Alrededor de $ 15 millones son las pérdidas que dicen tener los restaurantes del país en los fines de semana en que hay elecciones. Esto a causa de la restricción de consumir bebidas alcohólicas que se establece en el Código de la Democracia, lo que se conoce como ley seca.
El artículo 123 de esa normativa señala que “durante el día de las elecciones, 36 horas antes y 12 después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas”.
Esa disposición se propone cambiar a través de una reforma al Código de la Democracia presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, de las filas del movimiento oficialista ADN, el viernes 28 de noviembre del 2025, y que ya fue calificada el lunes 1 de diciembre por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
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De aprobarse, la norma quedaría así: “No se permitirá la venta, distribución ni consumo de bebidas alcohólicas durante las doce horas previas al inicio oficial de la jornada electoral y durante las seis horas posteriores al cierre de la jornada electoral. El incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a lo establecido en esta Ley y en las normas reglamentarias correspondientes”.
Diego Vivero, quien es vocero de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, explicó que el gremio viene empujando este tema desde hace ya varios años y destaca la iniciativa de Olsen, de quien dice que conoce de cerca al sector porque proviene de una familia que ha transitado por ese tipo de negocios.
“Esta norma tiene atrapado al país en un pasado de prejuicios e incluso de mojigatería; esto no puede costarle tanto a un sector formal, que cada vez es más profesional, como el gastronómico, restaurantero, de entretenimiento, y que a nivel mundial representa una importante oportunidad de competencia con otros países. El perder la libertad de vender todo el menú en una carta frente a los turistas nos quita oportunidades”, dijo Vivero.
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Los restaurantes, bares y gastropubs en sí mismos “no venden licores, vendemos un servicio que tiene un costo”, aclaró el dirigente, y que las restricciones afectan la imagen turística del país porque los visitantes “no pueden tomarse una cerveza o un vino con sus comidas, cuando es lo más normal en todo el mundo”.
Señaló que no están pidiendo que la prohibición desaparezca, sino no que se reduzca el tiempo de su vigencia.
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Si lo que preocupa a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) es que los ciudadanos acudan a las urnas en estado de embriaguez, esto puede controlarse en los recintos electorales, de la misma forma en que se controla que no tomen fotos a las papeletas marcadas.
Además, recordó que mucha gente adquiere bebidas alcohólicas días antes de la vigencia de la prohibición o las consigue en el mercado informal para consumirlas en sus casas.
Vivero señala que en el país hay entre 17.500 y 18.000 restaurantes formales y con registros turísticos, sin contar los bares, discotecas y gastropubs, en que hay mayor consumo de bebidas alcohólicas.
“Son 15 millones por los tres días, consideremos que son días importantes, los viernes y los sábados, que son días pico, y para muchos negocios son los únicos días que abren...”, calculó el dirigente.
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A esto se le suma que si bien los comicios suelen ser cada dos años, en los últimos han sido más frecuentes.
En la exposición de motivo del proyecto, Olsen expuso que la pérdida de este sector suma los $ 112 millones en cinco años. Y que por “cada millón de dólares que deja de consumirse en el canal formal se pierden $ 120.000 en recaudación fiscal”.
“Nuestro pedido es justo, somos muchos ecuatorianos los que dependemos de esta actividad”, refirió Vivero.
La Comisión de Desarrollo Económico será la que trate el proyecto de Olsen.
Esta disposición ya constaba en la Ley de Áreas Protegidas que envió el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, pero finalmente se quitó; también se intentó modificarla a través de la reforma al Código de la Democracia, pero tampoco se aprobó. (I)
