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‘Es alarmante la existencia de narcopolíticos en Ecuador, pero en el país ya hay narcoabogados, narcoempresarios, narcociudadanos... Ya somos un narco-Estado’

Antes los narcotraficantes solo financiaban campañas; ahora ya impulsan candidatos para captar puestos de poder claves, advierten Gobierno y analistas.

Los narcotraficantes financian a políticos para que no se controle la producción, distribución y venta de la droga. Foto: Archivo

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Las estructuras narcodelictivas ya no solo apoyan económicamente las campañas de candidatos a dignidades públicas en Ecuador, sino que ahora directamente están ubicando a personas de su confianza para que participen en los comicios. El objetivo es captar espacios en los diferentes poderes del Estado para desarrollar sin cuestionamientos ni controles la producción, distribución y comercialización de la droga.

Esto ha sido confirmado por el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, Juan Zapata. La llamada “narcopolítica” ha empezado a desarrollarse con fuerza, según las autoridades. Afirman que datos de inteligencia confirman que incluso actuales candidatos a las elecciones seccionales del 2023 tienen nexos con el narcotráfico.

‘Las estructuras narcodelictivas ya no solo apoyan campañas políticas en Ecuador, sino que ahora están poniendo candidatos’, dice Fernando Villavicencio

El pasado 2 de diciembre, Lasso, mientras realizaba la entrega del edificio de la Contraloría, ya adelantaba que su Gobierno entregará la información sobre narcopolíticos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Fiscalía para que inicien las investigaciones correspondientes.

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El mandatario ratificó la presencia de narcopolíticos el 7 de diciembre, cuando acudió a la Asamblea para entregar un proyecto de reforma parcial a la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Ecuador libra una batalla con los mafiosos, con el narcotráfico y hasta con la narcopolítica. (...) El apoyo de las Fuerzas Armadas es vital en la lucha contra los violentos, contra los narcos, contra los mafiosos e inclusive contra la narcopolítica”, aseguró.

Que el Gobierno haya aceptado de forma directa la figura de la narcopolítica en el país solo es un reflejo de la compleja situación que vive la sociedad ecuatoriana, indica Julio César Cueva, abogado penalista.

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Añade que lo más grave es que los narcotraficantes vayan acaparando los espacios de poder político para que, como se sospecha en países como Colombia, se elijan “narcopresidentes” para así no tener controles sobre el tráfico de droga, el lavado de activos y el testaferrismo.

La entrega de información a la Fiscalía y al CNE permitirá —según el especialista— realizar investigaciones sesudas sobre el financiamiento de campañas electorales: “Este tema no es de ahora. Lo que es nuevo es que estén tratando de llegar a cargos públicos de forma directa”.

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Sin embargo, considera que recurrir a la Asamblea para enfrentar la narcopolítica no sería una buena estrategia: “Estamos hablando de narcopolíticos, y ¿dónde está más representada la política? En la Asamblea. Una Asamblea que reformó la Ley de Extinción de Dominio a última hora. Una ley (la presentada originalmente) que no solo afectaba a los que trafican droga, sino de influencias. Era una afectación directa hacia ellos”.

Los organismos que deben actuar para frenar la narcopolítica son la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía, ya que pueden hacerlo de oficio analizando la información de gente vinculada a la política y que están trabajando con el narcotráfico.

¿Cuál es la reforma constitucional que plantea el presidente Guillermo Lasso para las Fuerzas Armadas?

Creo que no hay ni la voluntad ni los recursos para detectar políticos que están con el narco. Por ejemplo, si un candidato tiene equis cantidad de pauta autorizada y luego del análisis se determina que gastó un 40 % más de lo autorizado, ¿de dónde sacó el dinero? Esto también se presta para lavar dinero”, señala.

Para Kléber Sigüenza, abogado penalista, la narcopolítica genera un gran problema a nivel social, porque de nada servirán los esfuerzos a nivel policial, desde la academia, de la sociedad civil, porque las personas que están inmersas en los diferentes niveles de la política y que obedecen al narcotráfico impedirán que progresen propuestas que castiguen de forma ejemplar este tipo de criminalidad.

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El experto considera que establecer los nexos causales entre un político u organización y un cartel de drogas es complejo, ya que los vínculos no son directos: “Siempre se valen de terceras y hasta cuartas personas para romper cualquier tipo de vínculo. Puede que este tipo de investigaciones tarden muchos años para determinar que hubo la presencia de grupos narcocriminales”.

Según Sigüenza, esto quedó demostrado en el régimen de Rafael Correa, ya que recién cuando dejó el poder se pudo “comprobar que hubo vínculos paramilitares y de narcoguerrilla”. Además, en este gobierno también se creó la tabla de consumo y tenencia de drogas. Muchos sectores han culpado a este instrumento de ser culpable del aumento del microtráfico en el país.

Han pasado dos presidentes y todavía no se la ha eliminado. Desde el gobierno de Lenín Moreno se promocionaba la eliminación de esta tabla y no se ha hecho”, dice. Zapata ha asegurado que pronto impulsarán la derogación de la tabla.

Para la lucha contra la narcopolítica, Cueva sugiere la incorporación de un software que permita vincular la información personal de un ciudadano a través del número de cédula, además de un censo inmobiliario de los últimos quince años, ya que en sectores como Samborondón, en Guayas, hay ciudadelas con mansiones de lujo valoradas por encima de los cinco millones de dólares.

De dónde ha nacido este próspero empresariado cuando tenemos un país que vive en crisis económica, que en los últimos tres años se pasó entre pandemia y paros indígenas. De dónde hay carros de $ 400.000 circulando en el país”, asegura.

Otra recomendación que dan los especialistas es pedir ayuda a los países a donde llega la droga que se envía desde Ecuador, especialmente Estados Unidos y Europa, para que se publiquen los listados de los ecuatorianos a los que se les ha retirado la visa por estar vinculados con el narcotráfico. Esto haría también que empresas, bancos e instituciones financieras se nieguen a realizar negocios con estos individuos.

El Gobierno tiene que decir quiénes son las personas (narcopolíticos) que están inmersas en estas actividades, para que el electorado pueda escoger bien a los candidatos y entablar los procesos penales correspondientes”, afirma Sigüenza.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, afirma que el narcotráfico incluso ha empezado a establecer, a través de terceras empresas, contratos con Gobiernos autónomos descentralizados; y que el caso de Leandro Norero, alias el Patrón, asesinado en una de las últimas masacres carcelarias, abrió la puerta para saber cómo el capital del narcotráfico se lava en este tipo de transacciones.

En noviembre pasado, quince asambleístas constituyeron una comisión externa a las quince comisiones especializadas permanentes ya existentes para investigar las operaciones del narcotráfico y sus vínculos con las estructuras de corrupción en el sector público y con los políticos y algunos legisladores.

Se investigan los financiamientos de las campañas presidenciales de los últimos quince años y se incorporarán informes sobre el caso Angostura, los informes sobre WikiLeaks, sobre corrupción y aportes a campañas; además se revisarán aquellos informes sobre los atentados al radar de Montecristi.

El narcotráfico también contaminó el sistema financiero del Ecuador

La ley ecuatoriana estipula controles y alertas para evitar el lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a informar sobre transacciones irregulares a las autoridades.

No obstante, en Ecuador, en los últimos años, se ha impulsado la compra y venta de mansiones y autos de lujo cuyos montos son extremadamente altos. Para el jurista Cueva, estas transacciones deben estar siendo reportadas, ya que, cuando un ciudadano común intenta transaccionar montos por encima de los cinco mil dólares, hay bancos que incluso bloquean las cuentas.

¿De dónde sale esta plata? ¿Dónde está la UAFE, las constructoras, las inmobiliarias, los bancos, las financieras? Esto demuestra que no solo hay narcopolíticos, sino narcociudadanos, narcoabogados, narcoeconomistas, narcoempresarios... Está claro que los narcotraficantes han contaminado hasta el sistema financiero ecuatoriano. Ya somos un narco-Estado”, indica. (I)

Redacción
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