Casos como Sobornos 2012-2016, asociación ilícita Odebrecht, helicópteros Dhruv, secuestro de Fernando Balda, Caminito, Secom, Senagua, hospital de Pedernales, Las Torres, Sinohydro, peculado del exminstro Xavier Vera Grunauer, Vocales ... son entre otros los que en los que ha participado directamente la fiscal general, Diana Salazar, en sus cuatro años y dos meses que ha ejercido como titular de la Fiscalía General del Estado.

El pleno de la Asamblea Nacional, el 8 de abril de 2019, posesionó a la ibarreña como fiscal general, luego de ganar el concurso de méritos y oposición realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, de los registros del entonces movimiento correísta Alianza PAIS, posesionó a quien debía estar en funciones por seis años, hasta el 2025.

En este tiempo, Salazar no solo ha abierto casos de corrupción los cuales los ha procesado en su totalidad como Sobornos, Las Torres o Sinohydro, sino también se hizo cargo de procesos que arrancaron en administraciones pasadas, como por ejemplo, el plagio del activista político Fernando Balda en Colombia por el que ha sido sentenciado el exsecretario de Inteligencia del correísmo Pablo Romero, y mantiene un llamado a juicio en suspenso el expresidente Rafael Correa; o el caso por asociación ilícita Odebrecht, en el que fue condenado el exvicepresidente Jorge Glas a seis años de cárcel. Esta última causa la inició el fiscal general Carlos Baca Mancheno, cercano al correísmo, y en la casación, con la que quedó en firme la pena, estuvo Salazar.

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Al revisar la página web de la Fiscalía, uno de los primeros casos identificado como de “connotación” está el que inició conociéndose como Arroz Verde y terminó siendo bautizado como Sobornos. Por el fallo en firme en este caso el expresidente Correa y otros exfuncionarios de su Gobierno se mantienen en calidad de prófugos de la justicia. Jorge Glas y Alexis Mera fueron de los pocos procesados que ingresaron a la cárcel a cumplir la pena impuesta.

En esta causa se investigó la existencia de un esquema de corrupción que se mantuvo durante los periodos presidenciales de Correa. La Fiscalía aseguró que se utilizaron varias instituciones del Estado como plataformas para entregar contratos y convenios con empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos que tenían la imagen de “donaciones”. De los 20 condenados, al menos diez eran exfuncionarios públicos que fueron parte de los periodos correístas.

Sobornos es el caso por el que más se ha atacado y criticado a la fiscal Salazar. Se ha dicho que para el procesamiento se han forjado pruebas y que todo respondió a un tema político para evitar la postulación presidencial de Rafael Correa.

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La fiscal general asegura que el caso Sobornos, al igual que todos los que ha iniciado, es fuerte. Cree que los ataques que ha recibido y está recibiendo en la actualidad buscan sacarla del cargo para tomarse la Fiscalía y avanzar con su pretensión de que los casos de corrupción en que han recibido una condena expresidentes, exvicepresidente de la República y otras exaltas autoridades del Estado queden en la impunidad.

Detrás de todo los ataques, a decir de Salazar, están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión; el excontralor Pablo Celi e incluso empresarios procesados en casos de corrupción. Para Salazar, todos los actos con los que buscan atacarla, están conectados.

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A través de su cuenta de Twitter, Correa le ha respondido a la fiscal general. “No, señora (no busco impunidad). Yo busco justicia, que es la peor maldición para personas corruptas, perversas y tontas como usted. Tiene razón en estar desesperada. Ya falta poco ...”.

Respecto a otras causas, por pedido de la fiscal Salazar, Freddy Carrión está en la cárcel cumpliendo una sentencia de tres años, ratificada en dos instancias en la Corte Nacional, como autor del delito de abuso sexual; mientras que el excontralor Pablo Celi mantiene una sentencia de primer nivel de trece años y cuatro meses de prisión por el delito de delicuencia organizada. Los dos procesados han insistido que no hay pruebas contundentes que los relacionen con el caso y que, más bien, todo tiene que ver con una persecución política.

Justamente, Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Carrión, es parte del colectivo Acción Jurídica Popular que impulsa en tres instituciones públicas la denuncia de que existe un porcentaje alto de plagio en la tesis doctoral de Diana Salazar. Una Comisión de Auditoría Académica de la Universidad Central del Ecuador (UCE), el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana analizan las solicitudes interpuestas por la organización.

En el caso helicópteros Dhruv, en el que son acusados los exministros de Defensa del correísmo, Javier Ponce y Wellington Sandoval, y otras 16 personas de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra, en 2018, de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, se está a la espera de que el juez Corte Nacional Luis Rivera dé a conocer su resolución de si llama o no a juicio a los acusados por peculado.

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Aunque se mantiene en fase de investigación previa desde hace más de doce años, Salazar también lleva adelante diligencias relacionadas con la muerte del general de la FAE Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010. En febrero pasado, la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte de Gabela.

De una parte se habla que el asesinato del general Gabela se dio durante el asalto que se produjo en su casa; mientras que la familia del uniformado sostiene que la muerte está relacionada con las denuncias que él hizo sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv.

Entre los últimos casos que le han valido críticas a la fiscal Salazar por una supuesta persecución política están el definido como Sinohydro, en el que se procesa al expresidente Lenín Moreno, a su esposa, su hija y un hermano, además de otras 33 personas, por el delito de cohecho. Se acusa que existió una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

En este proceso se señala que a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que fueron repartidos entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques. Moreno se mantiene en Paraguay y no ha cumplido su medida cautelar de presentación periódica, pese a que dentro de poco se cierra la instrucción fiscal.

Caso Sinohydro: desde la empresa Recorsa se repartieron $ 76 millones a dos núcleos familiares, funcionarios públicos y representantes chinos

Está también el iniciado el 16 de mayo pasado contra el exministro de Energía del Gobierno de Guillermo Lasso, Xavier Vera Grunauer, quien es acusado por la fiscal Salazar del delito de cohecho. A él se lo relaciona con la entrega y recepción de dineros indebidos a cambio de beneficios personales dentro de la administración pública, es decir, a cambio de la entrega de cargos públicos. Al momento Vera Grunauer y Adrián Alfonso Zamora, quien dio $ 150.000 a cambio de un puesto, son señalados como autores directos.

Finalmente, el procesamiento que de alguna forma ha tensado la relación con el Consejo de la Judicatura es el conocido como caso Vocales, que tiene que ver con la formulación de cargos solicitada por Salazar contra los integrantes de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo. A los dos vocales y al juez de Pichincha, Vladimir Jhaya, la Fiscalía busca procesarlos por el delito de tráfico de influencias. El próximo 7 de junio está convocada en la Corte Nacional de Justicia la audiencia para dar paso a la formulación de cargos.

Unos audios en los que se escucha hablar al vocal Juan José Morillo, en presencia de la también vocal Maribel Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de sus destitución, es lo que le sirvió a la Fiscalía para, en junio de 2022, abrir una investigación previa.

Diana Salazar como fiscal ha recibido críticas por no avanzar en casos penales como el conocido Pandora Papers, que relacionaría supuestamente al presidente Lasso; la investigación contra Leonidas Iza y otras autoridades indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); la causa que tendría que ver con la negociación de puestos en el sector público denominada el Gran Padrino o Encuentro, entre otros, en el que se le acusa de discrecionalidad para seguir con las investigaciones. (I)