Al menos dos investigaciones previas por el delito de peculado y una por tráfico de influencias es lo que en el ámbito penal dejan los hechos que se analizan dentro del juicio político que se lleva adelante en la Asamblea Nacional contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, por un presunto peculado ocurrido en un contrato suscrito en 2018, con una adenda en 2020, entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tanker.

Este martes 16 de mayo, el presidente Guillermo Lasso asistirá al pleno del Legislativo para entregar sus argumentos de descargo frente a las acusaciones en el ámbito político que se le hacen por supuestamente haber participado en el cometimiento del delito de peculado.

Al momento las tres causas se manejan de forma reservada, pues se mantienen en fase preprocesal de investigación previa. Se harían públicas una vez que pase la Fiscalía a formular cargos por el delito que crea debe ser procesado penalmente.

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Quito. 14/04/2023. La exgerenta de Flopec Pilar Ferri junto con su abogado, José Luis Guerrero, salen de la Fiscalía General luego de ampliar su versión dentro de la investigación previa por el delito de peculado. Santiago Molina/El Universo. Foto: El Universo

Investigación previa por peculado

Dentro del primer caso por peculado, el 14 de abril pasado, cerca de dos horas le tomó a Pilar Ferri, exgerenta de Flopec EP, rendir su ampliación de versión dentro de una investigación previa abierta en Fiscalía. Ferri, el 17 de septiembre de 2021, presentó una denuncia en contra de Jaime Condoy Blacio, gerente de la Flota Petrolera durante el gobierno de Lenín Moreno, por presuntas irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo, entre ellos, con Amazonas Tanker.

Además de Ferri, Condoy Blacio ha sido otro de los convocados a rendir una versión libre y voluntaria en ese caso, así como también el exgerente de Flopec Jhonny Estupiñán, quien ha sido mencionado en estos últimos meses a propósito del juicio político contra Lasso. De Estupiñán se ha dicho que en marzo de 2022 envió una carta al presidente de la República en la que advirtió sobre anomalías en los contratos de transporte de petróleo y arremetió contra Hernán Luque, entonces presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

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Asambleísta Mireya Pazmiño acude a rendir versión en investigación previa por tráfico de influencias; asegura que es falso lo dicho por exsecretaria

Ferri en su versión se habría ratificado en hechos que revelarían un posible peculado en Flopec, el cual estaría relacionado con un contrato con el pool internacional Amazonas Tanker, para transporte de crudo. Según la denunciante, en este caso existieron buques que fueron contratados con costos elevados para el Estado y el acuerdo con Amazonas Tanker que no era favorable para los intereses de Flopec, sino más bien era un contrato lesivo. La exfuncionaria pública dice no conocer de primera mano a cuánto ascendería el perjuicio, pues, anota, eso debería estar en manos de la parte financiera.

“Todo eso ha pasado por una auditoría externa. En el caso de 2020 lo hizo Deloitte and Touche y ese informe ya es público. Por eso pasó los datos ya corregidos de una supuesta utilidad de $ 55 millones a una pérdida de $ 13 millones”, aclaró Ferri, al tiempo de decir que está dispuesta a colaborar cuando sea llamada por la Fiscalía.

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QUITO (02-05-2023).- Andrea Poveda (d), exsecretaria relatora de la comisión de Régimen Económico, rindió versión en la Fiscalía General. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Investigación por tráfico de influencias

El 27 de abril pasado se abrió la fase preprocesal de investigación previa por el delito de tráfico de influencias. Dos días antes, el legislador independiente Fernando Villavicencio pidió a la Fiscalía que inicie una investigación contra la asambleísta del ala rebelde del movimiento indígena Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño; Mario Naranjo Borja, el exasesor legislativo de Pazmiño; el hermano Wilson Naranjo Borja; Galo Garzón Játiva y Jaime Condoy Blacio.

Dentro de esta causa, el 2 de mayo pasado, Andrea Poveda Camacho, exsecretaria relatora de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía. Ella fue de las primeras personas en ser convocadas para hablar y responder preguntas sobre un posible tráfico de influencias que se habría cometido en la elaboración y aprobación de un informe sobre la situación Flopec, realizado en la Comisión de Régimen Económico, la cual está presidida por Mireya Pazmiño.

La exsecretaria de la comisión liderada por Pazmiño fue llamada a versionar días después de que confirmó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del proceso de juicio político contra el primer mandatario ecuatoriano, que los asesores de la Comisión de Régimen Económico no elaboraron el “informe no vinculante sobre la situación actual de Flopec EP, sino que fue remitido por parte de Mario Naranjo mediante el correo institucional Zimbra”.

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“Ya he entregado mi declaración, lo he manifestado también en la Comisión de Fiscalización en abril pasado, así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe como secretaria de la Comisión de Régimen Económico”, indicó Andrea Poveda Camacho, quien laboró en la Asamblea desde junio de 2021 hasta febrero de 2023.

Pazmiño sostiene que es falso lo dicho por la exsecretaria relatora y para demostrar esa afirmación dijo que entregó durante su versión en la Fiscalía la documentación recibida de Poveda Camacho y el informe borrador elaborado por los técnicos de la Comisión. La legisladora aseguró que la elaboración del informe cuestionado demoró al menos dos meses, desde las comparecencias y todo el trámite que se ha dado a este proceso de fiscalización.

Villavicencio, por su parte, ha insistido en que existen los elementos suficientes para sostener que el informe en cuestión fue redactado por personas vinculadas a la empresa Amazonas Tanker.

“Lo que está haciendo la legisladora Pazmiño es lavándoles la cara a sus amigos de la multinacional Amazonas Tanker, que está vinculada a la mafia petrolera de Petrochina. El señor Wilson Naranjo, que es hermano de su asesor (Mario Naranjo), está procesado penalmente, es el socio y testaferro de Antonio Peré, manejaron $ 45 millones en sobornos y están procesados por la Corte de Estados Unidos y acaba la fiscal Diana Salazar, con esa información de la cooperación internacional, de procesar a Nilsen Arias, Galo Garzón y a Wilson Naranjo Borja, hermano de Mario Naranjo, funcionario que entregó el informe del caso Flopec a la Comisión”, explicó Villavicencio.

QUITO (09-05-2023).- La asambleísta Mireya Pazmiño acudió a la Fiscalía General para el reconocimiento de la denuncia por peculado en contra del presidente Guillermo Lasso. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Investigación por peculado

Un día después de que el asambleísta Fernando Villavicencio presentó su denuncia para que se investigue a la legisladora Mireya Pazmiño y otros, ante una posible falsificación y uso de documento falso y tráfico de influencias, la asambleísta separada del bloque de PK presentó, el 26 de abril último, una denuncia de tipo penal contra el presidente Guillermo Lasso, por el delito de peculado.

Pazmiño y tres asambleístas más son parte del grupo de legisladores que interpelan al presidente de la República dentro del juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional por el supuesto delito de peculado.

Pazmiño, el 9 de mayo pasado, llegó a la Fiscalía para reconocer su firma y rúbrica dentro de la denuncia contra el mandatario ecuatoriano por el delito de peculado y además rindió su versión. A decir de la legisladora, aunque se diga que no existen elementos del cometimiento del peculado, ella insiste en que existiría el dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que ya se motivó el delito de peculado, respecto al cual al momento se persigue la responsabilidad política en la Asamblea.

“La Fiscalía tendrá que hacer todas las investigaciones pertinentes y con todo lo que se está solicitando. Y no solo que se revise al señor Guillermo Lasso por el delito de peculado, sino también está para Hernán Luque Lecaro, para Danilo Carrera, para Iván Fernando Correa, Óscar Panchi Zambrano y otros. Sabemos que la Fiscalía va a actuar con rectitud y de manera urgente, porque esto es de interés de todo el país”, señaló Pazmiño.

Exgerenta de Flopec y denunciante de hechos de corrupción amplía su versión en investigación previa por el delito de peculado

Entre los elementos de prueba entregados junto a la denuncia estarían el contrato con Amazonas Tanker, el dictamen de la Contraloría General del Estado, las comparecencias de las autoridades ante la Comisión de Fiscalización.

Washington Andrade, abogado de Pazmiño, aseguró que la denuncia recoge partes del dictamen de admisibilidad de la CC, recoge notas de medios digitales donde se hicieron públicas las grabaciones sobre la trama de corrupción. Además, dijo, hay otros elementos como un memorando con el borrador de un informe con indicios de responsabilidades penales de la Contraloría.

“Hemos pedido que se investigue para que se determine por qué ese borrador no progresó. Quién o quiénes son los funcionarios que dieron la orden para que este informe no progrese y no llegue a la Fiscalía. Adicionalmente se solicita asistencia penal internacional a Panamá y Estados Unidos para que se haga el seguimiento de la empresa Amazonas Tanker y de estas declaraciones que recoge el dictamen de la CC donde se determina que hay falsas declaraciones respecto de los valores percibidos por esta empresa como utilidad. Uno de los que están inmersos en esta trama de corrupción determina que hay una declaración de verdaderos ingresos de $ 40 millones, cuando la declaración aquí en Ecuador es de $ 21 millones. Eso no lo decimos nosotros, consta en el dictamen de admisibilidad de la CC”, señaló Andrade. (I)