Siete delitos relacionados con corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado son parte del catálogo de delitos penales que deberán conocer los jueces de las recién creadas Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado.

A finales de noviembre pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió la creación, luego que la tarea de implementar salas, tribunales y jueces especializados en corrupción y crimen organizado fue dispuesta como parte de un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 345 del 8 de diciembre de 2020.

Desde enero pasado, el CJ empezó a analizar el tema mediante reuniones con personal de la Fiscalía, con delegados de la Corte Nacional y de organismos internacionales como PACTO, Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, de quienes obtuvieron sugerencias de magistrados de países como Italia, España, Costa Rica y Perú, en los que ya hay estas instancias.

Asamblea aprueba la creación de unidades especializadas en lucha contra la corrupción, en reformas al Código Orgánico de la Función Judicial

El vocal del CJ, Juan José Morillo, recordó que la creación de esta unidad, tribunales y jueces especializados fue un planteamiento del actual CJ al Legislativo y nacería de la necesidad de dar mayores herramientas para combatir al crimen organizado y dar lucha contra la corrupción con unidades especializadas que tengan competencia a nivel nacional.

Morillo explicó que la Unidad y el Tribunal con que se arrancará el proyecto tendrán su sede en Quito, pues se proyecta que sus jueces tengan competencia en todo el país. Por ejemplo, dijo, si hay un caso en zonas de frontera que tenga relación con corrupción o crimen organizado el proceso vendrá a Quito a ser conocido por jueces que tendrían todas las seguridades y la independencia del caso.

Por un tema de seguridad no se da a conocer el lugar donde físicamente funcionará esta unidad judicial especializada, pero se informó desde el CJ que ya se cuenta con la edificación, el mobiliario y en lo que se trabajaría es el tema tecnológico, pues se proyecta que esta unidad sea 100 % digital, en la que no se tramitarán documentos físicos, sino únicamente despachos de manera digital.

Una vez que el Ejecutivo asigne los recursos necesarios para el concurso, la implementación física de la sede y la habilitación tecnológica, el Consejo de la Judicatura arrancaría con el concurso de méritos y oposición para escoger a los diez nuevos jueces, pues, indicó el vocal, no se hará ningún proceso de optimización del personal dentro de la Función Judicial, sino que todos serán funcionarios nuevos.

El proyecto arrancará con cuatro jueces de Garantías Penales de primer nivel, con tres jueces para un Tribunal de Juicio y tres jueces para conformar un Tribunal en la Corte Provincial de Pichincha. No se contará con jueces nuevos en la CNJ, pues serán los mismos jueces nacionales de la Sala Penal quienes ya entre sus competencias tienen el conocer los casos por corrupción y crimen organizado.

El CJ maneja un presupuesto referencial inicial, que podría variar, de $ 1,1 millones: $ 350.000 para el concurso público y su implementación; aproximadamente $ 600.000 para un año de remuneraciones de los diez jueces, sus secretarios, ayudantes judiciales, notificadores, técnicos de ventanilla, para la cámara de Gessell, gestores de archivo, etcétera; y un aproximado de $ 150.000 para invertir en tecnología.

Criterios frente a la propuesta

El vocal Morillo calificó de una deuda con el país el que no se hayan creado unidades, tribunales y jueces especializados en materias de corrupción y crimen organizado. Reconoció que existió un primer intento en 2018, pero dos resoluciones no pudieron ser aplicables en ese entonces porque no había norma legal que permita la creación de estas instancias. Ese marco lo dio la reforma del 2020.

Ramón Sáenz, magistrado de la Audiencia General de Madrid, España, e invitado por el CJ a las jornadas para analizar la creación de estas áreas especializadas, aseguró que el Estado de derecho necesita de órganos especializados para enfrentar un crimen organizado que no solo atenta contra la sociedad, sino también puede atacar de muchas maneras a la Función Judicial.

Para él, la creación de un órgano especializado tiene grandes ventajas, entre ellas, el ahorro de recursos, un mejor aprovechamiento del aprendizaje y capacitación del personal al que se lo especializará para la investigación y persecución de delitos que trascienden fronteras, formas de criminalidad como la ciberdelincuencia, el blanqueo de capitales, la universalidad de los mercados financieros.

Consejo de la Judicatura analiza criterios para implementar dependencias judiciales especializadas contra la corrupción y crimen organizado en Ecuador

El penalista Stalin Raza cree que la inclusión de estas judicaturas especializadas no cambiará nada de fondo en la administración de justicia. El jurista no solo cree que con la conformación que se plantea se rompe la capacidad de ser juzgados a través de un sorteo, que es la medida con la que se distribuye la competencia, sino que también empeoraría el panorama en términos de derechos a la defensa y de imparcialidad de los jueces.

Raza afirmó que lo mejor es capacitar a los jueces, hacerlos mucho más competentes desde el punto de vista de que conozcan las materias sobre las que está decidiendo, a la par de que se los debe controlar para que no incurran en actos de corrupción. “Lamentablemente por donde se vea existen riesgos potenciales de corrupción, ¿para casos de esos debemos crear judicaturas especializadas? Si es así, vamos a terminar desquiciando el sistema”.

La selección de nuevos jueces

El Consejo de la Judicatura prevé que el concurso para designar a los nuevos jueces de estas dependencias demorará cuatro meses y será muy riguroso no solo en términos de la selección, sino también de quienes sean parte de las comisiones calificadoras. Se estudia la posibilidad de pedir colaboración a organismos internacionales para integrar las comisiones de evaluación.

El perfil que buscaría el CJ para los futuros jueces de esta unidad judicial estaría marcado por la especialidad, es decir que los postulantes y futuros funcionarios tengan una experiencia específica en la materia penal y el manejo de temas relacionados con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Vamos a ser muy rigurosos por el nivel de complejidad de casos delicados que van a tratar estos jueces. Deben someterse, y eso será parte de los procesos, a temas de análisis patrimonial, análisis toxicológicos y otras pruebas psicológicas que van a estar dentro de la prueba. Tendrán que someterse, porque un juez debe entrar a esta materia sin ninguna tacha”, apuntó Morillo, quien además mencionó que se analizaría la posibilidad de incluir pruebas de confianza, estudio de las circunstancias económicas, financieras y hasta sociales del entorno de cada uno de los jueces.

El siguiente paso en que se trabajaría es el reglamento o el instructivo para el concurso de méritos, impugnación ciudadana y control social para la selección de estos jueces. Morillo cree que una vez que se reúnan con el Ejecutivo y consigan los recursos, inmediatamente se lanzarían la convocatoria y se empezarían las fases del proceso de concurso.

Pese a que ya el CJ tiene un protocolo de seguridad para jueces, se trabajaría en la actualización del protocolo de seguridad para jueces en el que se incluya una protección especial al equipo jurisdiccional de esta unidad judicial. Ya se estaría coordinando con la Policía Nacional para que la edificación en donde funcionará tenga las protecciones del caso y un protocolo específico de seguridad.

“Deberíamos asignar seguridad especial para los jueces que van a trabajar en esta unidad especializada. Vamos a tener una seguridad especial para este equipo jurisdiccional que estamos implementando”, concluyó Morillo.

37 delitos relacionados con crimen organizado

Genocidio (artículo 79), etnocidio (artículo 80), exterminio (artículo 81), esclavitud (artículo 82), deportación o traslado forzoso de población (artículo 83), desaparición forzada (artículo 84), ejecución extrajudicial (artículo 8), persecución (artículo 86), apartheid (artículo 87), delitos de lesa humanidad (artículo 89), trata de personas (artículo 91), tráfico de órganos (artículo 96), turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos (artículo 99), explotación sexual de personas (artículo 100), prostitución forzada (artículo 101), turismo sexual (artículo 102), pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes (artículo 103), comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes (artículo 104), sicariato (artículo 143), secuestro (artículo 161), secuestro extorsivo (artículo 162), extorsión (artículo 185), tráfico ilícito de migrantes (artículo 213), producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (artículo 219), tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (alta escala) (artículo 220, numeral 1, literal c), tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (gran escala) (artículo 220, numeral 1, literal d), organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (artículo 221), actividad ilícita de recursos mineros (artículo 260), almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial (artículo 265), sustracción de hidrocarburos (artículo 266), lavado de activos (artículo 317), espionaje (artículo 354), tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas (artículo 362), terrorismo (artículo 366), financiación del terrorismo (artículo 367), delincuencia organizada (artículo 369) y estafa (artículo 186 incisos 2.º y 3.º). (I)