Una segunda asesora de la asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, renunció en medio de las investigaciones por presunta gestión de cargos, y le pidió que utilice sus redes sociales para rectificar que “esta asesora No abusó de su confianza” (sic).

Carmen Zambrano Macías, que venía desempeñándose como asesora de Jiménez desde el 14 de mayo pasado, presentó su renuncia el martes último, y le pidió que rectifique sus declaraciones en las que inculpa a su equipo de trabajo de haber utilizado sus equipos tecnológicos para, presuntamente, gestionar cargos.

“Esta decisión (la de renunciar) corresponde a las falsas noticias de desprestigio en su contra que circularon en diferentes medios de comunicación y por las cuales usted expuso en sus redes sociales: ‘he sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales’”, discrepó Zambrano en la comunicación de su renuncia presentada a Jiménez.

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La ahora exfuncionaria rechazó “totalmente” esa declaración y enfatizó: “Es de vuestro conocimiento y de todos los que me conocen que mi actuar siempre ha sido y es transparente a la vez que ejecuté mis funciones con responsabilidad y honestidad”.

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Finalmente le conminó a rectificar su declaración. “Le deseo victoria en esta desagradable campaña de descrédito y le solicito que haga uso de sus redes sociales para rectificar su publicación aclarando que esta asesora No abusó de su confianza”.

Uno de los primeros asesores que renunció fue José Alvarado Arcos, al conocerse mediante publicaciones en medios de comunicación digitales como Periodismo de Investigación y La Historia EC, chats de WhatsApp, audios y supuestos depósitos bancarios, en los que estaría involucrada Jiménez, presuntamente gestionando cargos.

Jiménez es investigada por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional bajo la sospecha de que habría incurrido en dos prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativas a gestionar cargos públicos, contemplado en el numeral 3 del artículo 163 de la norma.

Y el numeral 4, sobre “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”.

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En un comunicado publicado en sus redes sociales el 22 de agosto, la legisladora acusó a su equipo asesor de su situación. “He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales”.

Agregó que todo se debía a una “deslealtad de infiltrados” en su equipo, antes de presentar un exhorto al presidente de la República para “detener el incremento despiadado del precio de los combustibles”.

Así también, en Twitter, responsabilizó a su exasistente Scarlett Lindao de haber aprovechado el cargo para “beneficio propio y de su marido Enrique Luces (proveedor en el sistema de salud y el IESS)”.

“Por eso requería la desvinculación de la Asamblea Nacional, porque ella era la persona encargada de manejar mis cuentas en redes sociales y mi celular personal. Sobre el cheque de $ 2.500 referido por mi exasesora Lindao, no existe ningún delito y mi aludido hermano dará a conocer lo que corresponda. Soy víctima de los más despiadados y crueles ataques para cooptar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional”, añadió. (I)