Al menos cuatro de las cinco organizaciones políticas que fueron extintas del Registro Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) recurrieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para evitar que la decisión quede en firme.

El 27 de noviembre último, el pleno del Consejo Electoral resolvió cancelar la personaría jurídica de cinco grupos políticos de carácter nacional: Fuerza Ec lista 10, Concertación lista 51, Justicia Social lista 11, Ecuatoriano Unido lista 4 y Unión Ecuatoriana lista 19, porque no alcanzaron el umbral de votos en los comicios seccionales del 2019 y las presidenciales del 2021.

La resolución se amparó en el numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia, que dispone la cancelación de aquellas organizaciones políticas de ámbito nacional que no obtengan el 4 % de votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o, al menos, tres representantes a la Asamblea Nacional; o al menos el 8 % de alcaldías; o por lo menos un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

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Pero para los representantes de los movimientos extintos, el criterio es ilegal pues se estaría aplicando la ley de manera retroactiva.

Consejo Electoral resolvió la extinción definitiva de cinco organizaciones políticas nacionales

El presidente del movimiento Unión Ecuatoriana, Washington Pesántez, interpuso el jueves pasado su recurso subjetivo ante el Tribunal Electoral. Explicó que las reformas al Código de la Democracia están vigentes desde febrero del 2020, por lo que no debería contabilizarse la votación del 2019, sino las presidenciales del 2021 y las seccionales del 2023 para definir si debe ser o no cancelada.

Para Pesántez, los consejeros electorales “no entienden nada” porque “toda ley rige para el futuro y desde el 2020 ha habido una sola elección. ¿Por qué quieren retrotraer la ley hacia el pasado?”, cuestionó.

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“Interpusimos el recurso ante el TCE, que son los que deciden, porque esto es ilegal. Estoy de acuerdo en que aquellas organizaciones que incumplen la norma desaparezcan, además hay aquellas que se han regalado a los prófugos, presos… Pero Unión Ecuatoriana ha cumplido con las formalidades, por ningún lado debemos desaparecer”, afirmó Pesántez.

Un criterio similar es el de Alfredo Carrasco, representante legal del movimiento Concertación, que lo creó el excandidato presidencial y académico César Montúfar. Carrasco confirmó que también ingresaron su recurso ante el TCE el jueves.

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“La decisión del Consejo es ilegal, porque nos están aplicando una norma vigente desde febrero del 2020 con carácter retroactivo. El Código de la Democracia anterior estableció en el artículo 327 que los partidos políticos que no alcanzaban la votación debían ser cancelados, no dice los partidos y movimientos”, precisó.

Ahondó en explicar que Concertación es un movimiento y hasta antes del 2020 no se les aplicaba este numeral, por lo que la norma debe ser aplicada desde febrero del 2020. Solo entonces, “ahí sí estaríamos con tarjeta amarilla, por cuanto en las elecciones del 2021 no alcanzamos a poner tres asambleístas o alcanzamos el 4 % de votos. Recién ahora estaríamos con tarjeta amarilla, por eso subrayo que la decisión es ilegal, no pueden aplicar la ley de manera retroactiva. Por justicia, el TCE debería fallar a nuestro favor e impedir que se nos conculque el derecho a la participación”.

Fabián Zúñiga, presidente nacional de Ecuatoriano Unido, coincidió en que están enfrentando “esta pelea” para luego prepararse para las seccionales del 2023.

El directivo aseguró que el CNE está aplicando una disposición anterior a las reformas del 2020, afectando su participación.

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“Están aplicando la ley con retroactividad. Deberíamos pasar dos elecciones para podernos calificar. Estimamos que no aplica esto, porque debería ser luego de estas seccionales del 2023 que se aplique este artículo. La ley no es retroactiva, va del 2020 en adelante, entonces no pueden tomarse en cuenta las elecciones del 2019, y debería ser el requisito, los comicios del 2021 y las seccionales del 2023. Es decir, luego de estos dos últimos comicios es que debería aplicarse la norma”, reiteró Zúñiga.

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Aclaró que Ecuatoriano Unido se formó con la participaron de las bases; y que Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno, solo fue uno de los varios actores que participaron en su creación. “El movimiento fue creado por las bases, que trabajamos para recoger las firmas. No tiene un dueño”, dijo el dirigente, que agregó que Moreno “dio un paso al costado” tiempo atrás, además que “no cogobernaron” con el exmandatario.

Otro de los movimientos cancelados por el Consejo Electoral es Fuerza Ecuador (Fuerza EC), que está presidido por Abdalá Bucaram Ortiz.

Según se informó, el jueves pasado ingresaron un recurso subjetivo ante el Tribunal Electoral apelando la resolución administrativa, pero no se explicó cuáles fueron sus argumentos.

De igual forma, este Diario intentó comunicarse con los directivos del movimiento Justicia Social para conocer su postura sobre su cancelación, pero no hubo respuesta.

Durante la plenaria del pasado 27 de noviembre, los consejeros conocieron también los expedientes de las agrupaciones Construye lista 25 (antes Ruptura), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) lista 17 y Podemos lista 33.

No obstante, las tres lograron evitar su extinción, pues habrían cumplido con el requisito del artículo 327 numeral 3 del Código electoral. (I)