En el CPCCS se calificó a ocho postulantes a ser comisionados para elegir defensor público que no habrían cumplido requisitos

Ocho postulantes a ser comisionados ciudadanos para la selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública habrían incumplido los requisitos para participar en el concurso de méritos e impugnación ciudadana, pero fueron calificados por un equipo técnico conformado por los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La denuncia la realizó la consejera de minoría María Fernanda Rivadeneira en la sesión de este 15 de diciembre, en la que se preveía realizar el sorteo público, justamente para escoger a los 30 candidatos mejor puntuados, que finalmente no se efectuó.

Según Rivadeneira, después de una revisión a los expedientes a los 62 postulantes inscritos para ser comisionados, ocho de ellos habrían incurrido en las prohibiciones legales establecidas en la ley, la Constitución y el reglamento del concurso para la conformación de la comisión ciudadana, como mantener deudas en el Sistema de Rentas Internas (SRI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de pensiones alimenticias.

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La consejera mocionó que los ocho concursantes sean descalificados del concurso y se disponga remitir los casos a la justicia para que se investigue un delito de presunto perjurio, pues declararon ante notario público la información de que no estaban incursos en inhabilidades.

El proceso para la selección de la nueva autoridad de la Defensoría Pública se encuentra en la fase de conformación de la comisión ciudadana de selección, que la integran cinco delegados de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.

Los candidatos a ser comisionados en representación de la ciudadanía deben superar la calificación de méritos por 50 puntos y la impugnación ciudadana. Esta última fase la enfrentarán también los cinco delegados de las funciones estatales.

Los expedientes atravesaron un proceso de revisión para ser admitidos y la calificación de méritos por un denominado equipo técnico conformado por ocho personas escogidas por los consejeros de mayoría, como son David Rosero, Ibeth Estupiñán, Javier Dávalos y Sofía Almeida.

La coordinadora de dicho equipo, Zaidi Mora, al ser consultada de qué fue lo que ocurrió, alegó que se basaron en la revisión de la información contenida en la declaración juramentada entregada por cada postulante, en la que ellos (los concursantes) afirman que no mantienen deudas o están incursos en inhabilidades.

Bajo ese contexto, la moción de Rivadeneira no tuvo el apoyo, pues votaron a favor ella y el consejero Francisco Bravo.

Al contrario, el vicepresidente David Rosero mocionó que se dé un plazo de 48 horas para que este equipo técnico realice un alcance al informe de los candidatos mejor puntuados para confirmar la denuncia de Rivadeneira, pues no tenían la certeza de que mantengan deudas.

Bravo y Rivadeneira llamaron a la “cordura” y a garantizar la transparencia del concurso. Ejemplificaron que el candidato “Santiago Ribadeneira Orti”, que alcanzó el puntaje más alto en méritos: 50 puntos, tendría una deuda por pensión alimenticia que superaría los “$ 23 mil que habría sido reportada desde agosto del 2021”.

Con el voto de la mayoría, la moción de Rosero fue la aprobada. Los cuatro minimizaron el hecho y se justificó que la próxima etapa es la de impugnación ciudadana y ahí, los mismos consejeros pueden impugnar a los concursantes por incumplimiento de requisitos.

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Dávalos, por ejemplo, pidió que se verifique los plazos de la presentación de la documentación porque las deudas ante esas instituciones podrían variar de un día para el otro. En este caso, porque la etapa de inscripción para ser comisionado fue del 23 de septiembre al 6 de octubre del 2021.

Rosero dijo que entendía la “legítima preocupación” de Rivadeneira, pero que debe ser confirmada, contrastada y luego de ello tomar una determinación.

La presidenta Sofía Almeida resaltó que el equipo técnico volverá a revisar la documentación de los concursantes, pues lo que se denuncia es el cometimiento de un posible delito; pero cuestionó que se “quiere armar controversia por todo y no voy a permitir que haga escándalos”, advirtió.

El consejero Hernán Ulloa y Bravo reclamaron al bloque de mayoría, que estos hechos obedecen a que no se les permite tener delegados en dicho equipo técnico que les permita observar y contribuir en la revisión de los documentos de los concursantes.

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Para Ulloa lo sucedido no se trató de un error, ni es que se “les pasó por alto”, pues la información de cada aspirante se puede revisar en las plataformas virtuales de las instituciones públicas en tiempo real.

“Esto no es un error, esto es algo que va más allá. No se puede pasar por alto este hecho a la máxima autoridad que es el pleno, porque son actos fraudulentos que van a hacer fracasar el concurso”, alertó.

Finalmente, el sorteo no se realizó y una vez que el equipo técnico sea notificado con la resolución del pleno, deberá elaborar un alcance a su informe y comprobar que las ocho personas cuestionadas, no están incursas en prohibiciones o mantienen deudas. (I)