Fiscalía presenta prueba documental para sustentar acusación contra tres enjuiciados por una delincuencia organizada ocurrida en el hospital de Pedernales

En el segundo día de la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, quienes estarían relacionados con la estructura criminal armada para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales, de Manabí, la fiscal general Diana Salazar inició la presentación de la prueba documental que mantiene para sustentar su acusación.

Durante la primera jornada de audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Salazar presentó seis testigos y tres peritos, quienes confirmaron la teoría del caso planteada. Uno de los peritos que participaron manifestó que su análisis concluyó que en el proceso de adjudicación de la obra se incumplieron varios parámetros establecidos en la normativa de contratación pública.

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Además, uno de los peritos en informática forense convocados y que logró materializar archivos de una computadora incautada durante las primeras diligencias efectuadas en este caso explicó que uno de esos documentos daba cuenta del detalle del dinero cobrado a través de la efectivización de cheques, cobrados en una agencia de BanEcuador, para ser entregados a personas ajenas al Consorcio.

Fiscalía acusa a Calderón, Cruz y Véliz de integrar una estructura liderada por los exlegisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, además de los exdirectivos del Servicio de Contratación de Obras (Secob) Edmundo Tamayo y Jorge Jalil. Mendoza y Tamayo ya han recibido una sentencia en este caso, mientras que Azuero y Jalil mantienen la etapa de juicio en suspenso, pues se mantienen prófugos de la justicia y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.

En noviembre pasado, el juez de la CNJ, Marco Rodríguez, mediante una audiencia de procedimiento abreviado y debido a un acuerdo de cooperación eficaz firmado, sentenció a cuatro años y dos meses de cárcel al exasambleísta Mendoza. Esa misma figura fue aplicada para sancionar a su exasesor de la Asamblea, Jean Benavides; a Tamayo, al contratista Franklin Calderón; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob, a su excompañero Ángel Andrade, y al exfuncionario público, José Santos.

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Todos consintieron la admisión de los hechos investigados, por lo que a Tamayo, Benavides, Véliz y Calderón, quienes además firmaron un acuerdo de cooperación eficaz, se les impuso una pena de 34 meses de prisión. Mientras que a Cobeña, Andrade y Santos, quienes solo se acogieron al procedimiento abreviado, recibieron una pena de privación de libertad de 40 meses.

Según la fiscal Salazar, esta estructura delictiva no solo se consolidó entre los años 2019 y 2020, en Pichincha y Manabí, sino que además contaba con líderes que eran funcionarios de elección popular y que designaban autoridades en puestos estratégicos, como el Secob, para lograr su objetivo dentro de la estructura ilícita.

Una vez concluya con la presentación de su prueba la Fiscalía, será el turno de los abogados de los procesados para contradecir la acusación fiscal. Para ellos deberán presentar su prueba pericial, testimonial y documental con que cuentan para fundamentar la inocencia que dicen tienen sus clientes en esta causa.

Inmediatamente se darán los alegatos de cierre de las partes y el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías, ingresarán a deliberar la decisión de si los tres procesados son culpables o inocentes de los hechos imputados.

Al momento la fiscal general concluyó con la exposición de las pruebas documentales con que cuenta para acusar a cada uno de los tres procesados y fue entregada a las defensas de los tres investigados para que la revisen y se pronuncien. (I)