En el Consejo de Participación Ciudadana está por definirse el ‘reacomodo’ de las fuerzas políticas

Las posturas de las fuerzas políticas en el interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están por revelarse, en tanto la Asamblea Nacional posesione este jueves a los dos nuevos vocales que reemplacen a otros cuatro, que fueron censurados y destituidos por un juicio político.

El organismo está en acefalía con tres vocales en funciones, que no pueden convocar a un pleno para elegir a sus dignidades, luego que su último presidente Hernán Ulloa, en conjunto con María Fernanda Rivadeneira, quien ejercía la vicepresidencia, y Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán fueron destituidos y censurados por un juicio político que se sustanció el 18 de noviembre en el Parlamento.

La situación se definirá este jueves, una vez que la función Legislativa posesione a dos nuevos vocales principales, con base en la lista enviada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que recoge los resultados de las elecciones del 2019 en la que constan los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos.

La sesión está convocada para las 16:00 de este 24 de noviembre, en cuyo segundo punto consta la posesión de los consejeros principales, de acuerdo con el oficio remitido por el Consejo Electoral.

Con orden de prisión por estafa está consejero del CPCCS que reemplazaría a uno de los cuatro destituidos por la Asamblea Nacional

A los consejeros en funciones y que no enfrentaron el juicio político, Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, deberían sumarse Mónica Moreira y Karina Ponce, que reemplazarían a Rivadeneira y Estupiñán.

Resta la posesión de dos varones, en reemplazo de Bravo y Ulloa. De acuerdo con el listado enviado por el CNE, le correspondería ascender a Carlos Figueroa y Jaime Chugchilán, este último en representación de los pueblos y nacionalidades, ya que Bravo fue electo en representación de esa colectividad.

No obstante, podría abrirse un nuevo escenario: que los cuatro consejeros censurados y destituidos busquen retomar sus funciones, en el caso de que obtengan un fallo a su favor en la acción de protección que presentaron la tarde de este 22 de noviembre.

En todo caso, esta reconfiguración que experimentará el pleno del Consejo de Participación Ciudadana revelará la postura de nuevas fuerzas políticas, en medio de una coyuntura en la que hay una comisión ciudadana que desarrolla el concurso público para elegir al nuevo titular de la Contraloría General del Estado, en reemplazo de Carlos Riofrío.

La consejera Sofía Almeida en conjunto con David Rosero fueron presidenta y vicepresidente, respectivamente, hasta el 9 de febrero, cuando se los removió de esas dignidades con el voto de los cuatro vocales censurados.

Los dos, junto a Dávalos, eran la minoría en los últimos meses y al sustanciarse el juicio político a sus cuatro colegas están tratando de retomar el control del CPCCS.

En las últimas horas han dado disposiciones a los funcionarios, quienes laboran bajo incertidumbre.

Desde la Asamblea Nacional, Almeida, Rosero y Dávalos tuvieron el apoyo de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) y del ala rebelde de Pachakutik (PK) y otros independientes para evitar ser llamados a juicio político.

Esto pese a que una de las dos solicitudes de interpelación se planteó en contra de los siete consejeros por los legisladores de PK, Ricardo Vanegas y José Chimbo. Esta fue desechada de la resolución que adoptó el pleno el martes pasado por 84 votos de los asambleístas en la que solo se enjuició a los cuatro consejeros.

La cobija de las bancadas cubrió a Almeida, quien es sobrina del legislador del PSC, Luis Almeida; aunque la consejera asegura que no responde a ninguna fuerza política.

David Rosero tendría el apoyo del ala rebelde de Pachakutik, que a su vez es un aliado del partido Unidad Popular (UP) del que el consejero es afín, pero no afiliado.

Dávalos fue funcionario en la administración de Rafael Correa y fue promocionado por una ‘polla electoral’ que difundió el movimiento Revolución Ciudadana en el 2019.

Aunque los escenarios no están definidos, la correlación de fuerzas se renovará y su primer escollo será la elección de sus autoridades, para lo que requerirán una mayoría o la unanimidad.

Entre los nuevos rostros está el de Mónica Moreira, que llegó a ser consejera suplente en las elecciones del 2019, auspiciada por colectivos que surgieron y respaldaron al gobierno de Correa, como la Red de Maestros y la Federación de Eléctricos del Guayas.

Se principalizó en varias ocasiones y operó con la mayoría de Almeida, Dávalos, Rosero y Estupiñán. Mientras Almeida gozaba de licencia de maternidad, Moreira la reemplazó y en un momento cambió de bloque y respaldó a la nueva mayoría que se integró con Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.

De repente, fue designada por el Ministerio de Educación, con la administración de Guillermo Lasso, como coordinadora de Educación en la zona 5 y ahora busca ser reelecta en el cargo en los comicios del 5 de febrero de 2023, pues su candidatura está calificada y en firme.

La activista feminista Karina Ponce ha sido funcionaria de la Superintendencia de Bancos y de otros organismos estatales y se conoce que es afín a movimientos de ideología de izquierda, con los que simpatiza Rosero.

En el 2021, enfrentó una querella por calumnias que la impulsó el exfuncionario del CPCCS Freddy Viejó, cercano a Almeida, por declaraciones que hizo en un medio de comunicación.

A propósito de ello, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó una resolución en la que se expresó el “apoyo institucional” a Ponce y se exhortó a Almeida, quien presidía el organismo, que solicite a su exfuncionario a que desista de las acciones legales.

En las últimas horas, Ponce divulgó un comunicado en el que criticó a los cuatro vocales censurados por abusar de la justicia constitucional para volver a sus cargos.

“Ante la ausencia de cuatro titulares, corresponde inmediatamente constituir el nuevo cuadro de consejeros principales y sus suplentes, a fin de que la institución pueda cumplir sus funciones. (…) Los destituidos, haciendo abuso del derecho han interpuesto una acción de protección, pretendiendo impedir una decisión de la Asamblea Nacional que tiene efecto inmediato. Basta del abuso de acción de protección para justicia VIP”, escribió.

Los acusó de incurrir en una posible usurpación de funciones por hacerse llamar “representantes del CPCCS”. “La percepción ciudadana respecto a los resultados de la gestión del CPCCS ha dado una eminente respuesta de necesidad de renovación en el organismo”.

El médico cirujano Carlos Figueroa es reconocido por ser opositor del expresidente Rafael Correa, pues en su mandato fue procesado por injurias, junto al exasambleísta Cléver Jiménez y el entonces activista político y hoy legislador Fernando Villavicencio, por hechos ligados al 30 de septiembre de 2010.

Jaime Chugchilán reporta un juicio penal desde el 2019 por estafa masiva y tiene una orden de prisión preventiva dispuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe de Quito, aunque desde marzo del 2022 no ha cumplido con las presentaciones periódicas y se conoce que estaría fuera del país.

Él apareció en una polla electoral que en el 2019 la promocionó el PSC en sus redes sociales.

Si Chugchilán no acude a la posesión y el Legislativo asciende a Olindo Nastacuaz, este representará a los pueblos y nacionalidades y es el último en la nómina.

Se conoce que es simpatizante de las filas del correísmo e incluso fue electo como vocal de una junta parroquial por el movimiento Alianza PAIS en el 2014, aunque no era adherente. También fue funcionario el Consejo de Participación Ciudadana entre el 2017 y el 2018.

La presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint, aclaró que la Asamblea Nacional debe resolver quiénes se principalizarán, con base en los resultados de las votaciones del 2019.

Recalcó que si alguno de los que deben principalizarse no acude, será responsabilidad de los legisladores resolver quién asciende. (I)