La semana de versiones dentro de la investigación previa ante un supuesto fraude procesal ocurrido para que se concrete la detención del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, en mayo pasado, concluirá este viernes 14 de enero con la comparecencia de la fiscal general, Diana Salazar. Esta versión está dispuesta para las 10:00 en el edificio principal de la Fiscalía General, en el norte de Quito.

En la denuncia presentada a la Fiscalía y por la que abrió una investigación previa el fiscal general subrogante, Wison Toainga, se habla de que se habrían forjado documentos para originar una ilegal detención de Carrión, quien para el 17 de mayo de 2021 era acusado del delito de abuso sexual cometido contra la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, durante una reunión en la casa de este último.

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Priscila Squettini, esposa de Carrión y quien interpuso la denuncia, rindió versión en este caso el miércoles último y se ratificó en que la fiscal Salazar, la fiscal Mayra Soria y el policía Juan Ramos ocasionaron este fraude procesal. Según ella, existen irregularidades como la falsa flagrancia que se hizo por parte de la Policía, la firma de la fiscal con la que se detuvo ilegalmente a Carrión, entre otras.

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Desde la Fiscalía se ha respondido a una comunicación hecha sobre el tema por Squettini a la Asamblea Nacional. En la respuesta entregada a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, se recuerda que Carrión fue sentenciado en primera instancia a tres años de cárcel por abuso sexual y luego que en el proceso más de diez jueces valoraron todas las actuaciones hechas por la Fiscalía.

Sobre las supuestas irregularidades y forjamiento de hechos que Squettini indica, Salazar resaltó que todos esos hechos fueron analizados y contradichos y, además, pasaron por decisiones jurisdiccionales que efectuaron los controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de las actuaciones de la fiscal general.

“En cuanto a una supuesta manipulación del documento de delegación a las agentes fiscales Mayra Soria y Paola Gallardo, cabe señalar que la delegación hecha por la fiscal general en este caso se dio de forma oral, procedimiento completamente válido en el sistema procesal penal, según lo establece la Constitución”, se señaló en un comunicado de Fiscalía.

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Por su parte, la fiscal Salazar en su cuenta de Twitter, ante lo referido por Squettini a la Asamblea, dijo: “Un juicio político no revertiría el abuso sexual contra una mujer y ahora quieren utilizarlo en mi contra. Actué conforme manda la Ley, el proceso lo revisaron 10 jueces. Llama la atención que 58 abogados no sepan que los asuntos penales no se ventilan en la Asamblea Nacional”.

En paralelo, Squettini solicitó a la Corte Constitucional que revise el habeas corpus negado a su esposo dentro del proceso por abuso sexual. El juez constitucional Agustín Grijalva estará a cargo de la causa.

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A la sentencia de tres años de cárcel que se le impuso por abuso sexual a Carrión, el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional le sumó el que deberá pagar el exdefensor una multa de diez salarios básicos unificados ($ 4.000) y en el momento que el fallo esté en firme se deberá notificar al Consejo Nacional Electoral de la pérdida de los derechos políticos del condenado por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad. (I)