Una segunda denuncia enfrenta la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori: esta vez, su excoideario Bruno Segovia pide su destitución del cargo de legisladora por haber gestionado cargos en el sector público, lo cual está prohibido y no es una atribución de un legislador.

Llori aún tiene pendiente el proceso de destitución que inició la legisladora del bloque Unión por la Esperanza (UNES) Johana Ortiz, quien acusó a la expresidenta de beneficiarse de diezmos de sus colaboradores, quienes supuestamente pagaban la renta de un vehículo de lujo para la movilización cuando ella presidió el Parlamento.

Gobierno y Pachakutik bloquean destitución de Guadalupe Llori, acusada del cobro de diezmos a sus colaboradores

La expresidenta, durante su defensa, manifestó que a la fecha de los supuestos hechos imputados en su contra cumplía sus funciones conforme lo determina la ley, y que ella encargó la gestión administrativa según sus competencias a la secretaría, administración general y coordinaciones; en tal virtud, la provisión de bienes y servicios para los asambleístas y servidores legislativos se encontraba bajo la responsabilidad de la coordinación general administrativa.

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Por lo tanto, el concepto de grupo de trabajo previsto en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no es aplicable a este caso, sino para curules administrativas. “(Por tal razón), yo no he solicitado ni he recibido ningún tipo de beneficio de parte de mi grupo de trabajo”, destacó.

El trámite sobre su destitución está pendiente luego de que, el miércoles pasado, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, suspendiera la sesión tras aceptarse la reconsideración de la votación de la moción de destitución de Llori, que solo alcanzó 82 votos.

No pudo concluir el trámite porque la ponente de la moción de destitución, Johana Ortiz, se ausentó de la sala; y, por lo tanto, se tendrá que reinstalar la sesión para volver a presentar el texto de la moción y llamar a votar. Para destituir a Llori, el pleno necesita al menos 92 votos.

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Segunda denuncia

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó y admitió a trámite una denuncia presentada por el legislador Bruno Segovia, que antes perteneció a las filas de Pachakutik, en contra de Guadalupe Llori por supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos.

Ese proceso pasará a conocimiento del Comité de Ética, que tendrá que conocer la solicitud y, luego de notificar a las partes, tendrá que definir un cronograma de trabajo que incluye la presentación de las pruebas de cargo y de descargo.

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Según el denunciante, Guadalupe Llori habría gestionado cargos públicos y ejercido tráfico de influencias en el nombramiento de varias autoridades en la provincia de Orellana, cuando ella ejerció la presidencia de la Asamblea Nacional.

La gestión de cargos públicos constituye una causal de destitución de un asambleísta, según lo determina el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Como pruebas, Segovia presentó una lista de nombres que permitirá probar la irregularidad, porque constarían nombres de los tenientes políticos en la provincia de Orellana, a la que representa la legisladora.

Segovia, durante su intervención en el pleno de la Asamblea, dijo que es el momento de sanear la Asamblea y levantar la dignidad.

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El Comité de Ética, que procesará una segunda denuncia contra Guadalupe Llori, está integrado por José Chimbo (Pachakutik), Luisa González (UNES), Marjorie Chávez (PSC), Dalton Bacigalupo (ID) y Freddy Rojas (BAN). (I)