Dos postulantes a ocupar el sillón de la Procuraduría del Estado son cuestionados por presunta falta de probidad

Juan Izquierdo Intriago y Yolanda Salgado Guerrón, dos de los tres candidatos que postuló el presidente de la República, Guillermo Lasso, para participar en la selección del titular de la Procuraduría General del Estado, deberán defenderse de dos impugnaciones ciudadanas presentadas en su contra por presunta falta de probidad e idoneidad para ocupar el cargo.

Este 12 de octubre, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acogió dos impugnaciones ciudadanas presentadas en contra de Juan Izquierdo Intriago y Yolanda Salgado Guerrón, primero y segunda de la terna, respectivamente.

Los consejeros resolvieron en su pleno convocar para este jueves 13 de octubre a las 12:00 a la instalación de las audiencias públicas, en las que deberán presentar sus pruebas de descargo frente a estas impugnaciones por supuestas actuaciones irregulares en su desempeño en la función pública.

Sobre el tercero de la terna, Juan Carlos Larrea Valencia, no se presentaron objeciones y es el único que está calificado a participar.

Terna para elegir al procurador del Estado superó la revisión de requisitos y se abre la fase de impugnación ciudadana

A Juan Manuel Izquierdo lo objetó Sohar Romero Crespo, un abogado en libre ejercicio, quien argumentó que el candidato, pese a ser funcionario de la Procuraduría durante la administración del extitular Diego García, habría defendido a una transnacional holandesa Saphias Golding en el 2012, en un proceso judicial que se tramitó en las cortes del Guayas, debido a una supuesta “apropiación de dos cupos de operación turística en Galápagos, siendo una actividad prohibida”.

El impugnante agregó que Izquierdo habría supuestamente participado “en el despojo judicial de dos yates construidos por una empresa nacional, situación que provocó un conflicto jurídico de años de duración y que afectó la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) por la construcción de yates. El mencionado abogado defendió a dicha transnacional holandesa y llegó a alegar incluso el hecho de que no procedía pagar el IVA, situación que atenta en contra de los intereses del Estado y afectó las operaciones de una empresa nacional”.

La queja había llegado a la Procuraduría y un exdirector regional habría respondido que se trataba de “una simple controversia privada, sin darse cuenta de que en el ámbito de sus funciones está el control de los abogados que laboran para dicha dependencia”.

En el caso de Yolanda Salgado Guerrón, su impugnante es María Belén Delgado Barahona.

Ella la acusa porque durante su cargo como coordinadora nacional jurídica del Ministerio de Gobierno en el año 2019 y durante el gobierno del exmandatario Lenín Moreno habría, presuntamente, tenido conocimiento de la “entrega de aproximadamente $ 300.000 en gases lacrimógenos y proyectiles de la Policía ecuatoriana al Ministerio de Defensa de Bolivia, sin contraprestación alguna a la fecha”.

En su escrito que reposa en el Consejo de Participación Ciudadana recordó que Salgado fungía como “coordinadora general jurídica del Ministerio del Interior (Gobierno en ese entonces), lo que evidencia que tuvo conocimiento de lo que su máxima autoridad, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, materializaba de forma ilegal en conjunto con el expresidente de la República, en apoyo a la opresión sufrida por el pueblo boliviano”.

A criterio de Delgado, la candidata Salgado “carece de probidad e idoneidad manifiestas, toda vez que en razón del espacio que ocupaba tuvo conocimiento de los hechos aludidos, lo que a su vez la ubica en medio de la trama de un presunto delito de peculado al igual de los que de la administración de justicia determine como infracciones conexas”.

Una comisión técnica, integrada por funcionarios del CPCCS, analizó estas impugnaciones y recomendó al pleno del CPCCS que las acoja porque cumplían los requisitos formales.

Presidente Guillermo Lasso propuso dos candidatos para la designación del procurador del Estado que incumplirían requisitos

En ese ejercicio, con el voto de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, se acogieron. El consejero David Rosero se abstuvo y Sofía Almeida y Javier Dávalos no participaron de esta plenaria.

La audiencia para la presentación de pruebas de cargo y descargo se realizará al mediodía de este jueves 13 de octubre de manera presencial y virtual.

Luego de estas diligencias, el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado en su artículo 22 dispone un término de tres días para que el pleno resuelva si acepta o no estos cuestionamientos.

Si son aceptados, los postulantes serán descalificados y no podrán continuar en el proceso; de lo contrario, se archivarán.

El artículo 23 de esa normativa determina que si “todos” los integrantes de la terna son descalificados por efecto de las impugnaciones, se requerirá una nueva lista al presidente de la República.

En ese sentido, si Izquierdo y Salgado son descalificados, solo quedará en el proceso de designación Juan Manuel Larrea Valencia, quien antes de ser designado para esa función debe presentarse en una audiencia ante el pleno y exponer un plan de trabajo que implementaría para la Procuraduría si llegara a ser electo.

Según sus hojas de vida, Juan Izquierdo Intriago es abogado por la Universidad de Guayaquil y magíster en Derecho Constitucional.

Como funcionario de la Procuraduría se ha desempeñado como director regional, subdirector regional de Patrocinio, entre otros cargos. También fue asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de la mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales.

Laboró en el Ministerio del Trabajo y fue secretario del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

La segunda candidata de la terna, Yolanda Salgado Guerrón, ha sido coordinadora jurídica del Ministerio de Gobierno en el 2020 y también coordinadora jurídica del Ministerio de Patrimonio y Cultura en el 2017, cuando el excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz fue ministro del ramo.

Juan Carlos Larrea Valencia es el tercero de la lista y fue parte del Comité de Expertos que participó en la valoración de méritos de los participantes del concurso en el que se renovó de forma parcial a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el 2017, cuando Gustavo Jalkh, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, fue presidente del Consejo de la Judicatura.

Larrea es abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; laboró en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el 2000 y también fue asesor ministerial en ese entonces; fue gerente de la empresa Holcim y según su hoja de vida, fue asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2009 durante la administración de Correa. Es catedrático en materia tributaria, en la que se ha especializado. (I)