De 55 inscritos en el concurso público para la selección de la autoridad de la Defensoría Pública, apenas 13 personas fueron admitidas y los 42 expedientes restantes fueron inadmitidos por no completar documentación o incurrir en prohibiciones legales.

La comisión ciudadana de selección de esta autoridad aprobó el informe de verificación de requisitos de 55 ciudadanos que se postularon para participar en este concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana, en dos sesiones, debido a la división entre los diez comisionados por diferencias internas que afloraron en el debate.

El lunes pasado estaba previsto que se apruebe el documento, pero el comisionado Jorge Tipán mocionó la suspensión de la plenaria al observar que en el informe había apenas dos personas admitidas y ninguna era mujer.

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Se desató un entrecruce de opiniones entre los comisionados ciudadanos y los que representan a las cinco funciones del Estado, pues se reclamaba al presidente William Falconí que primero recibieron un informe con 15 admitidos, luego con 14 y finalmente, con dos.

Con siete votos a favor, se suspendió la sesión y se reinstaló la tarde de este martes. De este se desprendió la admisibilidad de trece personas, entre las que están:

  1. María Belén Corredores Ledesma
  2. Yolanda Magdalena Yerovi Nogales
  3. Margarita Virginia Gualotuña Cruz
  4. Inés Maritza Romero Estévez
  5. Jorge Cristóbal Ballesteros Ballesteros
  6. Ricardo Wladimir Morales Vela
  7. Pablo Fernando Saltos Galarza
  8. Wilson Guillermo Ortega Caicedo
  9. Byron Javier Guillén Zambrano
  10. Santiago David Ochoa Beltrán
  11. Rodrigo Daniel Frías Toral
  12. Jorge Aníbal Torres Farinango
  13. Patricio Ricardo Vaca Nieto

Este expediente se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra. La comisionada Isabel Noboa, delegada de la Función Ejecutiva, cuestionó el proceso de verificación de requisitos que realizó la comisión y según su detalle hubo cinco informes previos hasta llegar hasta este sexto que se aprobó este 13 de diciembre.

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Lamentó que sus colegas hayan inadmitido al mayor número de postulantes por cuestiones de “formalidad”, alegando que varios de los certificados estaban caducados. Esto pese a que al reglamento de selección de esta autoridad permite a la comisión ciudadana aplicar el principio de eficacia, manifestó.

En todo caso, una vez que se ha cumplido esta primera fase de admisibilidad, se abre una nueva para que los participantes puedan solicitar reconsideraciones a la decisión de la comisión.

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El reglamento que norma este concurso establece que el postulante que se sienta afectado tiene un término de tres días, contados a partir de la notificación, para solicitar la reconsideración a su inadmisión.

En tanto que la comisión ciudadana tiene cinco días para resolver sobre la solicitud de “forma motivada e individual”.

Entre aquellas personas que fueron inadmitidas, está el abogado Juan Vizueta Ronquillo, que de acuerdo con el informe registra impedimento para ejercer cargo público señalado en el Ministerio de Trabajo; posee una sanción administrativa en la Contraloría General del Estado; una deuda de pensión de alimentos; no presentó certificado de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y tampoco del Consejo Nacional Electoral (CNE) que acredite que no ha sido directivo o adherente de una organización política.

También está como inadmitido el actual defensor público, Ángel Torres Machuca, que busca la reelección en su cargo, y fue inadmitido porque su certificado de tener una sanción en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está caducado.

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Pero además, porque un certificado emitido por la misma Defensoría Pública determina que él ostenta el cargo de defensor público con nombramiento permanente y ello infringiría el artículo 210 de la Constitución, que impide que “quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos...”. (I)