Familias de víctimas mortales del paro nacional siguen a la espera de que se haga justicia

Casi cinco meses han pasado desde que la familia Sislema Minta perdió para siempre a uno de sus hijos, Juan Manuel, herido durante el paro nacional de junio pasado al igual que su hermano Luis Armando, quien sobrevivió, pero no logró recuperar la movilidad del cuerpo por completo. Manuel, padre de ambos, cuenta que han sido meses difíciles y que la ayuda o la justicia sigue sin llegar su hogar.

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La muerte de su hijo, luego de permanecer 49 días en coma por el estado crítico en que lo dejó el impacto de perdigones en la cabeza, dejó en la orfandad a dos niños de 10 y 6 años de edad y a una esposa que sigue en la búsqueda de un empleo.

“Mi nuera quedó viuda y no tiene trabajo, para mi otra nuera también las cosas están complicadas, mi otro hijo está invalido y ninguno tiene trabajo, su tratamiento es costoso, son 10 dólares diarios de forma privada y no siempre tenemos, nos toca ir al hospital a diario, pero no siempre se puede”, cuenta.

Sobre la espera de que se haga justicia, Manuel explica que hace dos meses fue la última vez en la que recibieron novedades sobre el proceso en la Fiscalía para verificar en cámaras de seguridad lo que ocurrió el día en que sus hijos fueron heridos en su natal Chimborazo el 17 de junio, en el cuarto día de movilizaciones.

“No hemos tenido ningún resultado, aún no podemos encontrar al culpable de lo que pasó con mis hijos”, lamenta al igual que la falta de apoyo de parte del gobernador, quien conoció el caso, pero no gestionó ninguna ayuda.

Juan Manuel es parte de las nueve víctimas mortales que dejó el paro nacional, según el conteo revelado en el informe: “Situación de derechos humanos en el primer año de gobierno de Guillermo Lasso y del paro nacional 2022, presentado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), a inicios de este mes de diciembre.

Los otros ocho fallecidos son: Johnny Félix Muenala, Byron Guatatuca, Henry Quezada Espinoza, Franco Íñiguez Camacho, Marcelino José Villa Romero, José Polivio Chimarro Quishpe (miembro de las Fuerzas Armadas que murió en un operativo militar en Shushufindi), Francisco Guashco Poago y Juan Carlos Vargas Chango.

Según el padre de Juan Manuel, la Conaie ha mantenido reuniones con las familias de las víctimas en Quito y está a la espera de que se encuentren más pruebas para poder apoyarlos con abogados.

En el informe, tanto el movimiento indígena como la Alianza aseguran que ninguna persona víctima de violaciones a derechos humanos del paro de octubre de 2019 y del de junio de este año ha recibido justicia ni reparación integral.

Del total de civiles fallecidos, cuatro sufrieron impacto de perdigones, balas o bombas, dos fallecieron en un contexto de persecución policial y militar en medio de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y dos más por acciones presuntamente intencionales cometidas por civiles en razón de ser manifestantes indígenas, según el informe.

En el documento se menciona que durante las protestas existió un uso abusivo de la fuerza con armas de fuego y perdigones que ocasionaron, además de las muertes, 318 personas heridas, 22 de gravedad; 31 mujeres agredidas y 199 detenciones, en lo que calificaron como criminalización de la protesta.

Entre las lesiones y agresiones más identificadas durante el paro nacional, el informe refiere casos de asfixia por gas lacrimógeno, daño ocular por bomba lacrimógena, fracturas múltiples por ser arrojados a quebradas por policías, lesiones por impacto de proyectil en el rostro y tórax, impacto de arma en tórax y de perdigones en el cuerpo, muerte cerebral por impacto de perdigones en el cráneo, mutilación de extremidades superiores y pérdidas oculares por bombas y perdigones.

Otro tema que se resalta en el documento es en cuanto al uso de armas que utilizaron los miembros de las fuerzas armadas y se denuncia que esta información es reservada y que no se ha tenido acceso para poder determinar qué armamento se utilizó.

De parte del Estado, se conoció en su momento que se abrieron investigaciones. La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente cifras de que existen un total de 403 procesos penales abiertos, de los cuales 369 se encuentran en investigación previa y 34 en instrucción fiscal.

Sin embargo, en el informe se menciona que en la información proporcionada por la Fiscalía no se evidencia una clasificación de cuántas personas están siendo procesadas por cada tipo de delito y en qué lugares del país, limitándose a datos más generales.

Comisión legislativa elaboró informe

En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional se aprobó también este año un informe, no vinculante, relacionado al paro de junio, el legislador Fernando Cabascango, presidente la Comisión, facilitó el documento.

En este, los legisladores llegaron a las conclusiones de que el “Gobierno nacional buscó posicionar una narrativa de estigmatización de la protesta social asociándola a categorías “desestabilizadoras”, “delincuenciales” y “terroristas” y que existió uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, violación a los recintos y predios universitarios y presumiblemente posibles crímenes de lesa humanidad que desencadenaron muertes, lesiones graves y violencia física generalizada contra la población civil.

Asimismo, que la Policía Nacional al hacer uso desproporcionado de la fuerza, desatendiendo lo que indica el Acuerdo Ministerial 4472 de fecha 10 de julio de 2014, con el fin de disuadir manifestaciones sociales es proclive a cometer transgresiones contundentes a los derechos humanos y hacen énfasis en que las acciones encaminadas a mantener el orden usando métodos coercitivos no exime al Estado de las responsabilidades jurídicas y políticas en un contexto generado, dada la permanente inobservancia a la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Como recomendaciones, los asambleístas sugirieron al Ejecutivo elaborar y aplicar políticas públicas adecuadas, para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables.

Además a los ministerios del Interior y de Defensa instaron a iniciar los procesos de investigación en la vía administrativa y disciplinaria de servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneraron los derechos humanos y se remita los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Defensoría del Pueblo.

A la misma cartera de Estado se pidió fortalecer los procesos de capacitación integral continua a todos los servidores policiales y militares en todos sus niveles y jerarquías en materia de derechos humanos, derechos constitucionales y las obligaciones de orden constitucional y convencional que tienen para garantizar los derechos y las libertades fundamentales.

En el tema de las víctimas mortales, los legisladores piden a la FGE iniciar las investigaciones correspondientes respecto de las causas por las cuales los ciudadanos perdieron la vida e iniciar los procesos legales correspondientes para identificar con los causantes de estos decesos, así como determinar el grado de responsabilidad de quienes se encontraban al frente de las diferentes carteras de Estado que intervinieron en el contexto de las movilizaciones por omisión de sus funciones. (I)