En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hay la aspiración de que hasta febrero próximo se elija a alguna de las tres autoridades del Estado, cuya organización de los concursos públicos está a cargo de tres comisiones ciudadanas de selección.

En la actualidad se desarrollan tres concursos de selección de autoridades: para la elección de los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría Pública y la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto, en un contexto en el que el gobierno de Guillermo Lasso impulsa un referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución, que se someterá al voto popular en los comicios seccionales y de elección de los siete vocales del CPCCS del 5 de febrero del 2023, que en su pregunta 6 propone eliminar su atribución de designar autoridades y que esta pase a la Asamblea Nacional.

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En concordancia con ello, el anexo determina que, de aprobarse el referéndum, todos los concursos públicos para elegir autoridades que estén en marcha se declaren desiertos y, que las autoridades que estén en funciones se prorroguen hasta que la legislatura efectúe la nueva selección.

Bajo esas posibilidades, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, aspiró a que en febrero próximo, antes de que se conozcan los resultados de esta ‘consulta ciudadana’, estén electas dichas autoridades.

Para ello, Ulloa rescata que las comisiones ciudadanas estarían cumpliendo los plazos establecidos en los reglamentos de designación, lo que permitiría agilizar los procedimientos.

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Explicó que el organismo no ha detenido el avance de los concursos por parte de las comisiones ciudadanas de selección, porque su “responsabilidad es continuar con los concursos” y si “avanzan con relación a los plazos que se establecen en los reglamentos culminarían en febrero”, opinó.

No obstante, para ejemplificar, la comisión ciudadana que se encarga de elegir al contralor del Estado estimó en su planificación de trabajo que tendrían a la autoridad electa en mayo del 2023.

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Esto, en tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé, de acuerdo con su calendario, que se conocerían los resultados del referéndum en marzo del 2023.

Por el momento, el mencionado concurso y el del defensor público se encuentran en etapa de admisibilidad de los concursantes. Es decir, en la verificación de que cumplan con los requisitos legales para participar y no estén incursos en inhabilidades.

Mientras, la comisión ciudadana para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral no avanza en los procesos. Recién este 21 de diciembre aprobó el texto de proyecto de convocatoria para invitar a la ciudadanía a postularse.

En este caso, Ulloa reconoció que le están “prestando atención” a su actuación, pues llevan más de 40 días en funciones y están detenidos en aprobar los formularios de postulación.

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“Pedimos a la ciudadanía que esté vigilante de las actividades de las comisiones ciudadanas, porque nosotros ya hicimos un comentario de que, habiendo posesionado a las tres comisiones, en una de ellas no se convoca al concurso y eso nos preocupa”, manifestó Ulloa durante un conversatorio con periodistas realizado este miércoles, 21 de diciembre.

En este evento participaron los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, que en conjunto con Ulloa defendieron las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades y criticaron el referéndum.

“Creo que se perdió la oportunidad de poder fortalecer la institucionalidad del Consejo y el de las demás autoridades. El problema de la inestabilidad del país es que nosotros (los vocales) estamos fácilmente al alcance del poder político y eso es un problema, porque somos censurados con 70 votos pese a que designamos autoridades”, manifestó.

Lamentó que no se hayan previsto en el cuestionario del referéndum reglas para evitar que quienes sean electos vocales del CPCCS no provengan o tengan el apoyo de organizaciones políticas, pues “lo que terminará eligiendo la ciudadanía son asambleístas, son personas que van a tener compromisos con quienes los apoyaron”, agregó.

Por su parte, el consejero Francisco Bravo cree que la propuesta de enmienda a la Constitución que planteó el mandatario Guillermo Lasso no tendrá el apoyo del electorado, pues la aceptación a su gobierno es baja.

“Se pretende hacer una regresión de derechos porque se quiere hacer que la designación de autoridades se realice a través de una comisión de amigos del presidente de la República. En el 2018 se le preguntó al pueblo ecuatoriano cómo quiere que los consejeros lleguemos aquí y dijeron que sea por el voto popular; ahora se pretende hacer una regresión de derechos para que sea una comisión tipo gobierno Rafael Correa la que los elija; por eso, creemos que el Gobierno haría una concentración de poderes para elegir a los vocales del Consejo”, cuestionó Bravo. (I)