Entre recorridos, foros, entrevistas y las redes sociales, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana se alistan para la campaña electoral

Entrevistas de prensa, debates organizados por la sociedad civil y la difusión de los spots promocionales aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son las alternativas legales que tendrán los 45 candidatos a ocupar las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para darse a conocer durante la campaña electoral que arranca este 3 de enero como parte de los comicios del 5 de febrero del 2023.

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Debido a estas limitaciones, los postulantes están optando por recorrer las provincias, participar en foros y enviar mensajes en las redes sociales, que no son reguladas por la autoridad electoral, para promocionar sus ofrecimientos y, en el caso de algunas candidaturas, hasta develar su afinidad política.

Alerta por la promoción electoral de siete candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que concuerda con el movimiento afín a Rafael Correa

Desde este 3 de enero y hasta el 2 de febrero del 2023 se abre el periodo de campaña electoral, antes de que los 13′450.047 electores acudan a las urnas el 5 de febrero para elegir a los siete vocales del CPCCS, así como a más de 5.000 autoridades de gobiernos seccionales y pronunciarse sobre el Sí o el No al referéndum de ocho preguntas para enmendar la Constitución.

Los siete vocales del CPCCS se eligen por voto popular desde el 2019, luego que en la consulta popular del 2018 se cambió el mecanismo que era a través de un concurso público.

Con ello se enmendó la Constitución y en el artículo 112 se determinó la prohibición a los “partidos y movimientos políticos o sus alianzas a que postulen candidatos”.

Asimismo, la Ley del CPCCS prohíbe a los partidos y movimientos, organizaciones sociales, funcionarios, candidatos o ciudadanos a hacer proselitismo político a favor o en contra de ellos.

La competencia de promocionarlos es exclusiva del Consejo Nacional Electoral, tanto de sus nombres como trayectoria; además, no pueden “recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El que contravenga estas disposiciones será descalificado”, señala la norma.

Esto también se precisó en el reglamento específico de promoción, que impide a los medios de comunicación hacer promoción directa o indirecta que incida a favor o en contra de un candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política.

Lo que sí está permitido es que instituciones privadas o públicas organicen entrevistas y debates.

¿Por qué no se les permite hacer proselitismo si son candidatos a una dignidad de elección popular? Por tres razones, explica el catedrático Esteban Ron.

“Porque no cumplen con el principio de representación proporcional, como es la democracia representativa; porque el Código de la Democracia permite el financiamiento para campaña solo a los sujetos políticos y, al tener la prohibición de ser parte de una organización política, o al menos dicen no tenerla, no pueden acceder a estos recursos. Y porque son autoridades técnicas, que deben limitarse a ser estrictos ejecutores de disposiciones explícitas que les da la Constitución y la ley”, detalló Ron.

El Código de la Democracia otorga al CNE la facultad de financiar y controlar la campaña electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales, aunque excluye a las redes sociales.

Es por ello que los aspirantes se han volcado a las plataformas virtuales como Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp para divulgar sus propuestas y sus actividades.

Así por ejemplo, el postulante Óscar Ayerve informa en Twitter sus recorridos provinciales para “asegurarse de que las voces del pueblo sean escuchadas”. La aspirante por los pueblos y nacionalidades indígenas Manuela Daquilema se promociona en Facebook y TikTok, ofreciendo llegar al CPCCS para “garantizar el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

El candidato a la reelección David Rosero solicitó al CNE que organice un debate electoral para que los 45 aspirantes tengan la posibilidad de dar a conocer sus propuestas, como se hará para los candidatos a las prefecturas de 17 provincias y de 21 alcaldías.

Otros aparecen en espacios de entrevistas en medios de comunicación o en reuniones con dirigentes de organizaciones sociales para posicionar sus postulados sobre la participación ciudadana y hasta sus afinidades políticas.

Es el caso de la aspirante Yadira Saltos, quien en Twitter envió un mensaje al expresidente Rafael Correa y líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC) para que vuelva al Ecuador, pues vive en Bélgica desde que acabó su mandato y es considerado un prófugo de la justicia al ser sentenciado en el caso Sobornos 2012-2016.

“Querido presidente, como lo conocemos todos…”, dice Saltos, antes de que su simpatizante envíe un saludo a Correa. Al video se acompaña un texto explicativo en el que le dicen: “Regrese, porque antes estábamos mejor”.

Esta afinidad se percibió dentro del Consejo Electoral, cuyo vicepresidente Enrique Pita requirió acciones de control a la presidenta Diana Atamaint porque los spots que se producen con recursos del Estado incumplirían las determinaciones legales.

Según Pita, en la grabación de los spots siete candidatos: Yadira Saltos, Janeth Lozada, Alembert Vera, Franco Loor, Hugo España, Augusto Verduga y Vielka Párraga, visten camisas de un color similar al utilizado por la Revolución Ciudadana (RC) lista 5 y una frase de propaganda.

“(…) dicho color es utilizado por esa organización política en la promoción de sus candidatos a las elecciones seccionales 2023″ y “coinciden en su frase de posicionamiento ciudadano al cierre de sus spots, haciendo referencia a ‘(…) antes estábamos mejor (…)’, que coincide también con la publicidad electoral de dicha organización”, refirió Pita.

En respuesta, Alembert Vera, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa en el caso EL UNIVERSO, inició una acción legal acusando a Pita ante el CNE de incurrir en un presunto delito de odio.

En todo caso, el pleno del Consejo no se ha pronunciado sobre estos hechos.

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En esa esfera, esta será una campaña electoral marcada por la incertidumbre para estos 45 aspirantes, debido a que además de buscar el respaldo electoral, deberán posicionar el Sí o el No al referéndum.

Esto es porque en dos de las ocho preguntas se propone quitar la atribución que tiene el CPCCS de designar a las principales autoridades de control y que se la traspase a la Asamblea Nacional y que los siete consejeros ya no se elijan por sufragio universal sino por un concurso público a cargo de los asambleístas.

El CPCCS tiene doce atribuciones constitucionales, que se concretan en la designación de 22 autoridades de diez organismos de control del Estado y otras decenas por mandatos legales; promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción; y, efectivizar la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Después del 5 de febrero, en el caso de que el referéndum alcance el voto mayoritario del electorado, los nuevos consejeros ya no tendrán la facultad de elegir autoridades, que es su “núcleo central”, según Esteban Ron.

“Una mayoría de candidatos están diciendo No a la consulta y estarían sobreponiendo el interés personal al del país, pues el Consejo es una institución fallida que no ha respondido a lo que le encargó la Constitución; sin embargo, quienes sean electos, si gana el Sí, tendrán las competencias mermadas”, comentó.

A esto se sumaría, según Ron, que al tornarse en una entidad “tecnocrática”, el Ejecutivo podría revisar el rango ministerial que tiene actualmente el CPCCS y reducir los salarios de los consejeros, que en la actualidad sobrepasa los $ 4.000.

Ello, porque en los anexos del referéndum se señala que de aprobarse la pregunta, el Ministerio de Economía y Finanzas ajustará el presupuesto institucional para que se adapte a sus nuevas competencias. (I)