La Fiscalía General del Estado está investigando de oficio desde septiembre del 2021 la existencia de presuntos hechos de corrupción, relacionados con la compra de cargos públicos en el Ministerio de Agricultura y otras instituciones del Estado.

En una nota de prensa publicada este 31 de marzo, el organismo informó que la supuesta “compra de un cargo” en el Ministerio de Agricultura se investiga de oficio desde septiembre del 2021. Pero no solo esto, sino que se han abierto varias investigaciones previas relacionadas con presuntos actos de corrupción, en torno a distintas instituciones públicas y actores políticos, que se han venido desarrollando bajo reserva.

La aclaración surge luego de que este 31 de marzo, en el medio digital La Posta, se publicó un video en el que se observa a varias personas en una oficina que hablan sobre la compra de cargos públicos, entre ellos, en el Ministerio de Agricultura, por montos que superan los $ 2 millones. En medio de los diálogos, se involucra a un asambleísta, parte del movimiento Pachakutik (PK), Celestino Chumpi.

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Tanto desde el Gobierno de Guillermo Lasso como de la dirigencia del movimiento político Pachakutik (PK) hay pedidos a la Fiscalía para que se investiguen las denuncias de presuntos hechos de corrupción.

En un comunicado oficial de este jueves, el Ejecutivo conminó a la institución a iniciar las investigaciones correspondientes.

A la vez que se comprometió a colaborar para que el proceso se desarrolle con “transparencia y apertura”. “En este gobierno no se dará tregua ni permisividad alguna a la corrupción, peor aún actos que mancillen el trabajo desplegado por el Ejecutivo”.

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En tanto, el coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, rechazó la actuación de personas ajenas a la organización política “que han pretendido tomarse el nombre para solicitar beneficios económicos o cargos”.

Se aclaró que “Ernesto Ripalda”, quien aparece en el mencionado video, “no representa ni es servidor legislativo, (por lo que) iniciaremos las acciones jurídicas para que se dé paso a las investigaciones y se sancione de acuerdo a la ley”.

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Santi hizo un llamado a la Fiscalía para que la investigación se haga de manera ágil e independiente; a la vez que se exigió al Tribunal de Ética y Disciplina de PK que inicie los procesos disciplinarios para sancionar a los responsables de acciones reñidas con la ética.

Añadió que Pachakutik atraviesa un proceso de depuración interna de sus miembros, que están siendo sometidos a procesos disciplinarios, aunque no se precisó a quiénes de sus legisladores.

Pedro Álava, titular del Ministerio de Agricultura, acompañado de dos de sus viceministros, reaccionó a las denuncias expuestas en el video mencionado anteriormente y anunció que presentó hoy la denuncia en la Fiscalía.

Pidió sanciones para los presuntos responsables. “(Que) se proceda con todo el peso de la ley contra quienes se han tomado el nombre de esta cartera con la clara intención política de agredir al Gobierno nacional y a este ministerio. Eso no lo vamos a permitir”, subrayó el secretario de Estado.

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En el escenario de la Asamblea Nacional, el asambleísta Celestino Chumpi, representante de Morona Santiago, afirmó que al supuesto asesor Ripalda, no lo conoce y rechazó cualquier insinuación, por lo que pedirá una certificación a la secretaría de la Asamblea respecto a los nombres de los asesores a su cargo.

Narró que como asambleísta y presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados ha recibido a varios ciudadanos de apellido Ripalda, abogados e ingenieros; que no sabe a qué Ripalda se refiere la denuncia y que tampoco ha visto el video.

“Es más, primera vez en mi vida que estoy siendo electo como asambleísta”, expresó; y, ante la insistencia de los periodistas de si lo conoce o no, apuntó: “(...) Conozco a un tal Ripalda, sí lo conozco, ¿por qué voy a negar? De tantos Ripaldas que conozco, ¿cuál de los Ripaldas será?”.

Añadió que todo lo señalado en dicho video expuesto en redes sociales es una difamación del medio digital La Posta, y cae en la persecución política, por lo que está “totalmente indignado, destrozado moralmente porque me han quitado la dignidad, el buen nombre y reputación, voy a llevar los procedimientos legales y tendrán que probar”.

Dijo que con su abogado realizará una petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se tutele sus derechos. Las acciones serán en contra de la persona que se atreva  injuriarlo y difamarlo y negó que el Gobierno le haya ofrecido un viceministerio en la cartera de Agricultura.

Su abogado Gonzalo Realpe anunció que analizará acciones no solo personales contra quienes difamen el honor y buen nombre de su cliente, y adelantó que se tomarán medidas porque es evidente una persecución política de parte del Estado de la cual es víctima Celestino Chumpi.

Realpe no descartó que con esta nueva denuncia en contra uno de los integrantes de la Asamblea lo que busca es desprestigiar a algunos asambleístas con fines políticos.

La defensa de Chumpi, manifestó que si fuera verdad lo que se señala en el video, el asambleísta tendría que defenderse en el campo de la Fiscalía.

Chumpi también recordó que hace cinco meses varios legisladores, once o doce, se reunieron con el Gobierno para escuchar sus propuestas. “Pero nunca ofreció nada a los legisladores. La propuesta era ver la cogobernabilidad, y dijimos que baje los precios de los combustibles, que fiscalice la troncal amazónica. Jamás a espaldas o de manera oculta”, enfatizó Chumpi.

De su lado, la bancada de PK, presidida por el legislador Rafael Lucero, en una misiva, exigió que se realicen las investigaciones correspondientes y se recaben pruebas que permitan “con total objetividad y transparencia esclarecer estos hechos y determinen los responsables”.

“No toleraremos ningún acto de corrupción venga de donde venga y tampoco permitiremos que estas detestables prácticas formen parte del quehacer político de nuestro país”, se agregó.

El pasado 26 de marzo, el presidente Guillermo Lasso reveló en una denuncia enviada a la Fiscalía que cinco legisladores de PK habrían solicitado presuntos beneficios económicos a su equipo colaborador a cambio de respaldar su proyecto de Ley de Atracción de Inversiones, que fue archivado en una sesión de la Asamblea Nacional del 22 de marzo.

Los asambleístas señalados son Chumpi, Édgar Quezada, Cristian Yucailla, Gisella Molina y Rosa Cerda, contra quienes la Fiscalía informó que se abrió una indagación previa. (I)