Luego que las defensas de la exlegisladora Nívea Vélez y Adriana C., ambas procesadas por el delito de concusión, la Fiscalía y la acusación particular no señalaron vicios que afecten todo lo actuado en la fase de instrucción fiscal, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías declaró, la mañana de este lunes, la validez procesal de todo lo realizado por la Fiscalía y ordenó continuar con la fase preparatoria de juicio.

Esta es la segunda vez que las dos procesadas enfrentan una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de este denominado caso Diezmos. Hace casi siete meses el entonces juez penal de la Corte Nacional Wilman Terán declaró la nulidad parcial de esta instrucción fiscal, debido a que dos versiones que necesitaba la defensa de Vélez no contaban con firmas de responsabilidad de la Fiscalía, ni existía un registro digital de estas.

Por segunda ocasión la exasambleísta Nívea Vélez enfrenta una audiencia preparatoria de juicio dentro de un caso por diezmos

En el inicio de la intervención del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en la que deberá sustentar el dictamen acusatorio contra ambas, el funcionario insistió en que a la exlegisladora por la provincia de Loja es la autora directa del delito de concusión; mientras que a Adriana C. se la acusa como cómplice, ya que facilitó el cometimiento del delito de exigir dineros a personal que estaba bajo el mando de Vélez en la Asamblea a cambio de estabilidad laboral .

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La teoría para sustentar el dictamen acusatorio de Fiscalía señala que desde el mes de noviembre de 2009 a marzo de 2013, Nívea Vélez, en su calidad de asambleísta, abusando de su cargo, ordenó, exigió y recibió de manera directa y mandando a percibir a través de funcionarios subordinados a ella, tanto en el despacho de la Asamblea como en el de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores, el pago de contribuciones y sueldos no debidos de sus colaboradores.

“Estas contribuciones, cuotas o sueldos no debidos fueron depositados o transferidos a la cuenta personal de la asambleísta (Nívea Vélez), pero mayoritariamente estaban destinados a cubrir los gastos de la oficina de la entonces asambleísta en la ciudad de Loja, así como arriendos y remuneraciones de las personas que trabajaban en su oficina, entre otros”, explicó Toainga.

Toainga recalcó que todas las asignaciones de dinero se realizaron en el periodo en que los ciudadanos a los que se les exigió dinero de sus sueldos tenían una relación de dependencia laboral con la asambleísta Vélez, no antes y no después, sino estrictamente en los periodos en los cuales quienes entregaron el dinero eran subordinados de Vélez en el ámbito laboral.

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Juez declara nulidad parcial de investigación en caso de exasambleísta Nívea Vélez

Solo Vicente Ogoño, quien es acusador particular en este caso, indicó el fiscal Toainga, depositó cuotas en cuentas relacionadas a Vélez por un tota de $ 22.135,43. La investigación realizada por la Fiscalía señala que el monto total que habría llegado a manos de la entonces legisladora Vélez es de $ 40.879,29.

Gina de la Torre, abogada de Vélez, indicó que su clienta mantiene un desgaste físico grande y en estos dos años años que tiene el caso abierto la salud de Vélez se ha mermado. Ante ello la exasambleísta, dijo su defensora, quiere saber en qué va a acabar esto y resolvió que, aunque su abogada no esté de acuerdo con la decisión adoptada por Vélez, no se diga nada respecto a alegaciones de nulidad en cuestiones de competencia, procedimiento, procedibilidad y debido proceso.

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Fue De la Torre quien en la primera audiencia de evaluación y preparatoria de juicio planteó la existencia de varios vicios de nulidad que afectaban lo actuado en el caso y que acogió el juez Terán. En este momento formalmente, por decisión de Vélez, la abogada no refirió ningún tipo de nulidad y dejó que el caso avanzara a la siguiente etapa.

El fiscal Toainga aseguró que mantiene elementos que señalan que Vélez ordenaba a sus colaboradores que recibieran para ella esas contribuciones no debidas, es decir, nombraba recaudadores que incluso recomendaban el pago a través de correos electrónicos.

Luego de casi dos horas de lectura de los elementos de convicción que mantiene la Fiscalía para fundamentar su dictamen acusatorio, Toainga pidió que se emita un auto de llamamiento a juicio para ambas, pues existe la claridad de la participación de la exlegisladora y de Adriana C. en el delito investigado.

Además, solicitó la Fiscalía al juez Macías que se ratifiquen las medidas cautelares de presentación periódica semanal y prohibición de salida del país que pesan sobre Vélez y Adriana C., y que se reforme la retención de las cuentas de las procesadas señalado hasta por un valor de $ 33 mil y la  prohibición de enajenar los bienes que tengan en Quito y Loja por hasta $ 132 mil, equivalentes al cuádruplo del delito cometido, por la retención de cuentas por $ 40.879, 29 y la prohibición de enajenar bienes hasta por un monto de $ 163.517,16.

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El fiscal Wilson Toainga terminó la presentación de la prueba pericial, documental y testimonial que usará la Fiscalía en el caso de que se llame a juicio a ambas procesadas. De momento no han existido acuerdos probatorios con las partes acusadas.

La audiencia fue suspendida y se convocó a las 15:00 para su reinstalación. La diligencia arrancará con la intervención de la acusación particular y luego participarán los abogados de las dos personas acusadas del delito de concusión. El juez ingresará en una etapa de deliberación y podría emitir poco después del final de las intervenciones su decisión o plantearía a las partes procesales que se los convocará para la lectura de su resolución para otro día. (I)