Gobierno y cuatro vocales se defienden de las bancadas de UNES y PSC en la disputa por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana

El Gobierno y cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) trataron de defenderse de las acusaciones de intromisión en funciones y haber incumplido decisiones judiciales, respectivamente, realizadas por legisladores de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

Esto, por los hechos ocurridos en la reinstalación de la sesión ordinaria permanente 3 por cuatro consejeros de mayoría, del 9 de febrero, que desembocó en la remoción de Sofía Almeida de la dignidad de presidenta y de David Rosero como vicepresidente.

Minutos después de las 09:00 de este 16 de febrero, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el comandante de la Policía Nacional, Carlos Cabrera; y los consejeros del CPCCS Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán comparecieron ante la Comisión de Transparencia, compuesta por mayoría de la bancada correísta de UNES y del PSC.

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En la plenaria, que se ha extendido por casi ocho horas, el objetivo era que explicaran por qué y cuáles eran los factores de riesgo para que el 9 de febrero policías resguardaran los alrededores del CPCCS, y por qué los cuatro consejeros no han dado cumplimiento a la medida cautelar otorgada a Almeida que la ratificó en su cargo como presidenta.

Alexandra Vela hizo un recuento de lo sucedido ese miércoles. Contó que el consejero Hernán Ulloa, elegido presidente del Consejo el 9 de febrero con el respaldo de tres vocales, solicitó resguardo policial para evitar actos que atenten contra su integridad en una sesión que iba a producirse a las 10:00.

“La actuación de la Policía se retrotrae a cumplir con el orden público y los bienes del Estado”, dijo y aseguró que el Gobierno respeta la independencia de funciones y que de “ninguna manera irrumpieron” en el organismo.

“En el Consejo existen una mayoría y una minoría; y esta mayoría ha elegido presidente. Como Gobierno, el Ejecutivo estamos llamados y respetaremos la independencia total de cada una de las instituciones. (…) Debemos garantizar la mayoría que se ha establecido en el Consejo, el respeto a la Constitución y la ley y a las reglas que rigen ese gobierno democrático”, enfatizó Vela ante los legisladores.

Aclaró que se atendió el llamado de Ulloa como consejero; y en horas de la noche, cuando Ulloa fue designado presidente, se le asignaron dos policías vestidos de civil para evitar agresiones a su integridad, pues en el interior del edificio en Quito había ciudadanos que cuestionaban a la nueva mayoría.

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Carlos Cabrera, comandante de la Policía Nacional, detalló que en el operativo realizado ese día participaron 25 efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y conforme transcurrió el día fueron retirados porque no hubo alteración del orden público.

Reveló también que ese día, Almeida había renunciado a que policías le dieran seguridad e ingresó a la sede del Consejo en la capital sin obstáculos.

Se escuchó también a María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta elegida ese miércoles por la mayoría, quien afirmó que no han incumplido ninguna decisión judicial y que actuaron para avanzar en el desarrollo de los procesos de designación de autoridades que estaban detenidos.

Explicó que la medida cautelar que otorgó a Almeida la jueza de Samborondón (Guayas) Karly Vargas fue revocada por la jueza de la misma unidad judicial Larissa Ibarra, por lo que cuando reinstalaron la sesión permanente no incumplieron ninguna decisión judicial.

En medio de ello, los asambleístas correístas y del PSC increparon a Vela y a los cuatro consejeros de haber actuado de forma ilegal.

Mireya Pazmiño (PK), Rosa Mayorga (UNES), Ronny Aleaga (UNES), Nathalie Viteri (PSC), entre otros, exigían que se explique cuáles fueron los riesgos que se identificaron para enviar 25 policías a resguardarlos.

Ricardo Ulcuango (UNES) pidió a Vela que explicara el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado emitido en el 2019, sobre la instalación de las sesiones del Consejo, con el operativo policial.

Ello provocó risas en la ministra de Estado, pues no había “relación entre la presentación de la solicitud de un operativo policial” con el pronunciamiento de la Procuraduría.

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Con ironía, Viteri pidió que se señale si la gente que iba a atentar contra la seguridad de los cuatro vocales tenía armas blancas, pistolas o estaba en “riesgo su vida” para darles 25 policías para protegerlos de una mujer que está en periodo de lactancia, en referencia a Almeida.

Cabrera explicó que tuvieron alertas de riesgo de que en el edificio iba a haber un ingreso masivo de personas y permanecieron afuera.

Narró que había personas “atacando a los consejeros”. “No me remito a videos, sino a los hechos. No se detuvo a ninguna persona. El no haber detenidos quiere decir que la presencia policial evitó desmanes”, aseveró Cabrera.

Lo respaldó Vela, quien insistió: Ni el régimen ni la Policía de “ninguna manera irrumpimos en ningún espacio público o privado. No emitimos ningún juicio de valor”.

Ulloa subrayó que lo resuelto por la mayoría se ampara en normas legales; y enumeró las afectaciones a sus funciones que han tenido en los últimos meses por parte de Almeida, como el bloqueo de información, irregularidades en el desarrollo de los concursos para la conformación de las comisiones ciudadanas que elegirán a las principales autoridades de control del Estado; que se les apagaban los micrófonos o se los sacaba de las sesiones virtuales.

Explicó que la propuesta de reformar los reglamentos de selección de autoridades tiene como objetivo evitar la injerencia de personal cercano a la presidencia del CPCCS en las comisiones ciudadanas.

De repente, anunció emocionado que un juez de la unidad judicial de Samborondón, Ronald Cevallos Bravo, acogió la revocatoria de la medida cautelar otorgada a Sofía Almeida por la jueza Vargas, suspendida en sus funciones al ser investigada por presunto error inexcusable.

Eso dejaría “nula” la medida cautelar a favor de Almeida, dijo Ulloa, con lo que su designación como presidente se “presume legítima”.

Esto con base en el trámite de una acción de protección que él planteó y la aceptó la jueza de la unidad judicial del Guayas Larissa Ibarra, que revocó la medida cautelar de Vargas y dispuso que los actos dados en la sesión permanente 3 del 9 de febrero se “presumen legítimos”.

Nathalie Viteri y Ferdinan Álvarez (UNES) expresaron su molestia por la actuación de la justicia.

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Viteri defendió a la jueza Vargas y contó que la suspendieron 90 días “ilegalmente”; mientras Álvarez tildó de “sospechoso” que esta magistrada sea suspendida en el trámite de la medida cautelar y se haya nombrado a Cevallos como su subrogante. Y este a la vez haya remitido el expediente de la medida cautelar al trámite de la acción de protección.

Ulloa negó tener una cercanía con el gobierno de Guillermo Lasso, pues aparece en fotografías apoyándolo en la campaña electoral de las elecciones del 2017. Que lo apoyó “como ciudadano” indicó y que para acabar con comentarios “morbosos”, jamás recibió una llamada de él para ningún acto.

Insistió en que no se está poniendo en riesgo la seguridad jurídica al modificar los reglamentos para la designación de autoridades, pues estos aún no se han convocado.

Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán insistieron también en que actuaron reinstalando la sesión permanente 3 cuando se revocó la medida cautelar de Vargas, por lo que no incurrieron en ilegalidades. (I)