A casi tres meses de que se declaró fallida la audiencia de juzgamiento por el delito de paralización de un servicio público contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, la jueza penal de Latacunga (Cotopaxi) Paola Bedón convocó para este lunes 26 de septiembre a una audiencia reservada y contradictoria de juicio directo.

En esta causa, el 4 de julio pasado se declaró fallida la audiencia de juzgamiento, pues se resolvió enviar a la Corte Constitucional (CC) un pedido para que absuelva una consulta sobre el tiempo que se da a la defensa dentro de un procedimiento directo. Iza fue detenido por agentes policiales en el sector de Pastocalle (Cotopaxi) la madrugada del 14 de junio pasado, un día después de que se inició el paro nacional convocado por varias organizaciones indígenas.

En una razón sentada en el proceso el 15 de septiembre, Bedón explica que se verificó que el 14 de julio de 2022 la consulta en esta causa fue recibida en la CC por lo que han pasado hasta ese momento 63 días. Un día después, aclara en providencia la jueza a las partes que el tiempo transcurrido de 63 días es suficiente y razonable para garantizar el legítimo derecho a la defensa de los sujetos procesales.

No se instaló la audiencia de juzgamiento de Leonidas Iza, fue declarada fallida

Carlos Poveda, defensa de Iza, sostiene que la decisión de la jueza Bedón responde a que la CC creyó que no se afectaba ningún tipo de plazo razonable ni derecho a la defensa, por lo que esta institución no absolvió ninguna consulta al indicar que la ley es muy clara.

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El abogado insiste en la inocencia del líder indígena y aclara que existió una detención ilegal, que no hubo delito flagrante ya que se le estaban haciendo labores de seguimiento desde el 6 de junio pasado, que no existió ningún tipo de obstrucción a la vía pública y que “todo fue cuestión de una criminalización de la protesta social y una persecución del Gobierno nacional”.

Pese al llamado hecho por Bedón, Poveda cree que existe la posibilidad de que la diligencia no se instale, pues ellos harán conocer al juzgador que hay tres o cuatro experticias que no se han logrado evacuar en este tiempo. El abogado reconoce que será cuestión del juez competente el poder decidir un diferimiento para así no afectar ningún derecho a la defensa hasta que se pueda recopilar todo lo solicitado.

Entre las pericias que faltan por concretarse estaría una cooperación judicial internacional con Colombia para la realización de la reconstrucción de los hechos y analizar las metapericias hechas por la Fiscalía. Recién para el 30 de septiembre próximo se tendría planificada la primera reunión con el equipo colombiano, según dijo Poveda.

También existiría una pericia de estructura policial y cadena de mando que no se habría realizado porque la persona designada, por ocupaciones internacionales, no pudo hacerla y estarían buscando un reemplazo.

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Como parte de la defensa de Iza se habían pedido los testimonios del presidente Guillermo Lasso y del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Solo este último habría presentado un informe por escrito, mientras que según indicó Carlos Poveda, el primer mandatario habría respondido que hay un link donde está lo dicho por él respecto a este caso. “No es referencia de un link, lo que dice la ley es que si no comparece personalmente deberá emitir un informe que será leído en la audiencia, pero ni siquiera ha emitido el informe”.

El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) explica, respecto al delito de paralización de un servicio público, que la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento de este; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Se estima que si se instala la audiencia de juzgamiento, esta dure al menos un par de semanas. Esto es debido a la cantidad de medios probatorios que han anunciado la Fiscalía, las acusaciones particulares: Petroecuador y la Procuraduría General del Estado, así como la defensa del presidente de la Conaie.

Un paro de 18 días que deterioró el mecanismo del diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales

Actualmente se realizan mesas de diálogo entre el sector indígena y el Gobierno y justamente se analizan temas relacionados con las protestas sociales de junio pasado y octubre de 2019. Entre los pedidos estaría el que se pare la persecución judicial a líderes indígenas que participaron en las paralizaciones y además a otros miembros de este sector que se les está acusando de hechos ocurridos en el marco de la protesta social y el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución.

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La diligencia de juicio directo se dará en una de las salas del Complejo Judicial de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, desde las 08:45. Desde varias organizaciones del sector indígena se está convocando para un plantón y vigilia a favor de Leonidas Iza en los exteriores del lugar donde se dará la audiencia.

La Fiscalía acusa a Iza en calidad de autor mediato y el COIP define en su artículo 42, numeral 2, el cual habla de este tipo de autoría, que están dentro de esta figura quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión; quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto; quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin; y quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. (I)