Del relato acusatorio dado por la fiscal Ana Hidalgo se desprende que Carlos A., alias el Invisible, y Laura C., alias la Flaca, son las piezas clave del proceso penal que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto a pesar de que hayan existido otras tres personas que, junto con ellos, fueron llamados a juicio por la jueza de Pichincha Irene Pérez.

La Fiscalía identifica a Carlos Edwin A. L. como autor mediato del asesinato al estilo sicariato, porque habría dado la orden al hoy fallecido Jojhan Castillo para victimar a Villavicencio. Este objetivo lo habría cumplido vía celular desde el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, donde cumple una sentencia condenatoria por otro delito. Información extraída del celular del gatillero, que fue encontrado en el lugar del crimen, reveló este y otros hechos que relacionaron a Carlos A.

Fiscalía señala a Carlos A., alias ‘Invisible’, como autor mediato del crimen de Fernando Villavicencio

Mientras tanto, a Laura Dayanara C. V., a quien se la llamó a juicio como coautora, se la ubica como líder de una de las facciones de la banda criminal Los Lobos. Según la Fiscalía, ella participó en la planificación del atentado a través de una videollamada con Carlos A., y se encargó de la logística del delito proporcionando al grupo de sicarios vehículos, dinero, armas, camisetas del partido de la víctima y gorras. Además recorrió con otros de los procesados los lugares donde se ejecutó el asesinato.

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Esa importancia dentro de la organización del crimen le hace pensar a Verónica Sarauz, viuda del candidato asesinado, sobre la seguridad de estos dos procesados en las cárceles en que se encuentran. Cree que la única salida que tienen ambos para garantizar su seguridad es cooperar con la Fiscalía. Toma en cuenta que ya siete procesados, parte de los supuestos sicarios, entre el 6 y el 7 de octubre pasado fueron asesinados en los lugares en que estaban recluidos cumpliendo su orden de prisión preventiva.

“A este señor Carlos A. alguien le contrató para que a su vez busque a los sicarios para que asesinaran a Fernando. Él es clave en el proceso para llegar a los autores intelectuales. Aprovecho y le exhorto a Carlos A. y a Laura C. que hablen y tengan un poco de conciencia después de lo que hicieron. Deben tener en cuenta que su vida está en peligro: no van a llegar, entiendo que no llegarán vivos al proceso del juicio, porque ya lo hicieron con los sicarios, y la gente que los contrató no va a dejar cabos sueltos. La única manera de protegerse para ellos sería cooperar con la Fiscalía”, señaló Sarauz.

Al inicio de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía solicitó la extinción de la acción penal para siete de los procesados que también eran parte del grupo de autores materiales: Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., todos de nacionalidad colombiana, así como el ecuatoriano José M. Ellos fueron encontrados sin vida en las cárceles donde guardaban prisión preventiva: los extranjeros fueron encontrados asfixiados el 6 de octubre pasado en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil; y el ecuatoriano, también con signos de asfixia, fue ubicado en su celda en la cárcel de El Inca, en el norte de la capital, el 7 de octubre de 2023.

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Actualmente, Carlos A. se mantiene internado en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, pero previamente estuvo en el CPL de El Inca, también en el norte de la capital. Por varias ocasiones, el recluso con ayuda de abogados ha intentado, a través del recurso de habeas corpus, que se lo traslade al CPL de Cotopaxi o al CPL de El Turi, en Azuay. En la mayoría de estos intentos, los cuales finalmente fueron negados por un juez, se pedía el cambio de prisión afirmando que está en riesgo su vida y su integridad.

En cambio, Laura C. se encuentra en un pabellón de mujeres del CPL de Cotopaxi. A más del proceso penal por el asesinato de Villavicencio, la mujer de 23 años de edad tiene encima otra causa por el delito de delincuencia organizada. Ella quedó de lado en una causa en que se investigaba el delito de tenencia y porte de armas y en la que fue detenido con el colombiano Jojhan Castillo, director responsable de los disparos que acabaron con la vida del presidenciable el 9 de agosto pasado.

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A la asambleísta del movimiento Gente Buena Gisella Molina, más allá de que hayan sido llamadas a juicio cinco personas ubicadas en el ámbito de la ejecución del candidato presidencial, le tranquiliza el que todo el país conoce que el asesinato de su amigo y excompañero en el Legislativo Fernando Villavicencio es un crimen político.

Al igual que la mayoría de personas cercanas al político, la legisladora tiene claro que no han sido los miembros de la organización delictiva de Los Lobos quienes por sí solos decidieron atentar contra el candidato, sino que sobre ellos existieron personas que ordenaron el crimen. Molina fue una de las doce personas que resultaron heridas en el ataque criminal contra Villavicencio. Tres policías, militantes políticos y una persona que circulaba en un vehículo resultaron con heridas por los disparos.

Ramiro García, abogado de la viuda de Villavicencio, quien actúa como acusación particular en el proceso penal por asesinato, explica que la seguridad de los detenidos y sospechosos depende de la Policía y del Servicio Nacional de Atención a Personas privadas de la Libertad (SNAI), es decir, del Gobierno.

Recuerda que en menos de dos días ejecutaron a siete procesados, los cuales tenían orden de traslado, disposición que no fue cumplida, dándose así antes los asesinatos. (I)

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