Fernando Villavicencio califica a nueva queja en su contra como parte del ‘manicomio’ que se ha instalado en la Asamblea para perseguirlo

El asambleísta independiente Fernando Villavicencio asegura que la nueva queja en su contra, esta vez presentada por la legisladora del ala Rebelde de Pachakutik, Mireya Pazmiño, es muestra de que “continúa este linchamiento político y judicial” en su contra. “Un auténtico manicomio se ha instalado en la Asamblea Nacional orientado a perseguir a quien preside la Comisión de Fiscalización”, dijo.

Villavicencio asegura que se lo pretende suspender por supuestamente vulnerar los plazos al haber presentado el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pazmiño presentó su queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 1 de diciembre pasado.

En su escrito la legisladora Pazmiño presentó como prueba única un memorando del 11 de noviembre pasado emitido por el secretario general de la Asamblea Nacional, a través del cual se daría fe de que los plazos previstos en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) fenecieron por omisión de Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización.

Según Villavicencio, suman ya diez quejas, querellas y denuncias en la Fiscalía en su contra. Recordó que cinco quejas al CAL pidieron su suspensión, cuatro de ellas por haber emitido comentarios en redes sociales y una de estas fue declarada improcedente por la jueza de Garantías Constitucionales Soledad Manosalvas. Ahora Pazmiño presenta una queja invocando el artículo 170, numeral 4, de la LOFL.

Este articulado habla de incumplir con los procedimientos, exceder los plazos y términos previstos en la LOFL y los reglamentos institucionales para la presentación de informes para primer y segundo debate.

“La queja presentada por la legisladora Mireya Pazmiño es parte de la demencia política en contra de Fernando Villavicencio. La señora invoca el artículo 170, numeral 4, de la LOFL para pedir una sanción de 30 días. (...) Es decir asambleísta Pazmiño, en donde está que yo haya vulnerado el 170, numeral 4. Este artículo no hace referencia al procedimiento y aprobación de informes de juicios políticos de la Comisión de Fiscalización, se refiere a los informes de tratamiento de aprobación de los proyectos de ley en las otras comisiones. La Comisión de Fiscalización es la única que está exenta del trabajo de construcción de proyectos de ley”, sostuvo el legislador independiente.

Detrás de todo esto está el ánimo de perseguir, sostiene Villavicencio, quien explicó la temporalidad de todo lo sucedido en torno al informe de la Comisión de Fiscalización que solicitaba el juicio político de los siete consejeros del CPCCS.

Jueza dispone la reintegración inmediata de Fernando Villavicencio a la Asamblea

Criticó el legislador independiente que haya sido el secretario de la Asamblea quien interpretó que han precluido los plazos.

“Quién es el señor secretario de la Asamblea, quién le ha dado las potestades para él interpretar si se ha respetado o vulnerado la LOFL. El único órgano que debía hacerlo es el pleno de la AN, pero el señor secretario se convirtió en el pleno de la Asamblea y él decidió que han precluido los plazos. El señor secretario tendrá que responder legalmente por haber remitido este memorando y con base en este memorando Pazmiño presenta la queja”, sostuvo.

Cree Villavicencio que una vez más se piensa incurrir en el mismo delito que ya incurrió el CAL: sancionarlo sin la existencia de norma. Esta situación, manifestó, ya ocurrió al querer sancionarlo por emitir un tuit en mi red social, lo cual no contemplaba la LOFL, y ahora, dice el aludido, pretenderían nuevamente violar la ley supuestamente haber actuado fuera de plazos.

Este martes 13 de diciembre Villavicencio solicitó a la jueza Manosalvas que a través del Defensor del Pueblo exija al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el cumplimiento de la sentencia que dejó insubsistente su suspensión de 31 días. “El país debe conocer que hasta el día de hoy la Asamblea no me paga mi sueldo, ni ha ofrecido disculpas, como manda la sentencia. Esto es un claro desacato a una jueza constitucional”, concluyó. (I)