Luchar contra la corrupción y que la función pública opere de manera eficiente y transparente han sido las consignas de Guillermo Lasso desde antes de llegar a la Presidencia. Apenas asumió el poder en mayo de 2021 emitió el Código de Ética para todos los funcionarios públicos, posteriormente firmó un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para crear un programa anticorrupción y en mayo de 2022 abrió la Secretaría de Política Pública Anticorrupción.

A pesar de las iniciativas, en el transcurso de los 20 meses que Lasso lleva en el poder su administración se ha visto rodeada por señalamientos de presuntos actos de corrupción. Las posibles irregularidades abarcan venta de cargos, cobro de coimas para adjudicación de contratos, turbias entregas de contratos a empresas sospechosas y sobornos exigidos a contratistas.

Frente a estas presunciones el Gobierno se ha mantenido firme en su posición de negar cualquier participación en alguna red, estructura, esquema o entramado de ilegalidades. Y ha insistido en contribuir con las investigaciones de la Fiscalía.

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El Gobierno no es parte de ninguna trama de corrupción, afirma el ministro Francisco Jiménez

Mientras el país se agita por las publicaciones del medio digital La Posta sobre la existencia de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, el presidente de la República aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), para asegurar que en su gobierno se ha logrado generar empleo y reducir el número de pobres, gracias al combate a la corrupción.

“Si usted me pregunta dónde está el secreto, pues luchamos contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción, el control de las finanzas públicas, del gasto público, evitar un despilfarro, genera recursos para poder invertir en lo social”, dijo Lasso el 18 de enero en el foro ‘Liderazgo para América Latina’.

Presidente Guillermo Lasso sostiene que investigación de Fiscalía confirmará que no ha existido ninguna ‘estructura criminal’ en su gobierno

Los casos que levantan sospechas

Los escándalos se iniciaron en marzo del 2022, cuando Lasso llevaba menos de un año en funciones. Entonces salió a la luz un video donde tres personas hablaban de comprar el Viceministerio de Agricultura por $ 2 millones. Una de ellos fue Ernesto Ripalda, quien se identificaba como asesor del asambleísta Celestino Chumpi. Ripalda decía en el video que “los que están en el Gobierno me dijeron, sabes qué, tenemos una vacante y cuesta tanto”.

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La polémica desembocó en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, el 31 de marzo, por el entonces ministro de Agricultura, Pedro Álava. El funcionario dijo que “tratan de mancillar la honorabilidad de este Gobierno y de este ministerio”.

Fiscalía dice que investiga de oficio y desde septiembre del 2021 denuncias de supuesta compra de cargos públicos

Más tarde, en julio estalló el caso Danubio, relacionado con tráfico de influencias y ofrecimiento de cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y otras entidades. Se realizaron varios allanamientos y ocho personas fueron detenidas. La fiscal general, Diana Salazar, reveló que la investigación se inició por una denuncia planteada por la directora del Senae, Carola Ríos.

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Dentro de las investigaciones se mencionó en su momento a Juan José Pons, exconsejero ad honorem del Gobierno en temas bananeros. Un mes después de los operativos, y ante múltiples cuestionamientos, el 8 de agosto el presidente Guillermo Lasso eliminó la figura “ad honorem” mediante el Decreto Ejecutivo 524.

Caso Danubio relacionado con ofrecimiento de cargos públicos concluirá su etapa de instrucción fiscal el 20 de octubre

Por el caso Danubio, Ítalo Cedeño, cuando era gerente general de Petroecuador, interpuso el 28 de julio una denuncia en la Fiscalía para que investigue y determine responsabilidades en el supuesto delito de tráfico de influencias en la empresa pública.

Al poco tiempo, Cedeño protagonizó un polémica por la que terminó saliendo del cargo. El exgerente admitió que su esposa, Martha Morlas, influyó en él para contratar personal “honesto” en Petroecuador, al menos durante su primer mes de gestión. Dijo que el presidente conoció la situación y que le expresó su comprensión.

El presidente me comprendió, porque le dije y él sabe que es verdad, que mi esposa trataba de influenciar positivamente en mí, con funcionarios honestos y tratar de que saquemos a esta gente corrupta. Sacamos a una cantidad de gente corrupta”, expresó. La reacción de Lasso, horas después, fue ordenar al directorio de Petroecuador que Ítalo Cedeño sea cesado en sus funciones.

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Cuestionamientos a la influencia de la esposa del gerente general de Petroecuador terminan sacándolo del cargo

La noche del 27 de octubre de 2022 la Fiscalía allanó la vivienda del entonces ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, como parte de la investigación por el presunto delito de cohecho.

El exfuncionario es investigado por su presunta relación con el ofrecimiento de cargos públicos a cambio de dinero. Al día siguiente del operativo en su casa, Vera renunció al ministerio.

Al menos cinco denuncias empañaron la gestión de Xavier Vera Grunauer en el Ministerio de Energía

Ahora, a menos de un mes de las elecciones seccionales y el referéndum del 5 de febrero de 2023, el caso que ha provocado un torbellino político arroja sospechas en gente de confianza del jefe de Estado.

Exautoridades, funcionarios de alto rango y ciudadanos particulares son mencionados como parte de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Entre los nombres que suenan está el de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, quien se señalado como el supuesto líder de la organización.

Otro es Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas (EMCO). El exfuncionario abandonó el país el 9 de enero, día en que salieron a la luz las primeras revelaciones. Luque llegó a Argentina, según el Gobierno.

El empresario Rubén Chérrez también aparece como presunto integrante del entramado. Él es amigo de Danilo Carrera y se especula que dentro de la red actuaba como operador del cuñado del presidente.

La Fiscalía denominó Encuentro al caso en el que se indagan posibles delitos en las empresas estatales. La madrugada del 20 de enero se realizaron allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito y se recogieron indicios. La vivienda de Carrera no fue parte del operativo.

Paralelamente, el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea solicitó a la Contraloría que se inicien exámenes especiales a 3.792 contratos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Además, la Comisión de Fiscalización intentó desde agosto de 2022 que el expresidente de EMCO comparezca para que explique las irregularidades en las empresas del sector público.

Fiscalía denomina caso Encuentro a la presunta trama de corrupción en empresas públicas y realiza nueve allanamientos

La actitud del Ejecutivo frente a este caso ha ido cambiando conforme aparecían nuevos indicios. Se pasó de emitir un breve comunicado a que el presidente de la República disponga que los gerentes de todas las empresas públicas renuncien a sus cargos y que la Policía localice a Luque y Chérrez, entre otras medidas. Hasta se modificó el eslogan oficial de la Presidencia, ante la evidente coincidencia con el nombre con el que la Fiscalía bautizó a la investigación; así dejó de ser el Gobierno del Encuentro y ahora es Gobierno del Ecuador.

A pesar de los recientes acontecimientos, el ministro de Estado, Francisco Jiménez, sostiene que no hay una estructura ilegal en el Gobierno. “No existe ninguna trama o estructura criminal en el Gobierno del Ecuador, hoy más que nunca. Un exfuncionario inculpado no representa, de ninguna manera, a un gobierno”, sentenció Jiménez y afirmó que Carondelet colabora con la Fiscalía.

La indagación previa está en curso. Hasta el 20 de enero no se reportaron detenciones de personas con fines investigativos.

Las acusaciones que hace el Gobierno esperan por pruebas

En al menos dos ocasiones, el presidente ha lanzado fuertes acusaciones en contra de sus adversarios políticos, pero no han estado acompañadas de pruebas.

Pasó en marzo de 2022, cuando indignado por el archivo de la ley de inversiones en la Asamblea Nacional, dijo que un grupo de legisladores exigió dinero y cargos públicos a cambio de sus votos. Y después solicitó formalmente a la fiscal general, Diana Salazar, que investigue a cinco miembros de Pachakutik por esos supuestos chantajes.

Sin embargo, el proceso no prosperó. Al cabo de cinco meses, el 25 de agosto, el jefe de Estado desistió de su denuncia y pidió su archivo, en una carta enviada a la fiscal del caso, Mayra Soria, a quien explicó que los hechos le “fueron comunicados por terceras personas”. El pedido se basó en el artículo 586 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual señala que el archivo procede cuando el hecho investigado no constituye delito.

El presidente Guillermo Lasso desiste de la denuncia de concusión que hizo contra cinco asambleístas y pide a la Fiscalía archivar el caso

Otra grave acusación que ha hecho el mandatario, sin que hasta ahora se muestren las evidencias que ha dicho presentará, es la existencia de narcopolíticos en Ecuador. Que en algunos casos serían candidatos a las actuales elecciones secciones y estarían involucrados con bandas criminales.

Las denuncias se intensificaron los últimos meses de 2022. Entonces, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció a inicios de noviembre que el Gobierno tenía en sus manos “pruebas contundentes”. Sin embargo, el tiempo ha pasado y todavía no se conoce ninguna de esas pruebas que involucren a personajes políticos u organizaciones.

El viernes 20 de enero de 2023, en medio del ruido generado por el caso Encuentro, el ministro Francisco Jiménez dijo que la próxima semana se hará pública la información que Carondelet posee de los narcopolíticos. Aunque no precisó una fecha, indicó que los datos se revelarán una vez que el presidente Guillermo Lasso arribe el domingo al país, tras participar en el Foro Económico Mundial y luego de visitar al papa Francisco.

El Gobierno ha cometido errores, según analistas

Tres analistas consultados coincidieron en que el Gobierno ha cometido errores en los escándalos que lo afectan, así como en las denuncias que ha lanzado.

La imposibilidad de no identificar a tiempo posibles actos de corrupción; “atacar al mensajero” que advierte de supuestas ilegalidades, en lugar de emprender acciones inmediatas para aclarar los hechos; negar casi toda posibilidad de corrupción que comprometa al Gobierno; y acusar a los opositores sin exponer de inmediato un sustento que respalde las aseveraciones, son algunos de los errores que, según los analistas, minan la imagen y credibilidad del presidente de la República y de la función pública.

Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), señala que ante sospechas de corrupción las instituciones del Estado deben reaccionar pronto. Al referirse al caso Encuentro comentó que “lamentablemente la reacción, no solo del Gobierno nacional sino también de otras instituciones, ha sido tardía, inoportuna, y ha traído ya consecuencias como el hecho de que al parecer varios de los involucrados ya ni siquiera se encuentran en el país”. Y agregó que “siguen diciendo que no hay un problema en el Gobierno, desconociendo que el gerente de la EMCO, con rango de ministro de Estado, es del Gobierno”.

En cambio, sobre las acusaciones de narcopolíticos, Alarcón dijo que es “grave” que el presidente no presentó la información cuando habló del tema. Que esto no se conozca públicamente podría ser perjudicial, además, porque daría cabida a que los verdaderos involucrados huyan del país.

Presidente Lasso señaló que denunciará a los candidatos vinculados con el narcotráfico cuando se tengan todos los elementos

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), agregó que los problemas en las empresas públicas y en otras áreas del Estado no son solo de ahora. Además, cuestionó que ninguno de los últimos gobiernos, incluyendo al actual, no han tenido una política anticorrupción y dijo que la entidad encargada de esta tarea debe ser independiente de la Presidencia.

No sorprende que el Gobierno niegue cualquier relación con actos reñidos con la ley o no reconozca fallas en la Administración, indicó. “El poder nunca acepta que hay errores ni en corrupción, ni en el manejo de la política o de la cosa pública: todo es perfecto. No se puede insistir en que no hay corrupción porque no hay condenados, es absurdo; seguramente habrá condenado después de unos meses o años”, reprochó Rodas.

Bernardo Gortaire Morejón, politólogo internacionalista, reflexionó que la situación actual revela que “los entramados de corrupción no dependen de ideologías políticas”. Al no admitir falencias esto se convierte en una especie de “espíritu de cuerpo” para defender a un proyecto, comprometiendo la transparencia.

Señaló que los casos muchas veces están asociados en la forma a través de la cual se ha organizado el sistema político del país y que a la vez pone en evidencia, de cierta manera, “una falta de control por parte del Ejecutivo, de la forma a través de la cual se llevan las relaciones, sobre todo las de compras públicas”. Esto también es un llamado de atención al sistema de justicia e inteligencia, indicó.

Con respecto a las denuncias hechas sin pruebas, Gortaire observó que esto termina por deslegitimar al propio Gobierno. Además, mencionó que generalmente lo que se busca al anunciar supuestos delitos sin probarlos es desviar la atención de otros temas. (I)