Ampliar la prescripción de la extinción de dominio a 80 años es una de las medidas recogidas en el proyecto económico urgente de ley orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que presentó el Gobierno nacional para modificar varias leyes y generar recursos para el fisco.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional conocerá la tarde de este lunes, 29 de enero de 2024, el informe para primer debate del proyecto económico urgente de ley orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que presentó el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

La iniciativa incluye cambios a las leyes de la Contraloría General, de la Procuraduría General del Estado, para que pueda actuar como acusadora particular e impulsar la ejecución de las sentencias sobre extinción de dominio.

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A la ley de contratación pública, que entre otros temas crea una Unidad Antilavado y Anticorrupción en el sistema del Sercop y la participación de observatorios ciudadanos.

También a los códigos Orgánico Administrativo y Civil; a la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, para que las armas después de un proceso judicial pasen a uso de la fuerza pública.

Para este primer debate el informe borrador que conoció este Diario hizo cambios de forma al artículo 3 que señala: «La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso jurisdiccional».

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La propuesta de Noboa incluía la frase «la extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial».

La ley vigente cita que esta acción consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni competencia alguna para su titular ni quien ostente o se comporte como tal, y se aplica sobre bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias a derecho.

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La presidenta de la Comisión, Nathaly Farinango, de la bancada oficialista de ADN, indicó este lunes que para aplicar la extinción de dominio «no se necesita sentencia ejecutoriada, porque este es un proceso independiente, persigue a los bienes, no a las personas».

Ello en relación a una modificación del artículo 7 de que plantea que «toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley. En ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio».

Empero, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC), que determina que este tipo de modificaciones vulneran la garantía de la presunción de inocencia y da «un trato en calidad de culpable a una persona aun ante la inexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada que haya desvirtuado su inocencia» y, por tanto, vulnera el debido proceso.

Otro de los cambios que integra el informe es lo planteado por la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, para reducir plazos en la investigación patrimonial.

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La norma actual da un plazo de doce meses para la investigación desde que conoce de la sospecha de bienes ilícitos; y, si están fuera del país se permite solicitar un plazo adicional de seis meses.

Noboa busca que la investigación patrimonial se inicie en el plazo de tres meses, y una prórroga de seis meses.

El texto borrador de la comisión incluyó que la investigación patrimonial se dé dentro del plazo de seis meses desde la culminación de la fase preliminar de indagación y verificación de bienes; y, una prórroga no mayor a seis meses. Si falta contestación de la asistencia penal internacional, podrá solicitarse una nueva prórroga por el mismo plazo.

Otra redacción se refiere a la prescripción de la extinción de dominio. La propuesta es modificar el artículo 4 para que la acción prescriba después de transcurridos 80 años desde la fecha en que se adquirieron los bienes.

Actualmente, la prescripción es de quince años contados.

Noboa no hizo planeamientos al respecto, ya que esto lo introdujo en su propuesta de enmiendas a la Constitución para que la extinción de dominio sea imprescriptible y que no se requiera de sentencia ejecutoriada.

La Corte Constitucional negó esta pregunta porque establece una restricción a derechos y garantías constitucionales y recordó que el derecho a la seguridad jurídica comprende un ámbito de certidumbre y del derecho a la defensa.

Sobre la imprescriptibilidad, la Corte anotó que eso implicaría que las personas vivan a perpetuidad sometidas a la posibilidad de ser sujetas a un proceso de extinción de dominio y tendrían que tener a perpetuidad todos los medios de justificación para su defensa.

En esa línea, el legislador de Construye Jorge Peñafiel cuestionó el proyecto, porque hay una «incoherencia clara» con la consulta popular al pretender «dividir la sentencia ejecutoriada y en la ley hace todo lo contrario: la ratifica».

Esto, porque además, la CC aprobó el cuestionario de consulta popular de Noboa que tiene una pregunta para simplificar el proceso de extinción de dominio.

Otra medida en la reforma legal es el destino de la monetización de los bienes, para lo que se sugiere que un 80 % vaya a inversión en programas destinados a desarrollo integral infantil, erradicación del trabajo y la desnutrición infantil, entre otros.

Otro 10 %, para la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía General; y, el restante 10 %, para obras de infraestructura y desarrollo social de los gobiernos locales parroquiales.

Noboa, en cambio, planteaba un porcentaje del 90 % para programas de desarrollo infantil; y, el 10 % para a la Fiscalía.

Pero la Corte también sentó norma sobre estos mecanismos, pues el artículo 298 de la Constitución ordena reservar un porcentaje de los ingresos del Estado para los gobiernos autónomos, para los sectores de salud, educación y educación superior; y para la investigación, ciencia, tecnología e innovación.

Es decir, están fijados los únicos sectores para los que se puede reservar una parte o porcentaje de los ingresos del Estado, pero no determina ese tipo de porcentajes. (I)