En investigación a Bella Jiménez, el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, aseguró que no gestionó cargos públicos ‘para nadie’

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, confirmó que la legisladora y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Bella Jiménez estuvo en su despacho, pero evitó ratificar una declaración suya de que ella “no consiguió su objetivo”.

Cabrera fue convocado este 28 de septiembre a la audiencia de prácticas de pruebas que se realiza en el Comité de Ética a propósito de la investigación a Jiménez, por una supuesta gestión de cargos públicos, que está prohibida por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

El asambleísta denunciante de Jiménez, Alejandro Jaramillo (ID), solicitó la presencia de Cabrera, y no consiguió después de varias preguntas insistentes que la autoridad confirmara su declaración recogida por el portal digital La Historia EC de que Jiménez estuvo en su despacho y “no consiguió su objetivo”.

“He sido claro, la asambleísta estuvo en mi despacho. No he dicho más que eso”, señaló en su intervención telemática, que fue breve.

Comité de Ética rechaza recusación planteada por asambleísta Bella Jiménez; el lunes continuará el proceso con la práctica de la prueba

“No he dado paso, es decir, por favor, no ponga en mi boca cosas que no he dicho. Esa es la verdad. Está clara mi respuesta”, repetía visiblemente irritado Cabrera. Jaramillo lamentó que la autoridad evitaba o desviaba sus respuestas.

El ministro confirmó que conoce a Jiménez porque fue legislador por nueve días, pero no tiene ninguna relación con ella. “No he gestionado ningún cargo para ella ni para nadie”, zanjó.

Después de varios recursos planteados por Jiménez ante la Asamblea, para evitar la continuación del proceso alegando que se está violentando el debido proceso, el Comité pudo instalar este martes la audiencia de práctica de prueba a la que asistieron seis personas a dar su testimonio.

Antes de empezar con este procedimiento, el Comité negó un recurso de apelación a la negativa de la recusación planteada por la acusada en contra de los asambleístas Dalton Bacigalupo (ID), Marjorie Chávez (PSC) y Freddy Rojas (CREO), a quienes los acusa de falta de imparcialidad.

Para negar esta apelación, el presidente del Comité, José Chimbo (PK), solicitó un criterio jurídico a la Secretaría General de la Legislatura, en el que se concluyó que la LOFL no contempla la figura de la apelación, porque no está prevista para esta clase de procesos disciplinarios.

Con base en ese argumento, Bacigalupo mocionó que se inadmita el recurso y se continúe el trámite de la investigación, lo que se aprobó con el voto unánime de los cinco legisladores integrantes de esta instancia.

Jiménez es investigada por, supuestamente, incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 127 de la Constitución y los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la LOFL sobre gestionar cargos públicos y cobrar por ello.

Los denunciantes son los asambleístas Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio (UNES).

El primero pidió la investigación por publicaciones en la prensa de la existencia de supuestos mensajes de texto, un comprobante de transferencia bancaria y un audio de voz que sería la de Jiménez, en el que estaría gestionando cargos en el Ministerio de Transporte.

Como prueba también se adjuntó una transferencia bancaria a favor de Jorge Peláez Jiménez, hijo de la asambleísta, y un documento en el que se solicita la vinculación como funcionario legislativo a Pablo Luna Fuentes.

Desintonio recogió una denuncia presentada por Scarlett Lindao, exasistente de Jiménez, en la Fiscalía del Estado por presunta concusión, pues asegura que se le habría ofrecido un cargo por cuatro años dentro de su equipo de trabajo a cambio de recibir $ 6.000.

Una parte de ese pago, por $ 2.500, se habría realizado mediante cheque que fue recibido y cobrado por Steven Jiménez, hermano de la asambleísta.

Bella Jiménez dijo a la prensa que Pablo Luna es su amigo y hermano espiritual, y que su hijo “le pidió prestado un dinero, y son cuestiones de ellos dos, no tengo nada que ver”.

“No hay nada que la culpe a Bella Jiménez, esto es algo político. Es algo de parte de Alejandro Jaramillo, que no sé cuál es su mala intención de él contra mí”, cuestionó la asambleísta.

Durante la audiencia, ella dijo que no era abogada y pidió a su patrocinadora Andrea Sánchez que realizara los interrogatorios y contrainterrogatorios a los convocados, entre los que estuvieron Alba Sánchez, coordinadora de Talento Humano de la Asamblea; Álvaro Salazar, secretario general del Legislativo; el asambleísta Fernando Villavicencio; y el ministro Cabrera. La ministra de Salud, Ximena Garzón, no asistió.

Sánchez confirmó que Scarlett Lindao fue vinculada como asistente de despacho el 14 de mayo y desvinculada el 26 de junio.

En el caso de Luna, indicó que se generó una solicitud de vinculación como asesor nivel 2, pero el proceso no continuó. El 22 de mayo se anuló la solicitud desde el despacho de Jiménez.

Villavicencio se ratificó en el memorándum que envió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el 20 de agosto pasado, en el que daba a conocer el caso. Además, que remitió a la Fiscalía la notitia criminis del hecho que se reveló en el portal La Historia EC.

El asambleísta tuvo un roce con la abogada defensora de Jiménez, quien lo cuestionaba sobre términos legales. Chimbo intervino para pedir a Sánchez que precise sus preguntas, pues no estaba ahí para dar “cátedra”.

En horas de la tarde, el Comité se reinstalaría para escuchar a otros testigos, como un perito y Marlon Puertas, periodista de La Historia EC. (I)