La fiscal general del Estado, Diana Salazar, reveló ante la comisión ocasional que indaga el caso denominado El gran padrino, que los documentos que reposan en esa instancia sobre la investigación de posibles vinculaciones de narcotráfico en el país difieren del expediente original que está en la Fiscalía provincial de Manabí, que mantiene doble reserva y por ello no se pude exponer. Agregó que se inició una investigación para determinar a los responsables de la filtración.

Con la segunda comparecencia de Salazar, la Comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción cerró la etapa de testimonios y centrará su esfuerzo en elaborar el informe que deberá ser aprobado en la mesa y luego debatido en el pleno de la Asamblea, donde se espera tomar una resolución. Según las autoridades de la comisión, el informe lo presentarían el próximo miércoles.

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La presidenta de la comisión, Viviana Veloz (UNES), se refirió al motivo de la presencia de la Fiscal tras la entrega de un informe sobre una investigación previa n.° 130801821050133, por parte del medio digital La Posta, referente a una investigación de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional y que habría sido archivado, y que se refiere al tráfico ilícito para el consumo interno y que se conoce que el informe fue archivado por petición de la Policía Nacional y a lo que dio paso el juez de la causa.

En su exposición ante los integrantes de la mesa, Salazar afirmó que la información sobre la investigación se encuentra cobijada por la reserva de ley contemplada en los artículos 564 y 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), siendo imposible para la Fiscalía General del Estado proporcionar copias o documentos que se encuentren dentro del expediente por expreso mandato legal.

Que los asambleístas Fernando Villavicencio (CN-PSE) y Ana Belén Cordero (CREO) solicitaron copias del informe, pero no se puede emitir por la reserva del caso, más aún cuando el informe 006-20-22-PJIC, correspondiente a los progresivos de interceptaciones de llamadas telefónicas, cuentan dentro del expediente, con declaración de reserva judicial ordenada y dispuesta por el juez competente sobre la base del artículo 490 del COIP, configurando así en la doble reserva de información.

Informó que incluso por conocer de esta protección de divulgación reforzada he dispuesto el inicio de una investigación previa a fin de determinar las personas y los motivos responsables de la filtración del informe policial con cláusulas de reserva que ha sido publicitado en redes sociales y medios de comunicación y que ahora es de conocimiento público.

Al respecto, puntualizó, que las características formales de los documentos expuestos en la comisión legislativa y a través de medios de comunicación no correspondiente con los distintivos originales que constan en el expediente; por lo cual, se podría descartar fácilmente que dicha información haya salido de la propia Fiscalía General del Estado.

Los documentos presentados en redes sociales y ante la comisión difieren de aquellos que reposan en el expediente original, insistió.

Difieren en la forma, por ejemplo, las impresiones que constan en el expediente original de la Fiscalía General del Estado son en blanco y negro; mientras que las impresiones que circulan en redes sociales y que tiene la comisión se encuentra a color, las imágenes se encuentran a color, se podría decir que a la Fiscalía le entregaron el borrador del informe y el original del informe los suscriptores lo difundieron por ahí.

También, añadió, difiere en la foliatura del expediente, lo que consta en redes sociales no está foliado, el expediente desde el minuto cero se encontraba foliado, lo propio en la página 1, que ha sido expuesta se encuentra una hora del recibido de ese informe en la Fiscalía Provincial de Manabí, y en el informe al que tuvo acceso la comisión legislativa no tiene esa hora; es decir, que la persona que ingresó ese parte a la Fiscalía luego lo circuló no se sabe con qué fin.

Sobre el fondo, dijo, que no se puede pronunciar, toda vez que es reservado por mandato legal y por el propio juez, conforme se encuentra en la resolución de fecha 21-03-2022, en el numeral sexto que dice: “con fundamento en lo dispuesto en los artículos 472 numeral 3 y 490 del COIP, se dispone que la información y la documentación general con motivo de las captaciones investigativas que se efectuara en la Fiscalía de Manta, en la presente indagación se mantengan en absoluta reserva con excepción de las partes y sin perjuicio que la Fiscalía como titular de la acción penal pueda proceder un caso incumplimiento de esta orden de reserva y formule cargos en contra de quien divulgue información de carácter reservado que incurra en el delito establecido en el numeral 2 del artículo 180 del COIP”.

Viviana Veloz manifestó que lo único que ha informado la fiscal Diana Salazar, que el informe que reposa en la Fiscalía es distinto en la forma y no en fondo.

Tomó como ciertas las afirmaciones del general de la Policía, Víctor Aráuz, de que el informe es real y veraz, y pues tiene el mismo número de expediente, y que se abrirá una investigación para determinar quién filtró el documento e incluso que analiza la posibilidad de reabrir la investigación que se refiere a delitos de narcotráfico con la mafia albanesa, pero la legisladora recordó que el inicio de la investigación fue por la estructura de corrupción dentro de las empresas públicas.

La legisladora no descartó que en el informe se solicite el levantamiento de la reserva de este expediente fiscal.

Fuero de Corte

La máxima autoridad de la Fiscalía señaló que dispuso el control jurídico sobre el expediente de investigación y se reasignó a un fiscal en Quito para que analice la pertinencia o no de reabrir la investigación. Si hay nuevos aportes o elementos se abrirá.

Salazar indicó que de los elementos recabados, al momento, no existe una persona señalada en el informe que se encuentre bajo fuero de corte nacional y de hecho, del informe de control jurídico tampoco se desprende, por el momento, ese tema. “De aparecer elementos que vinculen a una persona que se encuentre con fuero la Fiscalía asume el conocimiento íntegro del expediente”.

La investigación se debe realizar de forma objetiva con un análisis minucioso de lo que se obtiene; existe un informe de las transcripciones de las interceptaciones que no ha sido analizado, para esto es la reasignación a otro fiscal especializado en delincuencia organizada que conocerá, evaluará y analizará tomando las mejores decisiones; si se llega a desprender la presunta responsabilidad de personas con fuero se remitirá el expediente a la Fiscalía General.

La investigación se inició por una presunta estructura dedicada a actividades relacionadas con el narcotráfico, anotó, y si no aparecen personas con fuero, los fiscales no tienen obligación de alertar.

Anunció que espera conocer el informe de la comisión legislativa ocasional y si hay nuevos aportes se investigará, pues la causa no está prescrita y se puede reabrir, pero se debe tener el compromiso de parte del Estado y de los agentes que colaborarán en el desarrollo de la investigación, pero los agentes fiscales no hacen seguimiento, y por lo tanto, se requiere de apoyo de la Policía Nacional.

Traslado de agentes

Al referirse al traslado de 37 investigadores de la Policía Nacional que prestaban sus servicios en la Unidad de Fiscalía General del Estado, la funcionaria afirmó que esa acción no respondió a un cambio paulatino y a un proceso normal, pero se olvidan de mencionar que cinco personas de la cápsula que brindan la seguridad a la máxima autoridad de la Fiscalía también pretendieron ser cambiadas. Entre ellas dos que llegaron hace menos de un mes a brindar servicios de seguridad; entonces, de qué cambio rotativo se está hablando, preguntó.

Por ello, reveló a los legisladores, que la Fiscalía interpuso una medida cautelar y la juez de la causa dejó sin efecto la pretensión de cambiar a los 37 agentes, y en la parte medular la juez dispuso la suspensión de los efectos del telegrama del 11 de febrero de 2023. La jueza dispone también que se realice un cambio coordinado guardando el debido respeto, observando la necesidad de cada institución y el beneficio del país.

Acaso es saludable cortar el hilo de una investigación sensible, preguntó Salazar. De los 37 que estaban siendo reemplazados 20 provenían de la Policía Comunitaria y no estaban acreditados al sistema de investigación y se olvidaron de que la Fiscalía dirige el sistema, por lo tanto, tiene que acreditar a las personas que van a fungir de investigadores. (I)