La Fiscalía General del Estado procesó este miércoles a nueve personas por los presuntos delitos de falsedad de información y documental, que estarían relacionadas en la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a varias instituciones públicas, como el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Se realizaron tres audiencias de formulación de cargos en la Unidad Judicial Sur Valdivia y el fiscal de la Unidad de Fe Pública, Víctor González Delgado, presentó varios elementos de convicción: los informes investigativos de la Policía Judicial, los partes de detención de los procesados, la denuncia junto con los informes y resoluciones de la Superintendencia de Compañías, versiones de los investigados, la pericia contable practicada por un perito del Consejo de la Judicatura y documentación, junto a bienes incautados como terminales móviles, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento, discos duros y documentación, entre otros.

Estos fueron ingresados en cadena de custodia de la Policía Judicial.

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En la primera audiencia, el juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra John Roger C. T. (contador de la empresa Ecuagran), por su presunta participación en el delito de falsedad de información.

En la segunda audiencia, dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el fiscal de la causa para Denisse Cristina S. A. (analista financiera de la compañía Delcor) y Jorge Alfredo B. R. (contador), por presunta falsedad de información.

Y en la última audiencia de formulación de cargos, el juez Macías resolvió prisión preventiva para Fabián Andrés D. L. y Ana Belén D. R. (gerente y supervisora de la Auditora SMS), mientras que a Einstein D. L. (presidente de Auditora SMS), Jorge Steven P. B., Carlos Damián M. D. y Alejandro Rafael P. T. (todos de Delcorp) les dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el fiscal del caso; fueron procesados por falsedad documental en el mercado de valores.

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La instrucción fiscal en el caso terminará en noventa días. (I)