Como un veto parcial “casi total” calificó Leonardo Laso, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, a la objeción que el Ejecutivo realizó al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio, en la presentación de la objeción con los medios de comunicación.

Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, explicó que se trata de un veto mixto: por inconstitucionalidad y por inconveniencia; es decir, parcial. Indicó que de las 69 disposiciones que tiene el proyecto, objetaron 17 por inconstitucionalidad y 34 por inconveniencia.

El funcionario manifestó que el proceso que sigue es que primero sea la Corte Constitucional (CC) la que conozca las observaciones y que luego de que esta se pronuncie, la Asamblea Nacional puede tratar su parte.

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“La Corte tendrá la oportunidad de pronunciarse nuevamente... y con ello zanjar para siempre el debate sobre la censura”, apuntó.

En cuanto a las objeciones por inconstitucionalidad, Pozo manifestó que las más importantes están relacionadas con la protección de la opinión, el derecho a la verdad, el obligar a medios a contar con defensor de audiencias, la tergiversación del concepto de censura previa y la disminución de frecuencias.

En la parte de objeción parcial por inconveniencia, resaltó, resumió que se agregaron mecanismos de protección a periodistas, obligaciones del Estado y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que estén reconocidos dentro de la norma.

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Además de incentivos para la autorregulación, no solo medios para comunitarios y destacando que sea siempre voluntaria y nunca impuesta y el retiro de ciertas referencias sobre la imposición y prohibición de contenidos y aclaración de conceptos.

Los dos funcionarios aseguraron que confían en que el texto del veto sea el que prevalezca y reiteraron que el compromiso del presidente Guillermo Lasso es dejar una Ley de Comunicación óptima es algo que está previsto desde su primera campaña electoral.

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Sobre la necesidad de los votos de la asambleístas para sacar adelante el veto, el asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, donde se debe tratar la norma, explicó que confían en que quienes votaron por el informe de mayoría, en su momento, voten a favor del veto parcial mixto del Ejecutivo.

Resaltó que, pese a que primero deben esperar el pronunciamiento de la CC, el diálogo con las bancadas lo empezará desde ahora para conseguir los votos necesarios antes de su tratamiento en el pleno de la Asamblea.

Por su parte, Pozo destacó que decidieron que el veto no sea total debido a que esto solo alargaría la oportunidad para que a futuro se vuelva a traer a debate una ley mordaza.

“Con el veto total congelas el texto por un año y en un año debes discutir si este prevalece o no, no hay opción a un texto intermedio o alternativo... eso me parecía altamente riesgoso y no es consuelo decir en un año que se aprobó”, subrayó.

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Lasso enfatizó que una vez que las 17 objeciones por inconstitucionalidad sean acogidas por la CC, ya se podrá considerar una victoria gigantesca.

“Aunque en la Asamblea no se ganen muchas de las reformas del veto, son menos relevantes, las gruesas, derechos, censura, control, todo eso no va a ir porque la Corte lo va a frenar y para siempre”, manifestó.

De parte de los gremios y medios de comunicación, Kléver Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), reiteró que el pedido al Gobierno era el del veto total al proyecto, pero aseguró que ven favorable el que se hayan hecho las 17 observaciones que irán a la CC.

No obstante, manifestó que seguirá vigente la preocupación de que en la Asamblea no se logren los votos suficientes y ocurra como con la Ley del uso de la fuerza, de que la Asamblea solo tomó una objeción y se allanó en el texto original. (I)