Focalización de subsidios a los combustibles y la moratoria para los créditos inauguran los diálogos entre el Gobierno y el sector indígena

La focalización de los subsidios a los combustibles y la moratoria de los créditos adeudados a la banca pública y privada abrirán el telón de las mesas de diálogo entre los movimientos sociales y el Gobierno nacional, sobre ello este último actor promete dar “soluciones definitivas” a la agenda de diez puntos que fueron el detonante de 18 días de jornadas de paralizaciones violentas en el país, entre el 13 y 30 de junio.

Este 7 de julio, una de las sedes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), en Quito, fue el escenario en el que se produjo la primera reunión oficial entre las delegaciones de los colectivos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine); y del régimen, que estuvo presidida por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

El cónclave arrancó pasadas las 09:00 y se extendió por cuatro horas. Lo encabezaron monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, junto con el secretario, monseñor David de la Torre, quienes actuarán en este proceso como una comisión garante de que estos acercamientos den resultados y así evitar que vuelva a producirse un paro nacional.

La instalación de estas mesas técnicas es producto de la firma del ‘acta de paz’ del 30 de junio último entre los presidentes de la Conaie, Leonidas Iza; de la Feine, Eustaquio Tuala; y de la Fenocin, Gary Espinoza, y en representación del Gobierno, Jiménez, cuyo objetivo es debatir la agenda de diez reivindicaciones sociales en un plazo de 90 días.

Justamente, uno de los primeros acuerdos fue que estos grupos de trabajo inicien sus actividades desde el próximo miércoles 13 de julio, para discutir mecanismos para la focalización de los subsidios a los combustibles y sobre la moratoria de las deudas a los créditos a la banca pública y privada.

No obstante, son en total diez mesas las que se conformaron:

1. Focalización de los subsidios
2. Banca pública y privada
3. Fomento productivo
4. Empleo y derechos laborales
5. Energía y recursos naturales
6. Derechos colectivos y educación superior
7. Protección a inversiones nacionales
8. Control de precios
9. Acceso a la salud
10. Seguridad y justicia

Al término de este acercamiento, los resultados para las dos partes fueron positivos y con expectativas.

El titular de la cartera política, Francisco Jiménez, aclaró que el plazo de los 90 días empieza a correr desde el 13 de julio, para que los líderes sociales tengan tiempo de explicar y consultar a las estructuras territoriales lo que se está discutiendo.

“Ha habido una serie de coincidencias, de avanzar en el diálogo con transparencia y claridad de lo que podemos hacer… No ha habido problema, respecto de la forma en la que vamos a avanzar. Hemos definido las diez mesas técnicas temáticas, más una de coordinación, y se reunirán cada diez días”, afirmó Jiménez.

Para agilizar los procedimientos, el Gobierno enviará documentación a las delegaciones de los tres grupos sociales para que se hagan los análisis previos y los puntos vayan avanzando en su tratamiento.

“Queremos solucionar los temas pendientes, algunos ya fueron abordados, desde el momento de las movilizaciones con los diferentes decretos. El Gobierno está comprometido con la solución definitiva. Estamos trabajando con transparencia, claridad, mucha apertura y flexibilidad. El Gobierno no tiene razones para pensar que las cosas volverán a entramparse después, pues hay mucha confianza, estamos confiados de que podamos avanzar en la solución de los problemas”, avizoró la autoridad.

Aunque no quiso ahondar en detalles, reconoció que uno de los temas que serán abordados por la mesa de seguridad y justicia será el pedido de los movimientos indígenas y campesinos respecto de la “judicialización” a aquellos actores políticos o sociales que participaron en el paro nacional.

Según Jiménez, se expusieron argumentos de las dos partes, aunque se rescató que la Función Judicial tiene la potestad de actuar con autonomía, sobre todo cuando se produjeron actos vandálicos, durante los 18 días de manifestaciones. De todas maneras, en materia de protesta social “hay temas que se pueden discutir y se los tratará en la mesa”, subrayó.

Los dirigentes de los tres grupos fueron más escuetos en explicar qué se logró en este primer acercamiento; sin embargo, ofrecieron hacer informes públicos, en tanto las conversaciones avancen.

Eustaquio Tuala, de la Feine, resaltó aspectos como la elaboración de una metodología, operatividad y cronograma de trabajo, en los que actuarán dirigentes junto con técnicos. “¡Calma, Ecuador! Queremos pedir a la prensa que podamos transmitir de lo que sucede, en la fuente, no de terceros, ni de intermediarios”, zanjó sin aceptar preguntas.

Por su parte, Gary Espinoza, de la Fenocin, aspiró a que los temas se traten con cordialidad y que haya predisposición del Ejecutivo para que se logren consensos y “gane el Ecuador”.

Leonidas Iza, de la Conaie, contó que para estas discusiones se ha invitado a representantes de las universidades Católica, Salesiana y Central del Ecuador, así como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que den seguimiento a las políticas que se acuerden. Además, declaró que esta tarea no será un diálogo bilateral, sino que absorberá a otras instituciones como la Asamblea Nacional.

“Hemos aprobado una metodología, un proceso operativo que será legitimado con las organizaciones de base. Estas mesas se instalan después de un proceso de lucha y los temas sustanciales que vayan saliendo se darán a conocer. Nosotros venimos con dignidad y esperamos generar condiciones para avanzar”, agregó.

La meta de estos colectivos es que se ejecuten los mandatos resueltos por el presidente Guillermo Lasso, mediante decretos ejecutivos, así como otros acuerdos que se recogieron en el acta de paz.

En el caso de los precios de la gasolina extra, ecopaís y el diésel, Lasso redujo un total de 15 centavos; Derogó el decreto 95, relacionado con la explotación petrolera; y, se reformó el 151 para prohibir la actividad minera en zonas protegidas, de protección hídrica.

Así también, dispuso a los gobernadores que intensifiquen operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos en los precios de los productos de primera necesidad; se declaró la emergencia en la salud; se dobló el presupuesto para educación intercultural.

Se dispuso un subsidio para la urea; y, se fijaron medidas económicas para los créditos adeudados para la banca pública y préstamos a bajo interés.

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En ese ámbito, la Conaie, Feine y Fenocin impulsarán el pedido de que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Sostenibilidad Fiscal para que se condonen deudas con las entidades financieras públicas por hasta $ 10.000 y no solo por $ 3.000, como lo decidió Lasso en un decreto ejecutivo del 17 de junio pasado.

Asimismo, quieren que se declare una moratoria, de al menos un año, para que la banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito permitan pagar las deudas de los sectores vulnerables.

Estos temas entrarán en la discusión durante los próximos 90 días, que concluirían tentativamente en septiembre próximo, en los que la Conferencia Episcopal se ofrece como “garante moral”. (I)