Por el caso se detuvo a un funcionario del CNE, pero el juez de flagrancia no aceptó el pedido de la Fiscalía de ordenar prisión preventiva, sino que resolvió dictar otras medidas, como presentación ante autoridad competente y prohibición de salida del país.

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El fraude electoral es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que está en vigencia desde el 2014. Sin embargo, aunque constantemente se han cuestionado resultados electorales, ni antes ni después de esa fecha se ha concretado una sentencia al respecto, así lo confirman analistas consultados por este Diario.

El artículo 334 del COIP señala: “La persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la persona responsable es una o un servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por el doble de tiempo de la condena”.

Los analistas coinciden en que no ha habido una sentencia en casos de fraude electoral en Ecuador porque las evidencias no han sido suficientes.

“Al menos en la historia del COIP, no ha habido una declaratoria, a través de sentencia, de un posible fraude electoral”, señala Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEK, quien agrega que ni siquiera ocurrió cuando se dio un supuesto “apagón” informático en las elecciones presidenciales del 2017.

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“Digo ‘supuesto’ porque tampoco nunca se probó, porque realmente no fue un apagón: fue un tema de colapso de la página web, solo que era la primera vez que colapsaba (...). No se presentaron denuncias porque no había evidencia del tema”, indica.

En el 2017, el expresidente Lenín Moreno derrotó al actual mandatario Guillermo Lasso por una diferencia del 2,32 % de los votos. En ese entonces, Lasso dijo que se registró un “apagón” en el sistema del CNE, por lo que pidió el recuento de actas en todo el país. No obstante, le permitieron solo el 11,2 %, que se efectuó de manera pública en Quito.

Para Nicanor Moscoso, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, “siempre ha habido denuncias de fraude, que por lo general las han hecho los perdedores de las elecciones, y que muchas veces también lo dejan como una forma de un proselitismo hacia el futuro, pensando en que la gente, al considerar que le hicieron fraude a ese candidato, luego votarán por él”.

Para Ron, lo que ocurre con la discusión política ecuatoriana es que se denuncia el fraude pero no se prueba.

Algo que para Moscoso no tiene sentido, porque en la actualidad “sí es fácil presentar” las pruebas, por la tecnología existente. “La legislación nuestra tiene los parámetros necesarios para comprobar los fraudes. Lo que sucede es que se quedan solo en denuncias que no son comprobadas en ningún momento (...). Quienes denuncian los fraudes sin ninguna prueba lo único que están haciendo es atacando al sistema electoral y a la democracia”, sostiene.

¿Los que denuncian son malos perdedores?

Moscoso cree que el candidato que sabe perder reconoce su derrota, tal como ocurrió en los recientes comicios. Pero algunos prefieren impugnar o custionar los números.

“Todos los que han perdido han reconocido la misma noche su derrota; eso significa seriedad en las diferentes etapas. Pero el que está presentando más problemas es precisamente el señor (Blasco) Peñaherrera, pero con el objeto de dejar en el imaginario que él sí tuvo razón, pero que hubo fraude. Y eso es un daño tremendo que le está haciendo al sistema electoral, y el CNE debe buscar castigar esas actitudes”, afirma.

Moscoso cita como ejemplo de candidatos que reconocieron su derrota a Cynthia Viteri y Susana González, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, que iban por la reelección a la Alcaldía de Guayaquil y a la Prefectura del Guayas, respectivamente.

Viteri y González, a través de un video y un comunicado, en su orden, felicitaron a los ganadores, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, de Revolución Ciudadana.

Para el exconsejero electoral Fausto Camacho, dirigente del colectivo Voces por la Democracia, es difícil encontrar candidatos que admitan que perdieron, y la mejor forma de justificarlo generalmente es decir: “Yo no perdí: me hicieron fraude”. Empero, y en esto coincide con Moscoso, unos pocos candidatos han aceptado su derrota.

“Cuando uno se inscribe debe estar dispuesto o tener presente que la posibilidad de perder está ahí; es algo consustancial la competencia electoral (...). Entonces, hay que aprender a ganar y a perder”, señala Camacho.

Además de los malos perdedores, Ron acota que dentro de las democracias inestables, como la de Ecuador, siempre habrá una acusación de fraude, pero porque existe una incongruencia para lo que significa la palabra fraude.

“Lamentablemente ha existido una dispersión de la palabra a efectos de su consonancia aquí en el Ecuador de lo que es un fraude, porque un fraude no es igual a una nulidad; un fraude no es igual a un reconteo; un fraude no es igual a una revisión, a una objeción, a un recurso. Entonces, a veces se lo asemeja en ese sentido”, explicó.

Por su parte, Camacho comenta que, para la mayoría de la gente, fraude significa “cambiar datos, cambiar cifras, y parecería ser que eso es lo que entiende el propio CNE”.

Desconfianza en las instituciones

Para Camacho, si bien se deben considerar los factores mencionados, también juega un rol importante la confianza hacia el ente electoral, al que hace una crítica por el manejo del reciente proceso de comicios.

“El actual proceso electoral es un proceso con demasiadas deficiencias. Se configuran las condiciones como para pensar que pudo haber un fraude o que el fraude es algo que está de manera presente”, manifiesta.

En ese sentido, entre sus cuestionamientos están que “no existió control de la propaganda electoral”; “no hay una garantía de transparencia de los procesos electorales, porque no hay transparencia en la conducta de la autoridad electoral”; “no hay control del uso del dinero en la política de manera general”.

Por su parte, Moscoso señala que la desconfianza viene por el lado del manejo político que se puede dar a las elecciones desde el órgano electoral.

Menciona como ejemplo que las autoridades electorales no tomen acciones cuando se evidencia campaña anticipada; que no controlen el gasto de campaña de un determinado partido político, aunque se contemplen en el Código de la Democracia.

“Ese tipo de cosas son las que ellos pueden maniobrar, y dicen: ‘No, no puedo controlar’. Y ahí sí juega la parte política; y eso hay en todas partes. Por eso, el que tiene el poder político sí tiene una ventaja”. (I)