El día que asumió como presidente de Ecuador, Guillermo Lasso firmó el decreto número cuatro: Las normas de comportamiento ético gubernamental, conocido como Código de Ética, al que deberán regirse los funcionarios de alto rango del Ejecutivo, incluyendo los treinta ministros, secretarios y consejeros ad honorem, los más cercanos al mandatario.

Sus 28 artículos recogen normativas nacionales e internacionales contra la corrupción y en su último considerando se destaca que, en los últimos años, Ecuador ha atravesado una grave crisis ética en el manejo de asuntos públicos, con efectos devastadores en la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

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¿Hasta qué punto estas normas podrán evitar actos de corrupción? Analistas consultados por este Diario aseguraron que ha sido un buen primer paso del presidente, especialmente porque tiende a evitar el nepotismo y el tráfico de influencias, y promueve la transparencia. Pero destacaron que, más allá de las normas, las actuaciones de un funcionario responden a una ética personal y a una probidad notoria.

Es una buena señal, aunque el problema de la corrupción radica en la tolerancia y en la impunidad, por ello los funcionarios públicos deben tener probidad notoria”, aseguró Zobeida Aragundi, abogada miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Guayas.

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Recordó que, de acuerdo con el índice de Transparencia Internacional, Ecuador obtuvo una puntuación de 39, por debajo del promedio del continente, que es 43, entre 180 países ranqueados.

El excanciller Benjamín Ortiz consideró un “cortar por lo sano” la sección del Código relacionada con vínculos familiares y conflictos de interés, así como las limitaciones al nepotismo en la contratación. Ha habido gobiernos que aceptaron parientes en la función pública y en los últimos años esto se volvió una “auténtica corruptela”, añadió.

Estas normas evitan una política de clan, en la que priman los vínculos de sangre en la gestión de lo público”, señaló la politóloga Sofía Cordero, para quien Lasso ha apostado por gente nueva, que por lo menos da el valor de la duda. La ética personal debe primar en los funcionarios que vienen del sector privado para evitar que saquen provecho de información privilegiada, añadió Ortiz. Aragundi insistió en que las declaraciones patrimoniales juramentadas deberían abarcar los contratos importantes que el futuro funcionario o su empresa mantengan con el Estado.

Precisamente por estas normas es que el nombramiento como ministro de Energía de Roberto Salas Guzmán, quien había asumido la vicepresidencia del Grupo Nobis a inicios de este año, no pudo concretarse. Futuros conflictos de intereses provocaron que él fuera reemplazado.

Otra norma que aplaudieron los entrevistados es la información sobre los viajes de los aviones presidenciales. Al igual que el involucramiento de los familiares, esto se ha vuelto un mito, dijo Cordero.

No obstante, la transparencia de la agenda de los funcionarios públicos podría traer problemas, advirtió Ortiz al indicar que “en política hay ciertas cosas que hay que manejar con discreción antes de que se vuelvan públicas”. En cambio, Cordero se preguntó: “¿Qué beneficio me da como ciudadano conocer esa agenda? La práctica de un funcionario va más allá de una agenda”.

La politóloga consideró que si bien el Código de Ética es un mensaje importante, al mismo tiempo es “una soga al cuello: Es una línea que marca el presidente Lasso en letra escrita, este decreto no lo puede contravenir, sería un suicidio”. (I)