En un año de gestión legislativa, Pachakutik no logró la aprobación de leyes relacionadas con las demandas de la Conaie recogidas en el ‘acta de paz’

Al término de un año de gestión legislativa, la bancada de Pachakutik no logró la aprobación de ningún proyecto de ley que tenga relación con las diez demandas presentadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la cual es su brazo político, y que sustentaron el paro nacional de junio pasado. Estas fueron recogidas en la denominada ‘acta de paz’, y ahora son analizadas en mesas de diálogo en las que participan la dirigencia indígena y el Gobierno.

Esto pese a que, además, en el primer año de administración, el Parlamento estuvo presidido por Guadalupe Llori, integrante de Pachakutik y representante de la provincia de Orellana, en la Amazonía, y cuyos dirigentes participaron activamente en las movilizaciones.

En la lista de las demandas de la Conaie constan, por ejemplo, la prohibición de minería en territorios indígenas y en fuentes de agua, condonación de deudas de la banca pública y privadas, respeto a 21 derechos colectivos y generación de políticas públicas de seguridad y protección, entre otros.

Según el portal web de la Asamblea Nacional, desde mayo de 2021 a junio de 2022, los integrantes de la bancada Pachakutik, incluidos los seis legisladores autodenominados rebeldes, presentaron al menos 32 proyectos de ley, de los cuales ocho abordan materias que hoy son parte de la discusión en las mesas técnicas que tienen el acompañamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Dar respuestas en hasta cinco días será el reto de las diez mesas técnicas en las que se tratarán las demandas de los movimientos indígenas

De ese grupo de ocho proyectos y reformas a leyes vigentes, ninguna ha pasado el primer debate en el pleno del Parlamento, y la mayoría está en proceso de socialización y construcción de los informes.

El registro de presentación de los proyectos determina que cuatro de ellos fueron presentados en el 2021 y se refieren a reformas a la ley amazónica, al código orgánico monetario y financiero, soberanía alimentaria y reformas a la ley de minería. Las cuatro propuestas adicionales fueron presentadas en los primeros seis meses de 2022, y tratan sobre ley de tierras rurales y territorios ancestrales, código de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y código de la consulta previa libre e informada, ambiental y legislativa.

¿Por qué el bloque Pachakutik demoró en presentar proyectos de ley sobre asuntos que hoy se demandan en las mesas técnicas? El coordinador de esa tienda política, Salvador Quishpe, responde señalando que no es sencillo hacer un proyecto de ley; “no es cuestión de venir y sentarme aquí junto a un computador y empezar a escribir, hay que investigar mucho, empatar, preguntar y consensuar con la gente, y eso toma tiempo”.

Resalta que los proyectos presentados sobre soberanía alimentaria, código de comunas y reformas a la ley de minería tienen mucha respecto a los acuerdos firmados con el Gobierno, porque se habla de la prohibición de la minería en territorios ancestrales y en zonas de recarga hídrica, y en el proyecto sobre minería presentado recoge ese planteamiento, pero lo mismo debe decir en la ley de comunas, pues una comuna “automáticamente” es un territorio ancestral, señala.

Quishpe está convencido de que su propuesta de reformas al código monetario y financiero, que está en etapa de socialización, sea aprobado en dos debates y tiene relación con la democratización de las juntas de regulación política, financiera y monetaria; la reducción de las tasas de interés a un dígito y condonar los intereses del crédito productivo.

Pero la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (PK-R), advierte que el informe sobre el proyecto presentado por Quishpe que unifica seis proyectos más saldría en un mes, pero aclara que el proyecto que habla sobre la condonación de deudas no podría pasar con un informe positivo, porque la condonación de deudas, es exclusivo del Ejecutivo.

El asambleísta José Chimbo afirma que el proyecto sobre consulta previa, libre e informada aún no tiene asignación de comisión, pero advierte que el proyecto busca que se institucionalice la consulta previa antes de que el Estado proceda a conceder la autorización para la explotación de recursos. Que su planteamiento va más allá del ‘acta de paz’, pues trasciende el diálogo con el Gobierno.

Ocho proyectos en trámite

1. Reformas a la ley para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica, presentado el 27 de julio de 2021 por Guadalupe Llori, aunque también la legisladora Isabel Enríquez consta como autora. Tiene informe para primer debate, pero aún no lo tramita el pleno, y propone la incorporación al fondo de desarrollo sostenible las regalías mineras y las utilidades de las actividades hidrocarburíferas, plantea una redistribución del fondo común y dispone la creación de cuatro universidades amazónicas.
2. Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, presentado por el legislador Salvador Quishpe el 16 de octubre de 2021, propone la reactivación productiva, mediante la reducción de las tasas de interés, acceso al crédito justo y condonación de deudas. Está en trámite para primer debate en la Comisión de Régimen Tributario y se anuncia que se recomendará su archivo por falta de competencia legislativa.
3. Proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, varios autores de Pachakutk, aunque encabeza Salvador Quishpe y fue presentada en noviembre de 2021, está asignado a la Comisión de Soberanía Alimentaria; en etapa de socialización previo a informe para primer debate. Plantea elementos transversales de la soberanía alimentaria, plantea políticas sectoriales para fortalecer las agriculturas familiares que permitan el acceso a la tierra, el agua, recursos naturales, que protejan y fomenten los saberes ancestrales, y permitan las ferias libres.
4. Reformas a la Ley de Minería, autores Isabel Enríquez y Salvador Quishpe, presentado el 2 de diciembre de 2021, está asignado en la Comisión de Biodiversidad y recursos naturales, en revisión para primer debate, plantea cambios en el otorgamiento de concesiones mineras, aun en socialización para elaboración del informe para primer debate.
5. Proyecto de Código Orgánico de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, presentado por Dina Farinango, el23 de febrero de 2022, asignada a la Comisión de Garantías Constitucionales, está en socialización para informe de primer debate. Fortalece el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, propicia la protección y promoción de los derechos de los grupos excluidos a través de un enfoque plurinacional e intercultural y de género.
6. Reformas a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de Ángel Maita, presentado el 10 de marzo de 2022, remitido a la Comisión de Soberanía Alimentaria, donde se establece que para la realización de obras públicas en territorios ancestrales, por parte de las instituciones del Estado, se podrá hacer con la autorización de la asamblea de la comuna o comunidad. Para la construcción de proyectos de infraestructura y servicios públicos, las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades deberán autorizar al Estado el derecho de uso y usufructo de superficies. Está en etapa de socialización.
7. Reformas a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de Peter Calo, presentado el 5 de mayo de 2022, aún no se asigna a la comisión. Plantea que la propiedad de la tierra y territorios ancestrales es imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible, su adjudicación es gratuita y exenta del pago de tasas e impuestos. Cualquier concesión de territorios para la explotación minera, petrolera, agrícola, acuícola o de generación hidroeléctrica respetará estas condiciones.
8. Proyecto de Código Orgánico de Consulta Previa Libre e Informada, Ambiental y Legislativa, presentada por José Chimbo, el 11 de mayo de 2022, no está asignada a comisión, plantea una norma que garantice la protección de los derechos colectivos en el país, con este proyecto los ciudadanos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades pueden exponer su criterio y consentimiento sobre diversos temas, entre ellos, la implementación de políticas públicas, proyectos, actividades, medidas legislativas y actos administrativos precautelando sus derechos constitucionales. (I)