Exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias, ligado a una ‘offshore’ de las Islas Vírgenes Británicas

Los papeles de Pandora prenden una nueva alerta en las investigaciones sobre el comercio de crudo ecuatoriano. Esta filtración, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) junto con EL UNIVERSO y medios de todo el mundo, relaciona al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias Sandoval con una offshore de las Islas Vírgenes Británicas que operó entre 2012 y 2017.

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Arias ocupó ese cargo desde abril de 2010 hasta junio de 2017. Negoció y ejecutó los contratos para comprar y vender tanto crudo como derivados. Estuvo al frente de las preventas petroleras otorgadas a Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Firmó cinco de estos contratos por un total de $ 3.700 millones; también suscribió once enmiendas a algunos de esos acuerdos y otros del mismo tipo. Tenía el poder del comercio internacional petrolero.

Ahora, el paradero de Arias es desconocido. Él enfrenta las observaciones de la Contraloría General del Estado, que le ha impuesto predeterminaciones de responsabilidad que superan los $ 180 millones. Por su parte, la Fiscalía, que tiene abiertas al menos tres indagaciones previas relacionadas con el comercio internacional de petróleo ecuatoriano, no lo ha procesado.

Los papeles de Pandora evidencian que Arias fue cliente de Overseas Management Company (OMC Group), una proveedora de servicios societarios en paraísos fiscales. La filtración muestra que los empleados de OMC Group guardaban los documentos de sus clientes en carpetas digitales membretadas con el nombre de las empresas ligadas a ellos. Los de Nilsen Arias estaban almacenados en la carpeta nombrada Weland Trading Inc.

Ahí, OMC archivó una copia del pasaporte de Arias y dos certificados a su nombre: uno emitido por un banco ecuatoriano el 25 de octubre de 2012 y otro por una comercializadora de equipos electrónicos fechado un día después. Ese tipo de documentos eran un requisito que OMC exigía a sus clientes para realizar la debida diligencia, un proceso de revisión antes de dar paso a la adquisición de sociedades y nombramiento de directores.

Diario EL UNIVERSO envió un correo electrónico a Arias y a su abogada, María Teresa Torres Padrón. En entrevista, ella señaló que trató con su cliente sobre Weland Trading Inc., pero que no estaba autorizada a dar ningún comentario pues no tenía información sobre esa sociedad.

OMC Group constituyó Weland Trading Inc. en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) el 28 de agosto de 2012. En los papeles de Pandora consta que OMC Group facturó por esta incorporación en octubre de ese año, el mismo mes en que se fecharon los certificados emitidos a favor de Nilsen Arias. Sin embargo, en la filtración no aparece el nombre del beneficiario de esa compañía sino solo el del estudio jurídico que fungió como intermediario, Saez & Associates.

Sí consta que Weland Trading emitió ese mismo octubre un poder general, pero de igual manera los documentos filtrados no revelan a favor de quién ni con qué objetivo.

De acuerdo con el Registro de Asuntos Corporativos de IVB, OMC Group dejó de ser el agente registrado de Weland Trading Inc. en mayo de 2015. Esa actividad la asumió la firma Sucre & Sucre Trust Limited, otro proveedor de servicios societarios.

En enero de 2017, la compañía entró en liquidación voluntaria. El anuncio se publicó en la Gaceta Oficial de IBV. Según este documento, se nombró como liquidadora a Mónica Caiza, una ecuatoriana de 44 años con título superior en análisis de sistemas. En esa época, ella trabajaba como asistente en una constructora de Quito. En la Gaceta quedó registrada su dirección domiciliaria, en un conjunto habitacional ubicado en un sector popular de Calderón, en el norte de la capital.

Ahora, Caiza reside en España. EL UNIVERSO logró contactarla a través de sus familiares y por correo electrónico, pero no quiso dar declaraciones. Sus parientes se mostraron sorprendidos frente a la consulta de este Diario. “Yo no tenía conocimiento de esto”, dijo una hermana. Otro familiar contó que a Mónica Caiza le robaron los documentos personales en 2016 y manifestó: “Ella no salió del país en el 2017, ¿¡cómo pudo haber ido a cerrar dicha empresa!?”.

Las glosas

EL UNIVERSO publicó a finales de 2017 una investigación que reveló que Nilsen Arias firmó contratos modificatorios en los se cambiaron las fórmulas para calcular el precio del crudo prevendido a Petrochina, Unipec y Petrotailandia. El reportaje detalló cómo esos cambios perjudicaron a Petroecuador. Algunos de esos hechos ya habían sido determinados por Contraloría, otros fueron confirmados meses después.

Este Diario consolidó cuatro informes internos de la Contraloría General del Estado donde se detallan las sanciones económicas impuestas a funcionarios de Petroecuador, un informe de la defensa de Nilsen Arias y 17 demandas planteadas por él que buscan anular glosas emitidas en su contra.

Se encontró que Arias está señalado en 45 predeterminaciones de responsabilidades civiles y administrativas que ascienden a $ 187′904.410. El exfuncionario comparte la mayoría de estas sanciones con otras personas.

La abogada Torres indicó que solo le han notificado 33 predeterminaciones y que todas han sido impugnadas ante la Contraloría y ante el Tribunal Contencioso Administrativo; así que aún no existen resoluciones definitivas. “Ninguna glosa está en firme”, enfatizó.

De los 17 juicios planteados, Nilsen Arias ya ha ganado cuatro, con lo que ha logrado anular glosas por $ 17.120. Su argumento ha sido que la Contraloría incumplió los plazos para realizar los exámenes especiales, notificar los resultados y tramitar las impugnaciones presentadas por el exfuncionario.

Torres sostiene que eso sucede en el resto de glosas. “Todo está caducado”, sentenció.

Por su parte, la Contraloría ha ganado dos juicios, pues Arias no se presentó a las diligencias judiciales. Con ello, se ratificaron glosas por $ 26.155, que según Torres están siendo analizadas por la Corte Constitucional.

Aún están pendientes de resolver once causas por sanciones que suman $ 37,8 millones. Queda un largo camino judicial por recorrer.

De todas las glosas encontradas, la más grande es por $ 87,3 millones. Fue impuesta solamente a Arias. La sanción se basa en el examen especial DNA6-0029-2018 que auditó contratos de preventa de petróleo firmados con Petrochina y Petrotailandia. El informe concluyó que Petroecuador perdió ese monto porque el precio del crudo se calculó suponiendo que el transporte se haría en buques panamax, pero se lo hizo en otros más grandes.

Sobre esta sanción, la Contraloría está tramitando un pedido de revisión solicitado por Arias.

La segunda glosa más elevada es por $ 47,9 millones, que Arias comparte con Petrochina una parte y con Unipec otra. El castigo se originó en el examen especial DNA6-0012-2017. La auditoría encontró que Petroecuador tuvo ese perjuicio porque dos contratos modificatorios firmados por Arias cambiaron las fórmulas para calcular el precio de crudo prevendido a esas compañías chinas.

Los contratos originales, firmados en 2012, estipulaban que el precio debía ser calculado con base en los precios referenciales registrados cuatro días antes de cada embarque, el día del embarque y cuatro días después. Los contratos modificatorios establecieron que tras cada embarque se debía esperar diez días y tomar los precios referenciales de los cinco días subsiguientes. Esta nueva fórmula se introdujo en 2014, cuando el precio del crudo cayó en picada; por esa razón, los precios de los días posteriores eran más bajos. En esto consistió el perjuicio a Petroecuador, según la Contraloría.

Este organismo debe resolver una revisión planteada por Arias sobre esta sanción.

La tercera es una glosa de $ 28,1 millones compartida entre Arias y Petrochina. Como la primera glosa citada, esta sanción se debió a que hubo un perjuicio porque el petróleo se transportó en un buque más grande que el estipulado en la fórmula para calcular el precio del crudo. Arias planteó una demanda judicial para que el Tribunal Contencioso Administrativo anule esta sanción.

En sus demandas judiciales, Arias ha dejado sentado que no se encuentra en el país. Ha señalado que reside en Pembroke Pines, una ciudad del condado de Broward (Florida, Estados Unidos), en un departamento dentro de un gran condominio que le pertenece a una empresa inmobiliaria.

No obstante, su abogada informó que ya no vive en ese lugar, sino en Europa. Al ser consultada sobre en qué país, contestó: “Digamos que en todos y en ninguno”. (I)