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Jorge Glas, exvicepresidente de la República. Foto: Archivo.

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La tarde de este jueves 1 de junio, la fiscal general, Diana Salazar, informó que solicitó fecha y hora para formular cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, por su presunta participación en el delito de peculado relacionado con las obras de reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016.

Salazar explicó que el pedido se concreta una vez que se han reunido los elementos de convicción necesarios dentro de una investigación previa que inició la Fiscalía, a partir de un informe de la Contraloría General del Estado, que en 2019 detectó irregularidades en el contrato de más de $ 68 millones correspondiente a la construcción del proyecto vial Manta-Colisa.

La fiscal recordó que tras el sismo del 16 de abril de 2016, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y luego emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.

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Señaló que, de acuerdo con el informe de Contraloría, para el proyecto vial fue utilizaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

Salazar mencionó que el proyecto no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación) y fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 con el carácter de prioritario, pese a que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

En un video publicado en redes sociales, Diana Salazar dijo que “la Fiscalía continúa trabajando en todos sus casos, de manera objetiva y contundente”. “Reitero mi compromiso de evitar la impunidad y no dejarme amedrentar bajo ninguna circunstancia”, resaltó.

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El anuncio de la fiscal ocurre en medio de la tensión que existe en torno a su continuidad en el cargo, por procesos que llevan adelante el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a partir de denuncias impulsadas por el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), que acusa a Salazar de haber plagiado parte de su tesis universitaria.

En declaraciones a la prensa, Salazar ha negado el supuesto plagio y ha señalado que la “Fiscalía está bajo ataque”, por los intereses de exautoridades, entre ellas el expresidente Rafael Correa, que pretenden impunidad en sus casos y buscan recuperar sus derechos políticos para postularse nuevamente como candidatos a elecciones.

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Además, la mañana del jueves la máxima autoridad de la Fiscalía recibió un mensaje con amenazas hacia su integridad y la de su familia. (I)

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