El delito de adhesión de ciudadanos con firmas falsas a partidos políticos es la más grande afectación a la democracia ecuatoriana, dice Alfredo Velazco, director de Usuarios Digitales

Para las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero de 2023, hay 276 partidos y movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales que pueden presentar candidatos. Estas agrupaciones han registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 3,8 millones de firmas de ciudadanos para seguir activas. Sin embargo, muchos de ellos, al enterarse de que constan como afiliados, se han llevado una sorpresa y han procedido con la solicitud de desafiliación. Solo en los últimos tres meses se registraron cerca de 17.000. Alfredo Velazco, quien es director de la organización Usuarios Digitales, dice que es necesario que los entes competentes de control y sanción definan protocolos para la investigación y sanción a todos los involucrados en este delito.

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hace 2 años

En los más de diez años que Usuarios Digitales lleva haciendo seguimiento al delito masivo de adhesión de ciudadanos a organizaciones políticas con firmas falsas, ¿cuáles han sido sus hallazgos más importantes?

Desde que se evidenció el uso de firmas falsas de adherentes para legalizar organizaciones políticas en noviembre del 2012, hemos visto con extrañeza cómo el CNE había esgrimido por casi una década obstáculos técnicos solventados en el pasado, la afectación a candidatos o interesados en cargos públicos sin sanción alguna y la “omisión” del importantísimo dato de la organización a la cual se ha sido adherido de manera fraudulenta o real.

¿Qué acciones ha tomado hasta ahora o analiza seguir realizando Usuarios Digitales para visibilizar esta situación?

En julio del 2019, Usuarios Digitales, junto con el Observatorio de Servicios Públicos, entregamos físicamente un oficio al CNE para atención de este tema en pleno, sin respuesta hasta el momento. Desde ese entonces, hemos usado espacios, desde redes sociales hasta conversatorios, para evidenciar este caso y cómo la opacidad no puede ser elemento en el cual se cimente la democracia. De igual manera, seguiremos insistiendo ante el CNE para mayor transparencia y sanciones para los perpetradores de este delito masivo, al igual que quienes se beneficiaron de él.

Desde que se conoció esta problemática, ¿qué acciones se le ha pedido tomar al CNE?, ¿cuáles ha realizado y cuáles no?

Desde el 2012, hemos estado pendientes de este proceso, incluso participando como veedores de la revisión técnica de firmas al inicio de la polémica; sin embargo, no se ha avanzado más. Vemos con satisfacción que hace pocos días se haya implementado la revisión vía web; sin embargo, no vemos con buenos ojos la omisión del importantísimo dato de la organización política a la cual se es adherente, al igual que mecanismos de auditoría externa que permitan transparentar una década de opacidad sobre este delito masivo.

El que los partidos hayan incurrido en un delito de adhesión de ciudadanos a organizaciones políticas con firmas falsas, ¿qué lectura deja tanto sobre la clase política del país como sobre la seguridad de los datos e información personal de la ciudadanía?

La más grande afectación es en la democracia, cuyos principales actores, las organizaciones políticas, se cimenten en un delito masivo y mantenido en opacidad por casi diez años. Aquí vemos la ausencia de causa común de los organismos competentes de control y sanción. No es posible que un ciudadano tenga suplantación de identidad para pasar como adherente para una organización política y la única “sanción” sea que pida la baja de ser adherente.

Días atrás, el CNE habilitó finalmente la opción para solicitar en línea el certificado de apoliticismo, y con esto consultar si un ciudadano está afiliado a un partido político. ¿Cómo califica este servicio y qué información faltaría por proporcionar?

Después de una década de solicitar la ciudadanía que se reabra este servicio en línea, es un avance el conocer si se está adherido o no a una organización política; sin embargo, la omisión del nombre de la organización política mantiene el velo de opacidad en un proceso que debería ser transparente por el bien de la democracia.

Si un ciudadano descubre que consta como afiliado a un partido, más allá de pedir desafiliarse, ¿qué acciones debería tomar?

Los entes competentes de control y sanción deberían tener protocolos de articulación para la investigación y sanción a todos los involucrados, que deberían comenzar con la organización política. Si estos protocolos existen, lastimosamente no son conocidos; por lo que, más allá de la desafiliación, el ciudadano tendría que enfrentarse casi en solitario a procesos de investigación. (I)