Para el 15 de agosto próximo, a las 14:00, está convocada la audiencia de estrados en la que se resolverán los recursos de apelación a la sentencia de primera instancia del juez Johnny Lituma, de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, por la cual se dio paso a la restitución de los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, exdueños del Filanbanco, en julio del 2008, por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

La incautación se dispuso en el gobierno de Rafael Correa con base en un informe de la firma Deloitte & Touche, que determinó un “hueco patrimonial” de $ 661 millones en la institución financiera.

En el 2018, el abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, planteó una acción de medidas cautelares para evitar que estos bienes fueran vendidos a terceros; esta fue aceptada y se mantuvo vigente hasta inicios de este año, cuando el Estado pidió que se revocara por considerar que no existía ningún peligro de vulneración de los derechos de los exbanqueros.

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El juez resolvió levantarla, pero a la par dio trámite a la acción de protección derivada de estas medidas cautelares para determinar si hubo o no tales vulneraciones y las formas de reparación.

Una lista de los bienes que los hermanos Isaías habrían entregado al Estado consta en sus juicios de insolvencia; se avaluaron en casi $ 1.500 millones

Entonces, como concluyó que sí las hubo, aparte de la restitución de los bienes, dispuso otras medidas de reparación: la restauración de la situación jurídica de los Isaías al momento anterior en que se inició el proceso de determinación de sus obligaciones, esto es, antes del 26 febrero de 2008, en que se emitió la resolución de la Superintendencia de Bancos que determinó el “hueco patrimonial”, por ser este el acto vulnerador de sus derechos; la nulidad de todo el proceso de determinación de las obligaciones de carácter civil seguido contra los Isaías Dassum, incluidas las resoluciones de la AGD en que se basó la incautación de sus bienes, derechos, acciones y activos en general; que el juez competente determine el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos; y que el juez competente determine el monto proporcionado por los daños y perjuicios ocasionados.

Esta decisión fue apelada por la Procuraduría General del Estado, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia.

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El Tribunal de Alzada que tratará el caso está integrado por Fabiola Gallardo Ramia, que es la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, así como por Carlos González Abad y Adolfo Gaibor Gaibor (ponente).

Pero, a la par que se resuelven estas apelaciones, el fallo de primera instancia ya está en ejecución. Según Zavala, en los juicios constitucionales “las sentencias de primera se cumplen sin perjuicio de que se planteen recursos de apelación”.

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En ese sentido, el pasado 19 de julio, el juez Lituma envió oficios a los representantes legales de trece empresas para que transfieran sus acciones a favor del fideicomiso Comité DH-ONU-Reparación Integral (TRUST), que fue creado por los Isaías en Estados Unidos para recibir los bienes que se les restituyan.

“En virtud a lo ordenado en la referida sentencia y su ampliación, sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas el traspaso de las acciones emitidas por la sociedad que usted representa, a la que se refiere este oficio, a favor del fideicomiso Comité DH-ONU-Reparación Integral (TRUST). (...) Consecuentemente, la transferencia de los paquetes accionarios debe hacerla usted sin excepción alguna, respecto a todas las acciones de la sociedad que usted representa, detalladas en las referidas resoluciones AGD que aún se encuentren a nombre de sociedades en que el accionista sea el Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Más Impunidad o sus sucesores o de instituciones del Estado y que fueron traspasadas a estas o a sus antecesoras, en razón de las resoluciones de incautación antes mencionadas y que son parte del expediente y de las declaratorias de real propiedad de la AGD, inicialmente”, señala el documento.

El manejo de los bienes incautados a la familia Isaías ha pasado por al menos una decena de entidades

Las compañías señaladas son Departur Turismo y Apartamentos S. A., Hotel Colón Internacional S. A., Industrial Shulk Cía. Ltda., Tabacalera Andina Tanasa S. A. S., Grupo Azucarero EQ2, Inmobiliaria Canales Asociados del Ecuador Incatevsa, Compañía de Seguros Ecuatoriana-Suiza S. A., Tecniconstructora S. A., Almacenera del Ecuador S. A. Almesa, Gráficos Nacionales S. A. Granasa, Compañía Minera Macuchi Mimacuchi S. A., Tabacorp S. A. y Vicunha Ecuador S. A.

Zavala explicó que los fiduciarios y beneficiarios del fideicomiso son los hermanos Isaías, y su procurador judicial es él mismo. No se trata de una compañía fiduciaria que administrará los bienes y acciones, sino de un patrimonio autónomo creado bajo las leyes norteamericanas “que se arma con un fin concreto y específico, en este caso, recibir lo que el juez ordenó devolver”.

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Roberto y William Isaías viven en Miami, Estados Unidos, desde el 2000. (I)