Este es el diagnóstico del Gobierno respecto a la penetración del crimen organizado en el país

En el documento con el cual fundamentó su pedido de consulta popular, el Gobierno describe la situación de inseguridad que se vive en estos días, relacionada con los ataques violentos que se atribuyen a las bandas del crimen organizado que operan en el país.

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Toma la información de varias fuentes, como el llamado Plan para la Paz —elaborado por los ministerios de Defensa y del Interior—, el Libro Blanco de las Fuerzas Armadas, informes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General, así como estudios de organismos internacionales de seguridad.

El régimen ha pedido a la Corte Constitucional (CC) que verifique la constitucionalidad de tres preguntas, dos de ellas relacionadas con la seguridad y la otra con empleo. En las primeras se plantea reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para normar el decomiso de bienes del narcotráfico y el crimen organizado, y tipificar la extorsión o “vacunas”.

En el texto se cita un informe reservado de la Policía Nacional, en el cual se menciona que en el país se registran 25 grupos delictivos organizados pertenecientes a diferentes organizaciones (no detalla cuáles son). Por ello, Ecuador se halla en el puesto 31 de 193 naciones en el ranking de presencia de organizaciones criminales del Índice Global de Crimen Organizado (IGCO).

Una organización de crimen organizado es “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La cita es de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

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Según la Fiscalía, los tres delitos con mayores denuncias por año son el tráfico de drogas, la tenencia y porte de armas, y el secuestro. “Delitos que van de la mano con el crimen organizado por su naturaleza y ejecución; data que vislumbra de manera inequívoca la problemática estructural que el Ecuador como Estado enfrenta por la naturalización del comportamiento de la delincuencia organizada…”.

Entonces, “se puede pensar en el narcotráfico como el ‘eje articulador’ de otros delitos conexos en los que incurren las organizaciones transnacionales con el fin de diversificar, aumentar y ocultar sus ingresos económicos”, lo que genera una afectación a la estabilidad democrática del país, la contaminación de su economía, la depredación de sus naturales y la alteración de la convivencia pacífica de los ciudadanos.

En el Informe Mundial sobre Drogas 2021 se indica que, en ese año, en Ecuador se incautaron 210 toneladas de droga, siendo el tercer país con más cocaína incautada. Entre enero y junio de este año se incautaron 107,5 toneladas de narcóticos.

El mismo informe —citado en el texto oficial— menciona que el valor monetario de la droga decomisada en los últimos cinco años ha sido de $ 1.360′744.344,91. En lo que va del 2022, el valor asciende a $ 261′047.923,38, lo que ha superado el de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

La posición geográfica de Ecuador ha contribuido a esta problemática, señala el régimen. Está ubicado entre Colombia y Perú, países que concentran la mayor parte de cultivos de la hoja de coca, y el océano Pacífico. Las cifras detalladas muestran la gran cantidad de droga que ingresa al país, lo que evidencia que ya no es un sitio de tránsito, sino que se ha convertido en un centro de distribución y exportación de aquella.

Adicionalmente, la Policía reporta que el 73,1 % de muertes violentas en el país se efectuó con armas de fuego, en el 2021, lo cual, según el informe enviado a la CC, “no es una coincidencia, pues las organizaciones criminales nacionales se han visto inmersas en actividades terroristas, pues están dotadas de armamento, municiones y explosivos suficientes para enfrentarse entre sí y con el personal de la fuerza pública”.

Este escenario ha sobrepasado las capacidades del Estado para cuidar su territorio y su infraestructura, admite el régimen. Cita un estudio internacional sobre capacidad de resiliencia de los Estados para enfrentar el crimen organizado. En el parámetro llamado “integridad territorial”, Ecuador tiene una puntuación de 4,5/10. Eso significa que sus acciones, principalmente a través de la Policía Nacional, que es el organismo que vela por la seguridad interna, son insuficientes.

Una de las muestras de esta pérdida de integridad territorial, cita el pedido de consulta popular, es el hecho de que los ciudadanos deban “cumplir con las normas impuestas por estas bandas criminales bajo amenaza”, entre ellas el pago de “vacunas” a cambio de protección, o sea, el chantaje extorsivo.

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La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsiones (Unase) ha recibido en lo que va del año 178 denuncias de “modalidad vacuna”, y resalta que esa cifra es “referencial”, pues se presume que existe una cifra negra que nace de las víctimas que no denuncian por temor a represalias.

La Policía reporta que las víctimas identifican como sus perpetradores a “presuntos integrantes de organizaciones criminales, las cuales se han autodenominado como AK-47, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Chonekillers, Choneros, El Capi, Endaras (Mama Luchas), Fatales, Firmes con los Firmes, Gánsters, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los Picas, Los Rusos, Lutgardo, Mafia Duende, María Luisas, R7, Tiguerones y Vatos Locos”.