Los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, y otras 16 personas más conocerán este 27 de enero si son o no llamados a juicio por el delito de peculado. Todos son acusados por Fiscalía de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India.

La reinstalación se dará a tres días de cumplirse seis meses de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, suspendió la audiencia preparatoria de juicio para ingresar en un periodo de deliberación y analizar todo lo dicho por los sujetos procesales en cinco días de diligencia. La audiencia de este viernes está convocada para las 08:30 en la Corte Nacional.

Rivera lo que hará en la reinstalación es dar a conocer de forma oral si accede al pedido hecho por la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría, como acusadora particular en el caso, que se llame a juicio a los 18 procesados o da paso a la solicitud hecha por las defensas de los acusados para que se emita un sobreseimiento para todos, pues se asegura son inocentes de los cargos imputados.

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Por peculado son procesados los dos exministros del correísmo; Juan Cortéz, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exdirector Ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres.

La investigación de Fiscalía comprendió hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de siete helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C.A.. El proceso se formalizó mediante el contrato suscrito el 5 de agosto de 2008.

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Durante la audiencia, la fiscal Salazar explicó que los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Aseguró que ellos arbitrariamente, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirió los helicópteros Dhruv.

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Este hecho, a decir de la Fiscalía, causó un perjuicio al Estado ecuatoriano por $ 66.4 millones. A ese monto se habría llegado, dijo Salazar, conforme una experticia contable de costos en inversión estatal en la operatividad y funcionamiento de los helicópteros adjudicados. (I)