Al no haberse podido demostrar la existencia del delito de peculado dentro del denominado caso Ambiensa y menos aún la participación de tres exdirectores y un exasesor del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y de un funcionario privado, el fiscal Martín Navarrete solicita al juez de la causa que disponga el trámite para el archivo de la investigación previa.

Esta indagación era parte del megacaso de corrupción que analiza la Fiscalía a través de casos que se encuentran en investigación previa, es decir, se llevan de forma reservada, y otros en los que ya se han formulado cargos e incluso están a puertas de audiencias preparatorias de juicio. Fiscalía sigue la pista del manejo irregular en inversiones de más de $ 900 millones que pertenecen al Isspol.

La investigación del delito de peculado en el conocido como caso Ambiensa arrancó por la denuncia escrita presentada por el general Jorge Villarroel, entonces director del Isspol. En la denuncia se señalaban irregularidades que habrían existido en la compra de bienes inmuebles como inversión del Isspol, lo cual preocupaba a esas autoridades “por el uso de fondos de las pensiones de los servidores policiales en actos jurídicos que no cumplirían con los requisitos establecidos en la ley y en normas reglamentarias, existiendo de por medio presuntos ilícitos contra la administración pública”.

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Fiscalía notifica a nueve personas del inicio de una nueva investigación previa relacionada con irregularidades en la compra de terrenos por parte del Isspol

“Los elementos de convicción recabados en la fase de investigación previa y como lo afirma el señor perito de avalúos, quien determina que el bien inmueble tiene en la actualidad un valor de $ 18,9 millones, valor más que el adquirido, esto implica que no existe daño patrimonial a la institución estatal por la compra del bien inmueble antes singularizado; y, al ser este un requisito del tipo penal, no se podría entender la configuración de un delito de peculado sin que exista de por medio perjuicio a las arcas del Isspol”, explica el fiscal Navarrete en su pedido de archivo.

La investigación previa se inició en contra del general de Policía (sp) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol; de los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, respectivamente; Santiago Duarte, exasesor jurídico del Isspol; y Humberto Ramírez, representante legal de la compañía Ambiensa S. A.

Pero Espinosa de los Monteros, Luzuriaga, Nuques y Duarte son parte del proceso que investiga un peculado en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa.

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En ese caso, que también es llevado por el fiscal Navarrete, solo Espinosa de los Monteros y Luis Domínguez, representante legal de Rusticussi S. A., recibieron un dictamen abstentivo de Fiscalía. La acusación sigue contra Jorge Chérrez, como representante de IBcorp Investments; el general (sp) David Proaño, exgerente del Isspol; el exdirector de Inversiones del Isspol, Alfredo Valverde; Duarte, Luzuriaga y Nuques; y los directivos de empresas inversoras Carlos Carbo y Luis Álvarez. Aún se espera que se defina la fecha para la audiencia preparatoria de juicio respectiva.

Luzuriaga y Chérrez son investigados en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción ocurrida en la seguridad social policial en la que Chérrez habría entregado más de $ 2,6 millones a modo de sobornos a funcionarios de diversos rangos en el Isspol. De ese total Luzuriaga habría recibido más de $ 1,3 millones para facilitar las negociaciones, pues no solo era director de Riesgos del Isspol, sino también miembro del Comité de Inversiones.

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Caso Isspol: Fiscalía acusa de peculado al empresario Jorge Chérrez y siete personas más; solo dos procesados recibieron un dictamen abstentivo

Debido a estos pagos ilícitos ocurridos entre el 2014 y el 2020, según las denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), Luzuriaga ya tuvo su primera presentación en la Corte Federal del Sur de Florida a finales de febrero de 2021; mientras que Chérrez tiene una orden de arresto emitida por autoridades estadounidenses.

La Fiscalía también investiga de forma previa otro posible delito de peculado relacionado con el caso Isspol. En esa causa se analizarían irregularidades ocurridas en la compra de la hacienda Anchamaza, en junio de 2015, y se ha llamado a rendir versión en febrero próximo al exministro del Interior José Serrano y al exjefe de Estado Mayor de la Policía general (sp) Lino Proaño. (I)