Gremios sociales se preparan para la movilización del 19 de enero y declaran al 2022 el ‘año de la resistencia’

Las organizaciones sociales se preparan para la primera jornada de movilizaciones que se efectuarán el próximo 19 de enero en rechazo a las decisiones económicas del gobierno de Guillermo Lasso.

Para esa fecha está convocada una marcha nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), para exigir aspectos como el tratamiento de su proyecto de Código de Trabajo, el pago de la deuda estatal con el Seguro Social (IESS), rechazar el incremento de los precios de los combustibles, entre otras demandas.

El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo anunció este 4 de enero, que este sábado (8 de enero) se instalarán en una asamblea nacional con gremios de trabajadores, campesinos, maestros, jóvenes, jubilados, entre otros, cuyo objetivo es preparar las condiciones para la movilización del 19 de enero.

Las exigencias que empujan se relacionan con el incremento de los precios de los combustibles, la privatización de las empresas públicas; la deuda que mantiene el Estado con el IESS; y la implementación de una política laboral que garantice el empleo y los derechos de los trabajadores.

En materia educativa, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, lamentó que se retoman las clases presenciales en medio de la pandemia, pese a que existen centros educativos que no cuentan con agua potable o baños acondicionados para evitar contagios en los estudiantes y maestros.

Es así, que el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), José Villavicencio, anunció que a este 2022 se lo declaró como el ‘año de la resistencia’, en contra del Gobierno nacional.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) aún no ha anunciado cuándo iniciarán las movilizaciones indefinidas, que declaró su presidente, Leonidas Iza.

Conaie anuncia medidas de hecho indefinidas desde enero del 2022 en rechazo al Gobierno

Ayer, el consejo de gobierno del movimiento indígena preparaba la agenda de trabajo que ejecutarán este año, con base en un análisis de la coyuntura política y económica actual.

La Conaie demanda al presidente Guillermo Lasso que reduzca los precios de la gasolina extra a $ 2,10 y del diésel a $ 1,50.

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, informó que por el momento la Confederación no ha convocado a una reunión del consejo ampliado para definir las acciones de protesta.

Aunque, la organización que preside mantendrá un encuentro este miércoles en el que tomarán decisiones.

Sin embargo, Lasso señaló que no adoptará una decisión encaminada a reducir los costos de los derivados del petróleo y que tampoco los incrementará, después de que en octubre pasado fijó en $ 2,55 la gasolina y $ 1,90 el diésel.

Según el mandatario no puede “dar gusto” a cada sector, y responderá con la Ley y la Constitución a las protestas.

En esa línea, reiteró las críticas al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y desestimó el llamado a un nuevo diálogo.

“¿De qué sirve el diálogo? Hemos tenido reuniones, hemos llegado a acuerdos y cuando baja (Leonidas Iza de una reunión) dice ‘no, no hay ningún acuerdo’. ¿Por qué? Porque lo único que sabe es tirar piedras, quemar edificios públicos, promover violencia”, recriminó este martes, en una entrevista con representantes de medios de comunicación.

En ese espacio, tildó a Iza de ser un “hombre violento” que quiere “tumbar” al Gobierno y a la democracia, del que no saben qué propone y a dónde quiere llevar al Ecuador.

Gobierno anuncia que intensificará diálogos con organizaciones sociales desde enero

“Tanto odia la democracia que ni siquiera tiene la paciencia de esperar al periodo electoral (para las elecciones presidenciales) del 2025, y presentarse como candidato. Y, si gana las elecciones, pues bien, que gobierne, pero no puede pretender gobernar con una piedra en la mano amenazando a los ecuatorianos”, indicó.

En el ámbito laboral, Lasso ofreció elaborar un proyecto legal de reformas laborales con la participación de la sociedad civil, para evitar las críticas de que se aprobó entre “gallos y medianoche”.

Manifestó que el Código de Trabajo vigente es antiguo, pero que no se lo tocará y que su intención es que se tramite una Ley de Oportunidades que en lo laboral cubra a los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo.

Para el presidente de la UGTE, José Villavicencio, lo que debe aprobarse es el proyecto de Código de Trabajo que remitió el FUT a la Asamblea Nacional y “no leyes laborales paralelas”.

Reprochó que el Gobierno no ha tenido la “voluntad política” de convocarlos al diálogo, y teme que la política laboral que se presentará responda a una “regresividad de derechos”. (I)