Dos candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional a la espera de conocer si continuarán en el concurso público

Dos candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional (CC) expusieron sus elementos de descargo frente a dos impugnaciones ciudadanas, en una audiencia pública virtual que desarrolló la Comisión Calificadora.

La diligencia se instaló a las 08:30 de este 10 de enero, en la que se sustanciaron las impugnaciones planteadas en contra de los candidatos de la función de Transparencia y Control Social, Jorge Sosa, y de Bárbara Terán Picconi, de la función Ejecutiva.

A Sosa lo impugnó la ciudadana Natalia Roca, quien alegó que él no informó a la comisión que fue candidato a asambleísta del Guayas en el 2017 por el partido Fuerza Ecuador (FE), liderado por el expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz.

La representó su abogada Vivian Idrobo, quien reprochó que Sosa tiene “evidentes nexos políticos” al haber sido candidato a legislador y que eso debió haber sido notificado a la comisión.

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También refirió que Sosa, antes de haber sido postulado había cancelado pensiones alimenticias adeudadas.

Sosa, en su defensa, aseguró que no existe falta de probidad e idoneidad por haber sido candidato, y que no lo mencionó en su hoja de vida porque la obligación en este tipo de documentos es la de referir el ejercicio en los cargos públicos que sí se han ocupado. Él no fue electo para esa dignidad de elección popular.

Indicó también que presentó los certificados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de apoliticismo, que certifican que no es integrante de una organización política; sin embargo, no pudo presentar el documento en que se acreditaría que no fue parte de la dirección política de Fuerza Ecuador, porque el CNE no le entregó este a tiempo.

Por ello, presentó un certificado emitido desde el partido político que señala que no fue directivo.

Respecto del pago de pensiones alimenticias, aclaró que desde el 2017 no se han generado pagos porque su hijo está bajo su cuidado. “Esta impugnación ha servido para desprestigiarme”, enfatizó Sosa.

La siguiente audiencia fue para escuchar los descargos de la postulante Bárbara Terán Picconi, impugnada por la abogada Rocío Delgado.

Delgado la cuestionó por falta de probidad e idoneidad para ser jueza constitucional porque supuestamente no habría actuado con diligencia en un proceso legal entre particulares.

Terán se mostró indignada por esta impugnación a la que calificó de “deleznable” y que, en esencia, se planteó por una “vendetta”, porque la impugnante había perdido unos siete juicios en los que las dos actuaron como defensoras de las partes.

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Delgado aseguró que su impugnación es “verdadera” y que no se trataba de una vendetta; mientras que Terán insistió: “Es mentira lo que se dice, son puros inventos, esto es una vendetta por todos los procesos en los que Delgado ha perdido y esta es su última forma de vengarse contra mí”.

La presidenta de la Comisión Calificadora, Vanessa Aguirre, anunció al final de las audiencias que los comisionados evaluarán las pruebas de cargo y descargo y de ello se desprenderá si las aceptan o no.

Si una de estas objeciones es aceptada, los candidatos serán descalificados del concurso. De lo contrario, continuarán participando.

Concluida esta fase del concurso de selección, la comisión anunciará las calificaciones obtenidas por los ocho concursantes a ser jueces postulados por tres funciones del Estado.

Por la Presidencia de la República están Richard Omar Ortiz Ortiz, Bárbara Brenda Terán Picconi y Jhoel Martín Escudero Soliz.

Por la Asamblea Nacional concursan Ximena Alejandra Cárdenas Reyes y Luis Fernando Sarango Macas. También estaba Salim Zaidán Albuja, pero renunció a su postulación el pasado 29 de diciembre.

Finalmente, por la Función de Transparencia participan Ana Carolina Donoso Bustamante, Carlos Gerardo Vásquez Morales y Jorge Washington Sosa Meza.

La última etapa será la rendición de un examen escrito y un examen oral para evaluar sus conocimientos y cómo actúan en la exposición de un caso.

Se prevé que en las primeras semanas de febrero estén electos los tres nueve jueces; a la vez que la Corte Constitucional en funciones deberá realizar el sorteo público para definir quiénes serán aquellos magistrados que concluirán sus funciones. (I)