Por el fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ), la mañana de este miércoles 22 de febrero, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a esta institución que señale fecha y hora para formular cargos por el delito de cohecho en contra del expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos Renán y Edwin Moreno Garcés, dos cuñadas y otras 30 persona, entre exfuncionarios públicos, cercanos a Moreno, un embajador chino, y representantes legales de la empresa Sinohydro y Comercial Recorsa.

Según la Fiscalía, estas 37 personas son parte de una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre el 2009 y el 2018. A Lenín Moreno se lo investiga por acciones cometidas supuestamente en su paso como vicepresidente de Rafael Correa.

La investigación previa de este caso fue abierta el 18 de mayo de 2019 y se conocía como INA Papers, pero en adelante, aseguró Salazar, se conocerá oficialmente como caso Sinohydro.

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Además de los familiares del expresidente Moreno, también se pide la audiencia de formulación de cargos para Conto Augusto Patiño, cuatro de sus hijos y otros familiares (Xavier José M. C., María Auxiliadora P. H., Juan Carlos P. H., Patricia de las Mercedes P. H., Manuel Ignacio P. H., Victoria María P. CH., Juan Manuel D. P., Francisco José Ch. C.).

Además serán procesados dos exgerentes general y técnico de Coca Codo Sinclaire, Henry de Jesús G. C., Luciano Enrique C. V., y la esposa de uno de ellos, María Augusta del Rocío B. C. Francisco Enrique C. L. El exembajador chino Cai R. y Yang H., quienes en su momento fueron representantes legales de Sinohydro; Song D., Wu Y. y Alie A.

Finalmente a un grupo de entonces funcionarios públicos como Ximena del Rocío D. V., Pablo Aníbal A. A., Mónica Alexandra O. J., Mauricio Javier P. D. A. D., Pablo Honorio Z. M., Francisco Esteban E. N. y personal de confianza de la empresa Comercial Recorsa S. A., incluidos su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas, José Eduardo C. V., Juan Cristóbal S. S., Rocío del Carmen G. E. Mercedes del Pilar C. A., Carlos Oswaldo A. A.

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Para la Fiscalía, el monto del cohecho investigado sería de $ 76 millones que correspondería a aproximadamente el 4 % del valor contratado por la obra que inicialmente fue de $ 1.979 millones.

“Esas decenas de millones en dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultorías y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”, explicó la fiscal Salazar.

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Para llegar a este punto se habrían realizado 89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, trece pericias, trece audiencias privadas, cinco allanamientos y diez asistencias penales solicitadas a países como Panamá, Belice, Suiza, China, España y Estados Unidos.

Destacó la fiscal general que la cooperación internacional es importante para investigaciones como esta, porque coadyuvan a demostrar fehacientemente la configuración del delito y sus alcances fuera del territorio nacional. Pese a ellos, resaltó Salazar, en este caso China no habría respondido hasta el momento la asistencia penal solicitada.

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“La Fiscalía actuará en esta causa con todo el rigor y la fuerza de la ley para impedir que esta nueva trama de corrupción quede en la impunidad”, concluyó la fiscal Salazar.

Desde mediados del 2021, Moreno no se encuentra en el país. Él viajó en agosto de 2021 por motivos familiares y de trabajo a Miami, Estados Unidos, y luego se informó que desde finales de enero de 2022 se radicaría en Asunción, Paraguay, para liderar la oficina del Comisionado para Asuntos de Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA). (I)

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