En el marco de la reciente visita del presidente Guillermo Lasso a su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, el 24 de noviembre, ambos jefes de Estado acordaron impulsar la reactivación del Comité México-Ecuador de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, aunque no se han brindado más detalles todavía.

Esta iniciativa conjunta surgió entre las conversaciones que mantuvieron en cuanto a los retos de la seguridad a nivel regional y de manera particular en sus países.

Para este Comité, tanto Lasso como López Obrador reiteraron su compromiso de compartir información e intercambio de experiencias en el combate al crimen organizado y en las políticas implementadas para la búsqueda de la paz en cada nación.

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Según la página del Gobierno de México de tratados internacionales, este Comité es parte de un acuerdo de once artículos aún vigente, suscrito en 1990 y promulgado en 1993, que determinó que se integre un Comité de Cooperación entre la Procuraduría General de la República de México y el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Ecuador.

Se menciona que surgió ante la necesidad de proteger la vida y la salud de los países, de los graves efectos del narcotráfico y la farmacodependencia, bajo cuatro grandes rubros: prevención y reducción de la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, control y oferta, supresión del tráfico ilícito, tratamiento y rehabilitación.

Se establece también que las partes cumplirán sus obligaciones conforme a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados.

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México mantiene los mismos tipos de acuerdos y comités con otros países de la región como Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y El Salvador.

En tanto, la iniciativa de ambos Gobiernos se da en momentos en que Ecuador enfrenta un aumento de incautaciones de droga y una escalada de la violencia criminal relacionada a bandas y al narcotráfico. Según investigaciones se ha determinado la presencia de bandas albanesas y de varios cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según un estudio del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO).

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Ante esta situación, el Gobierno mantiene en estado de excepción y toque de queda de 01:00 a 05:00 a las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas.

¿En qué consiste este comité binacional?

Según el acuerdo, el Comité tendrá como función principal la de formular, por consenso de las autoridades coordinadoras de ambas partes, recomendaciones a sus Gobiernos respecto a la manera más eficaz en que puedan prestarse cooperación para dar pleno efecto a las obligaciones asumidas.

En el ámbito de cooperación, el documento establece que podrán implementar en cada uno de los países las siguientes acciones:

  1. Reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, mediante actividades de prevención, tratamiento y conciencia pública.
  2. Erradicar los cultivos ilícitos de estupefacientes y, en su caso, establecer programas de sustitución para el desarrollo de cultivos lícitos.
  3. Realizar actividades tendientes a frenar y perseguir el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico y la farmacodependencia.
  4. Identificar y destruir laboratorios y demás instalaciones, en donde se proceda a la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
  5. Reglamentar la producción, la importación, la exportación, el almacenamiento, la distribución y la venta de insumos, productos químicos, solventes y demás precursores químicos, cuya utilización se desvía a la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
  6. Establecer sistemas de intercambio de información en materia de combate al narcotráfico y a la farmacodependencia, con absoluto respeto a la competencia de las autoridades nacionales.
  7. Fortalecer las acciones de combate al narcotráfico y a la farmacodependencia, mediante la asignación y aplicación de mayores recursos humanos, financieros y materiales, considerando las posibilidades presupuestarias de cada una de las partes.
  8. Elaborar nuevos instrumentos legales que las partes consideren convenientes para combatir, con mayor eficacia, el narcotráfico y la farmacodependencia.
  9. En general, todas aquellas actividades que se consideren pertinentes para alcanzar una mejor cooperación entre las partes.