En la Asamblea Nacional el correísmo y sus aliados anticipan que el informe que presentará la comisión ocasional que investiga la supuesta corrupción en las empresas públicas recomendaría al pleno que inicie un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El debate e investigación sobre este caso tomó un giro tras la denuncia presentada el 13 de febrero por el portal digital La Posta, sobre supuestos aportes del narcotráfico a la campaña presidencial de Guillermo Lasso, basada en una filtración de audios producto de una investigación de inteligencia de la Policía Nacional que implicaría a Rubén Cherres, quien estaría vinculado con la mafia albanesa y habría tenido constantes diálogos y acuerdos con el cuñado del primer mandatario, Danilo Carrera.

Denuncia del medio digital ‘La Posta’ llega a la Asamblea Nacional

Los legisladores discuten si la denuncia sobre la supuesta contaminación de la campaña con el narcotráfico es parte de la resolución que aprobó la Asamblea Nacional, con 94 votos, el pasado 18 de enero, cuando integró la comisión ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino.

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La posibilidad de un juicio político al presidente de la República lo establece el artículo 129 de la Constitución, donde se señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros (46 votos), por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

La legisladora Mireya Pazmiño, separada de la bancada Pachakutik y que hoy actúa junto al correísmo, anticipó que la denuncia presentada sobre aportes de narcotráfico en la campaña de Guillermo Lasso será parte de informe que presentará la comisión ocasional el 23 de febrero.

El informe, añadió, va encaminado a recomendar una salida constitucional al país y esta puede ser un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, pues “hay bastantes indicios de que el presidente haya recibido millón y medio del narcotráfico; además, para pagar esos favores que recibió del narcotráfico se pusieron varias autoridades en unos lugares estratégicos para que pueda pasar todo el negociado del narcotráfico; aquí no es solamente la corrupción a las empresas públicas, y esto es muy delicado”, subrayó.

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Pazmiño explicó que el tema por el cual se conformó la comisión fue “el gran padrino”, que es el cuñado del presidente Guillermo Lasso, y en este posible vínculo con el narcotráfico involucran al cuñado del mandatario, afirmó.

Aquí la salida es constitucional y un posible juicio político al presidente Guillermo Lasso, y el informe no vinculante de la comisión iría al pleno de la Asamblea Nacional e inmediatamente a la Corte Constitucional, explicó Pazmiño, quien aseguró que Pachakutik no se hará a un lado, que dará una salida a todos los ecuatorianos.

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Sin embargo, el asambleísta Mario Ruiz, de la bancada Pachakutik, dijo que el bloque al que se pertenece no se prestará al juego al que quiere llevar el correísmo, una muerte cruzada y anticipar elecciones para dejar que el presidente Guillermo Lasso gobierne solito por seis meses con decreto.

Ruiz reveló que la bancada se reunió el viernes anterior y que exigirán transparencia no solo de este Gobierno, pues llama la atención que la comisión que investiga el caso El Gran Padrino no haya querido investigar la corrupción desde sus inicios, hay indicios de que esa corrupción empezó desde el 2016.

Para el legislador de Gobierno Juan Fernando Flores, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), la comisión ocasional que se inició por un tema, puede ahora convertirse en comisión de todos los temas; “no es la comisión de la justicia y la verdad en la coyuntura, sino la comisión de la justicia y la verdad bajo un parámetro que estableció el pleno de la Asamblea, y no será raro que esa directriz la violenten”, advirtió.

Respecto a la denuncia sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico, comentó que se tendría que establecer a profundidad cuáles son los elementos de una supuesta responsabilidad de actores y quiénes habrían participado en ello, pero que eso le compete a la Fiscalía General del Estado y de ser el caso ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

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Insistió en que no le corresponde a la Asamblea cumplir el papel de fiscal y juez. “Lamentablemente algunos asambleístas creen que nosotros como primera función del Estado suplimos a las otras funciones, y si se presentó una denuncia, tendrá que investigarse en la Fiscalía”, subrayó.

El correísta Ferdinan Álvarez, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), manifestó que de las pruebas presentadas y el proceso de investigación que se lleva hasta el momento, la responsabilidad política sí alcanza a altas esferas gubernamentales, pues el presidente Guillermo Lasso estuvo enterado desde que inició su mandato y a sabiendas de eso ocultó una investigación previa que tenía relación con actividades ilícitas como el narcotráfico.

Insistió en que la responsabilidad de Guillermo Lasso, en este caso, es personal al haberse enterado de que se cometieron actos de corrupción y de que esas personas estaban, también, envueltas en actos de narcotráfico.

En cuanto a la conducta del primer mandatario sí hay responsabilidad penal en este caso, y sobre la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso, se adecúa a los hechos y la comisión emitirá el informe final, afirmó el representante del Guayas por el correísmo.

Dijo que el presidente puede tomar una decisión política: dar un paso al costado o a su vez activar la muerte cruzada y adelantar las elecciones.

Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, sostuvo que la denuncia presentada por el portal digital La Posta tiene que contrastarse y evaluarse de manera más amplia. Se tiene que mirar cuál de esas informaciones entregadas implica directamente al presidente de la República. Y “de lo que escuché eso no está manifestado, lo que sí queda evidenciado es que ha existido un tráfico de influencias que es nocivo para la democracia y el círculo cercano al presidente”, agregó.

Lo que se tendría que ampliar es la información sobre el supuesto aporte que se habría entregado de más de 1 millón de dólares a la campaña electoral, sobre eso hay una prohibición establecida en el Código de la Democracia y eso no podría darse.

Esa investigación debe ampliarse, pero la Asamblea tiene sus limitaciones porque su trabajo es de control político, pero es la Fiscalía quien debe hacer ese trabajo.

El legislador socialcristiano Pedro Zapata, integrante de la comisión ocasional, fue más cauto al señalar que el informe de la comisión debe ceñirse a la resolución del pleno de la Asamblea, que es investigar el caso El Gran Padrino; aunque dijo que el informe tendrá algunas aristas incluso de tipo judicial, y la información presentada por el portal digital puede ser derivada a la Fiscalía. Y en el caso de supuesto narcotráfico le corresponde a la Fiscalía la investigación. (I)