Orden de prisión preventiva y presentación periódica son las medidas cautelares que ordena un juez contra los dos nuevos vinculados al caso Las Torres

Casi tres horas le tomó al juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), resolver, la noche de este viernes, la presentación periódica una vez por semana, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico de Martha Barrezueta, esposa de Roberto Barrera, quien fue detenido y condenado en 2019 en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en la estatal petrolera entre 2018 y 2019, y la prisión preventiva del exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana. Las medidas cautelares para ambos se ordenaron dentro del caso Las Torres, en el que se analiza el delito de delincuencia organizada, al que se les vinculó desde este 9 de julio.

El pedido para una audiencia de formulación de cargos y vinculación llegó esta semana desde la fiscal general, Diana Salazar, debido a que durante los casi 90 días de instrucción fiscal se habrían encontrado “suficientes elementos” que relacionarían a Orellana y Barrezueta con el delito de delincuencia organizada en el que ahora se investigará a quince personas.

En la diligencia en representación de la Fiscalía se presentó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y a cargo de la audiencia estuvo De la Cadena, quien reemplaza momentáneamente al juez titular de la causa, Felipe Córdova, pues este último gozaba de una licencia.

Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, rinde versión en el caso Las Torres y asegura que se tomaron su nombre para ‘extorsionar’

El ahora excontralor subrogante Pablo Celi y su hermano Esteban; el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, su padre y su madre, Marco Flores y Elsie Cueva; Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien falleció en la cárcel estando procesado en esta causa, entre otros, son parte de la lista de procesados a los que se suman los vinculados.

El juez De la Cadena no acogió el pedido hecho por el fiscal Toainga respecto a la prisión preventiva de Barrezueta y solo accedió a la solicitada para Orellana. A lo que sí dio paso contra ambos procesados fue al pedido de medidas cautelares de carácter real de retención de cuentas en el sistema financiero local y la prohibición de enajenar bienes hasta por $ 4 millones.

A Barrezueta se le determinó presentación periódica porque el juez entendió, que, entre otras cosas, ella ha acudido a los llamados hechos por la Fiscalía y ha colaborado con la investigación. En cambio contra Orellana para De la Cadena la prisión preventiva era la única medida que aseguraba que el investigado pueda asistir al proceso, pueda pagar una eventual pena, así como una posible reparación integral.

Se ordenó que Orellana sea ingresado en la Cárcel 4 al norte de Quito, Centro de Privación de la Libertad en la que se mantienen el excontralor Celi, su hermano Esteban, y Adolfo Agusto Briones.

En la resolución oral, De la Cadena retomó lo dicho por el fiscal Toainga de que en esta causa se investiga que entre los años 2017 y 2020 dentro de la Contraloría General (CGE), la secretaría general de la Presidencia y la empresa Petroecuador se había conformado una estructura delictiva que operaba de manera permanente y estaba integrada por funcionarios públicos de alta jerarquía que tenían el poder de ordenar, disponer y autorizar, y de varios ciudadanos particulares que colaboraron de manera directa para alcanzar los fines de la organización.

“El objetivo de la organización era planificar y dirigir actividades para obtener réditos económicos a través de la comisión de delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos como delitos afines a costa de la empresa Nolimit C. A. que tenía relación contractual con el Estado. Lo hacían a través de exigencias y amenazas abusando del cargo que ostentaba y funciones que cumplían”, apuntó el fiscal general subrogante.

A partir de la investigación realizada y los nuevos elementos de convicción recabados la Fiscalía habría encontrado suficientes elementos para vincular a Barrezueta y Orellana, de quienes se presume tienen una participación directa “como miembros de la estructura delictiva”, es decir, son autores directos del delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Penal.

Instrucción fiscal por delincuencia organizada en el caso Las Torres avanza hacia el último mes de investigaciones

De Martha Barrezueta, el fiscal Toainga dijo que la mujer de 37 años era la persona que recibía las transferencias de dinero indebido que provenían de las “exigencias” del exgerente Pablo Flores a través de su esposo, Roberto Barrera, y de Raúl De la Torre, exfuncionario de Petroecuador y familiar del excontralor Celi a Nolimit a cambio de agilizar y efectuar el pago de planillas de Petroecuador.

Las transferencias, sostiene Fiscalía, eran realizadas a las cuentas de Barrezueta por Roy Calero, también procesado en este caso, y Roberto Labin. Esos dineros que ingresaban a sus cuentas luego eran entregados a su esposo, así como también a Pablo Flores y otra parte del dinero era dispuesto por la propia Barrezueta.

“Martha Barrezueta en la organización delictiva lideró el proceso de recaudación de dineros indebidos entregados por la empresa Nolimit, planificó los mecanismos para la recepción de dineros junto con Raúl De la Torre y Roberto Barrera, entregó de manera directa dineros a otros miembros de la organización y se dispuso una parte de ellos en beneficio personal”, sostuvo.

Del exgerente Mauricio Orellana, quien fue el ordenador de gasto en el tema Nolimit, Toainga dijo que el funcionario petrolero fue puesto en el cargo por Pablo Flores. Dentro de la organización, a decir de la Fiscalía, Orellana es la persona que desde su cargo direccionó y agilizó los pagos de la empresa Nolimit, todo a conveniencia de la organización o a pedido de De la Torre.

Orellana en el ejercicio de sus funciones como ordenador de gastos habría facilitado el pago de ocho facturas a Nolimit por el monto de $ 35,6 millones. Entre estas estaría una del 10 de mayo de 2019 por $ 22,7 millones por concepto de planilla de liquidación de obligaciones.

También Orellana como ordenador de gasto habría colaborado con los líderes de la organización en determinadas ocasiones para que se agilicen los pagos de planillas a favor de la empresa Nolimit, colaboración que se evidenció, apuntó Toainga, cuando se habrían efectuado pagos sin contar con la documentación necesaria bajo la consigna de que “se necesitaba aprobarlo ya”.

Para Orellana y Barrezueta, el fiscal general subrogante, además de solicitar la vinculación al proceso penal, pidió al juez encargado que les defina orden de prisión preventiva, se emitan medidas cautelares sobre sus bienes por un valor no menor a los $ 4 millones, la retención de cuentas en el sistema financiero local y la prohibición de enajenar bienes. Para la Fiscalía, solo la prisión preventiva era la única medida que podría garantizar la presencia de los dos vinculados al proceso.

El juez aclaró que con las vinculaciones el proceso debe extenderse por 30 días, pero dijo que o puede sobrepasar los 120 días de instrucción fiscal. (I)