Gobierno se plantea crear grupos de tarea que identifiquen los ‘riesgos’ en instituciones públicas de que se cometan actos de corrupción

Denominados “grupos de tarea” se sumarán a la Estrategia Nacional Anticorrupción que emprende el Gobierno de Guillermo Lasso en su ofrecimiento de prevenir hechos irregulares en el interior de la Función Ejecutiva.

La Secretaría de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República presentó, este 13 de julio, nueve objetivos estratégicos para ejecución de la Función Ejecutiva, cuyo plazo se enmarca en los siguientes tres años de mandato de Lasso.

Como parte de estos lineamientos se esbozó la creación de estos grupos de tarea, que estarán integrados por cuatro personas: un delegado de la casa de Gobierno y otros tres consultores internacionales.

El titular de esta secretaría, Luis Verdesoto, adelantó varios detalles de cómo actuarán estos equipos, la temporalidad y en qué áreas intervendrán.

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Sobre este último punto, dicha secretaría detectó 30 instituciones (que no fueron identificadas) en las que existe el “riesgo” de la comisión de actos de corrupción, al estar relacionadas con diez áreas en las que hay inversión de recursos, como en petróleo, energía, minería, telecomunicaciones, obra pública, seguridad social, salud, educación, entre otras.

Es en estas instituciones y sobre estas áreas en las que actuarán estos equipos, pues la idea es que estas cuatro personas identifiquen a la entidad pública y el “riesgo” de que se produzcan actos irregulares.

Para realizar ese análisis tendrán un plazo de tres meses, y presentarán un informe al Ejecutivo y a la Comisión para la Prevención de la Corrupción en el Sector Público, que está en etapa de conformación.

El financiamiento provendrá de los recursos que se asignaron a lo que aspiraba a ser la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), que creó el expresidente de la República Lenín Moreno, pero que no llegó a actuar en el país.

En ese entonces, la Administración de Moreno asignó alrededor de $ 1 millón para que empezara la labor de la Comisión, que actuaría con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los cinco expertos internacionales que la conformarían elaboraron un reglamento de funcionamiento y cumplieron otras actividades, por las que no recibieron su remuneración y decidieron demandar al Estado ecuatoriano.

Según Verdesoto, ese litigio está en última etapa de resolverse en los tribunales de justicia, por lo que los “remanentes” que queden de ese presupuesto serán los que se utilicen para la contratación de los especialistas internacionales que se incorporarán a estos grupos de tarea, quienes iniciarán sus actividades cuando justamente haya dinero.

La autoridad no descartó que se cree uno o más grupos de tarea, de acuerdo con el área pública en la que se determinen “riesgos de corrupción”, cuya labor será “autónoma” para evitar conflictos de intereses.

Verdesoto criticó la concepción de la Ceicce, porque se la convirtió en un organismo “ineficiente”, pues habría querido “anteponerse a las decisiones de los jueces ecuatorianos, lo que no aceptaron los jueces” ni las autoridades ecuatorianas.

Sobre este plan anticorrupción, Verdesoto aclaró que su objetivo es el de prevenir estos hechos en el interior de las instituciones públicas, y no el de asumir las competencias de la Fiscalía General del Estado o de la Contraloría General.

En la víspera, por ejemplo, se estaría trabajando en “tres casos de alta evidencia de corrupción” en el Gobierno, que serán trasladados a la Fiscalía General para su estudio, ejemplificó.

Como parte de estos nueve objetivos que se han planteado, se ofreció apoyar la propuesta de ley de conflictos de interés, que se estaría trabajando en la Contraloría, así como plantear cambios en la malla curricular de las instituciones educativas, desde las escuelas hasta la universidad, para impartir materias relacionadas con la ética y valores.

Verdesoto presentó las nueve estrategias al presidente de la República, Guillermo Lasso, en un evento que se realizó en un hotel de Quito, este 13 de julio, al que asistieron autoridades de varias funciones del Estado, excepto la fiscal general, Diana Salazar.

Participaron directivos de organizaciones de la sociedad civil y también el representante de la fundación Konrad Adenauer para Ecuador y Perú, Robert Helbig, que comprometió el apoyo a estas iniciativas.

De su lado, Lasso indicó que, como parte de esta estrategia, dispuso que se incorpore al Código de Ética (que deben firmar los funcionarios) la examinación de posibles conflictos de interés, que se cumplan los procesos para las compras públicas, se precisen los ingresos y gastos de la caja fiscal, controles a los pagos de impuestos e identificar posibles casos de lavado de activos. (I)