La fiscal general Diana Salazar tiene claro que en el caso Sinohydro la magnitud económica y técnica del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair fue el escenario idóneo para que ciertos funcionarios públicos, entre 2009 y 2018, reciban “cuantiosas dádivas” a cambio de un sin número de contraprestaciones que no debían ser sujetas a otras retribuciones que no sean sus sueldos en el sector público.

Con ese señalamiento y recordando que a través de la resolución 001-08, de enero de 2008, el directorio del Consejo Nacional de Electricidad (Conecel) declaró de alta prioridad nacional al proyecto Coca Codo, de 1500 mw de capacidad, a desarrollarse por el Gobierno de Rafael Correa en la provincia del Napo, cantón El Chaco, Salazar empezó las más de tres horas que duró la formulación de cargos por el delito de cohecho contra 37 personas, incluido el exvicepresidente de correísmo, Lenín Moreno, quien tendría más adelante un papel importante en viabilizar el proceso.

¿Pero cómo se inició la gesta de este entramado de corrupción? Se preguntaba la fiscal y ella mismo respondía, como se inicia toda conducta destinada a aceptar o recibir dádivas indebidas dentro del sector público: incluyendo en el juego a la empresa que pagará las dádivas. En este caso para Salazar la empresa cohechadora era Sinohydro.

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Nuevamente acudía a fechas para continuar el hilo conductor de su teoría. El 25 de septiembre de 2008, decía, se publica la convocatoria de licitación para contratar la ingeniería, aprovisionamiento de equipos y materiales, la construcción de obras civiles, el montaje, la prueba y la puesta en marcha del proyecto Coca Codo Sinclair. Proceso, recordaba, en el que cuatro meses después, el 13 de enero de 2009, se limitaba la participación de varios oferentes al condicionar la inclusión del financiamiento para la construcción en la propuesta.

“De esta manera el 85 % del costo de la obra, que oscilaba en $ 1682 millones, lo asumiría el ofertante; mientras que el 15 % restante sería responsabilidad del Estado ecuatoriano. Es decir, la obra tenía un valor de $ 1.979 millones”, refería Salazar ante el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Adrián Rojas, magistrado a cargo del proceso penal.

La  fiscal general explicaba que la consecuencia de esta limitación para el financiamiento fue que las únicas empresas internacionales que se mantuvieron en este proceso como oferentes fueron las chinas Genzhouba y Sinohydro, como parte del Consorcio Andes JV Cia. Ltda.

En este punto del relato, el nombre de Lenín Moreno, entonces vicepresidente de la República en binomio con Correa, apareció. La fiscal Salazar apuntaba que los “amigos cercanos” del segundo mandatario: Conto Patiño y Xavier Macías Carmigniani, eran quienes actuaban como representantes comerciales de Sinohydro y en esas calidades eran conocidos por varios funcionarios de Coca Codo.

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Una nueva pregunta de la Fiscalía inundaba la Sala de audiencia de la CNJ. ¿Qué permitió esto? La respuesta era que su oferta, la “presentada por los amigos del exvicepresidente y que representaban supuestamente a Sinohydro”, sea aceptada.

El 3 de octubre de 2009 la junta general de accionistas autorizó la firma del contrato a ítalo Centenaro, gerente de la empresa Coca Codo Sinclair en ese entonces. El sustento habría sido el informe de la Comisión Técnica integrada por Julio Cesar Gordón, hoy fallecido, y Luciano Cepeda, hoy parte de los 37 procesados.

A decir de Salazar, la suscripción del contrato se materializó el 5 de octubre de 2009 bajo la modalidad de EPC, modalidad de contratación conocida también como “llave en mano”, anotó.

Al haber incluido el financiamiento a cargo de la empresa contratada, indicó la titular de la Fiscalía, surge un obstáculo para su ejecución, pues Sinohydro necesitaba contar con el financiamiento del 85 % del costo de la obra adjudicada para su ejecución.

“Los términos del contrato de financiamiento no lograron ser aceptados, ni acordados principalmente por el Estado ecuatoriano. Por consiguiente el contrato adjudicado a Sinohydro era letra muerta si no se suscribía el contrato de financiamiento, poniéndose en riesgo que el contrato de construcción no se ejecute. Es aquí donde el exvicepresidente Lenín Moreno interviene de manera decisiva para concretar la obtención del crédito y solucionar los impases o malentendidos que existían en relación al financiamiento”, se resaltaba en la exposición fiscal.

Los datos recabados en la investigación de la Fiscalía revelaban que Moreno en primer término mantuvo una reunión con su “amigo” Cai Runguo, a ese punto embajador de China en Ecuador, cuyo resultado aterrizó en una nueva propuesta de la República de China para el financiamiento del proyecto.

Ya con este nuevo ofrecimiento, se mencionó en la audiencia, Lenín Moreno habría acudido al presidente Rafael Correa para “viabilizar y asegurar la continuidad y la participación” de la empresa Sinohydro. El segundo mandatario habría planteando que existían imprecisiones en la información entregada sobre el financiamiento y abogó por su concreción.

Las actuaciones de Lenín Moreno, según Diana Salazar, permitieron solucionar los impases y el 3 de junio de 2010, durante al gerencia de Henry Galarza y la gestión como miembro del directorio de Francisco Castelló, ambos también acusados de cohecho en esta causa, se suscribió el contrato de préstamo entre la República del Ecuador y el Eximbank de China por el valor de $ 1′682. 745, recursos destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Para Salazar, ya con la suscripción del contrato y las opciones del financiamiento en marcha “lo lógico era empezar a labrar el terreno para la recepción de las dádivas acordadas”.

Se analiza apelar la medida cautelar

Moreno y su esposa Rocío Gonzalez recibieron, la noche del domingo último, al igual que otros 34 procesados, la medida cautelar de presentación periódica ante la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. El conjuez Rojas decidió disponer prisión preventiva solo para uno de los ciudadanos chinos procesados y esto debido a que no presentó lealtad porcesal durante la audiencia de formulación de cargos.

“Juez desestimó por falta de argumentos medidas arbitrarias e inhumanas presentadas por la Fiscalía. El pedido de prisión preventiva apostaba por un titular de presnsa, antes que por al legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales”, señaló en Twitter Moreno, quien desde enero de 2022, junto a su esposa, vive en Asunción, Paraguay, país en el que desempeña el cargo de Comisionado del Secretario General de la Organización de Estados Americanos para asuntos de discapacidad.

Ante la obligatoriedad porcesal de cumplir con la primera presentación ordenada por el conjuez Rojas el próximo unes 20 de marzo, la defensa de Moreno, David Meza, analiza las posibilidades que existen para solicitar se revis la medida cautelar ordenada. Lo que se buscaría es que se tome en cuenta la condición particular del expresidente Moreno.

“Es una persona con dicapacidad. Que él se pueda trasladar cada 15 días desde Paraguay para presentarse ante la Corte Nacional, en Quito, económicamente es imposible y sobre todo desde el lado humano y de su salud es también imposible y complejo”, aclaró Meza. (I)