El presidente de la República, Guillermo Lasso, retiró el proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia por contener disposiciones contrarias a la Constitución, y por no responder a la realidad económica y social que el país se encuentra viviendo en este momento.

Según el Ejecutivo, este proyecto ingresado en abril del 2021, generaría una limitación a los derechos de libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, y, además, la vulneración a la seguridad jurídica, debido proceso e igualdad formal, especialmente en el régimen de sanciones establecido sin justificación razonable alguna. Igualmente, no incluye el costo económico que significaría la vigencia de la Ley.

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La Comisión de Salud de la Asamblea tenía previsto, este 13 de agosto, aprobar el informe para primer debate a partir de las 10:00, cuyo documento borrador estaba listo, pero el Ejecutivo procedió a retirar la propuesta un día antes.

Los miembros de la mesa cuestionaron la decisión del Ejecutivo cuando había avanzado en el análisis, además porque en el dictamen de la Corte Constitucional de agosto del 2020 se otorgaron tres meses al presidente de la República para que remita a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley, y al Parlamento un plazo de seis meses para discutir y aprobarlo.

La asambleísta Luisa González (UNES) planteó una moción para que la Comisión de Salud de la legislatura realice una propuesta de ley que regule la situación de pandemia en virtud de que la mesa ha iniciado el tratamiento de la Ley y tiene que dar cumplimiento a lo determinado por la Corte Constitucional.

La moción también dispone poner en conocimiento de lo realizado y trabajado hasta el momento a la Corte Constitucional y a la presidencia de la Asamblea Nacional. La moción recibió el respaldo de seis votos de los asambleístas Joel Abad y Rafael Lucero (Pachakutik); Ronal González, Luisa González y Patricia Mendoza (UNES); y, Marco Molina (ID).

En cambio, María José Plaza (CREO) se abstuvo señalando que el dictamen de la Corte Constitucional dispone al presidente de la República, quien elaborará y presentará dicho proyecto y no la Asamblea Nacional.

Argumentos

El Ejecutivo en la carta remitida a la Asamblea Nacional describe que el 24 de agosto de 2020 la Corte Constitucional aprobó el dictamen 2-50-EE/20, mediante el cual se ratificó la última extensión del estado de excepción a causa de la calamidad pública debido a la pandemia del COVID-19. Entre las disposiciones más relevantes, la CC indicó que “el presidente de la República preparará un proyecto de ley bajo los criterios técnicos trabajados en conjunto con el COE nacional”.

El 6 de abril de 2021, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1282 de 1 de abril de 2021, sobre el estado de excepción declarado nuevamente en virtud de la calidad pública debido al grave incremento de contagios por el COVID-19.

Por ello, el exmandatario remitió el 21 de abril de 2021 el proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia por Pandemia, pero según el actual gobierno el proyecto contiene disposiciones inconstitucionales relativas a la creación de nuevos mecanismos de restricción de derechos que se encuentran destinados únicamente al caso extraordinario de una nueva emergencia sanitaria declarada por pandemia, pero no contempla garantías para las personas que pudieran verse afectadas por su aplicación.

Es importante reiterar que el único régimen normativo que puede restringir derechos es aquel del estado de excepción incluido en la Constitución. Crear un sistema paralelo implicaría el desconocimiento del orden constitucional, advierte el primer mandatario.

También señaló que en la propuesta que analizaba la Asamblea Nacional no se establecen los mecanismos necesarios ni el ente competente para los procesos sancionatorios que dispone, por lo cual se necesitaría del auxilio de otros cuerpos normativos para suplir esta falta. Tampoco se incluye un análisis del costo económico que significaría la vigencia de esta Ley. (I)