La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, este 13 de octubre, instaló una mesa nacional que llevará a la depuración, reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el sistema de justicia.

Para ese propósito se convocó a los representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, SNAI, Secretaría de Seguridad Pública, del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, de la Secretaría Anticorrupción y de la presidencia de la Función de Transparencia y Control Social.

Guillermo Lasso posiciona su ‘consulta ciudadana’ como una solución a la inseguridad y analistas creen que debe haber un ‘plan B’

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, destacó que desde el Parlamento se plantea una autodepuración de las instituciones dedicadas al tema de seguridad, sin que eso signifique que esté en contra de la Policía Nacional, la justicia y Fuerzas Armadas.

Pero consideró que la Policía tiene que hacer un autoanálisis de lo que viene suscitando dentro de sus filas, pues no se puede ocultar y decir que no pasa nada.

Saquicela explicó que este trabajo que empieza en la Comisión de Seguridad es un intento para encontrar una legislación que tenga que ver con autodepuración en aquellas instituciones públicas, respetando el debido proceso, sean más efectivas.

Destacó que la administración de justicia procura hacer lo posible por cumplir con su objetivo, sin embargo, existen muchos administradores de justicia que lastimosamente no aplican correctamente la normativa legal.

Recordó que las leyes existen y la no aplicación de estas también se produce, y que eso tendrá que ser combatido a través de normativa más seria, tajante y fuerte para poder sancionar a quienes no cumplen con la aplicación debida de la norma.

Saquicela explicó que la instalación de esta mesa es distinta de la que él convocó junto con los jefes de bloque precisamente sobre el tema seguridad. Esta mesa se reunirá la próxima semana, aunque los dos escenarios coinciden en el lucha contra la inseguridad y delincuencia.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, definió la hoja de ruta para este proceso que aspira a concluir con la emisión de una normativa que viabilice la autodepuración de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SNAI y justicia.

Dijo que no es una iniciativa nueva la propuesta de autodepuraciones, que ya en Colombia, mediante sentencia de la Corte Constitucional en 1995, se determinó que la institución encargada de la seguridad debe ser saneada para que pueda cumplir a cabalidad su cometido. “Nosotros debemos tomar ese camino, para garantizar la confianza que el pueblo ecuatoriano debe tener en nuestras instituciones”, subrayó.

Falta de recursos

Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó la importancia de esta mesa interinstitucional para fortalecer el sistema de seguridad, incluido el sistema de justicia.

Que si se quiere modernizar y mejorar el sistema de justicia y llegar a la tutela judicial efectiva, en todas las materias y particularmente en el tema penal, el Estado debe reinvertir en la Función Judicial, al menos lo que esta genera proveniente de tarifas, servicios de mediación y tasas notariales, para poder emprender en el mejoramiento.

Con esa reinversión, añadió Murillo, se tendría la posibilidad de tener el número de jueces adecuados, el número de equipos técnicos y de apoyo en cada unidad judicial.

Además, reveló que el 91 % de la Función Judicial es simplemente para pagar nómina, el restante para servicios, infraestructura, mantenimiento y demás; mientras que para proyectos la Judicatura tiene muy limitados recursos.

Dijo que a lo largo de su administración tiene registradas puntuales actuaciones en las que ha acudido a la normativa y llevado procesos administrativos disciplinarios, y cuando ha habido razón se ha separado y destituido a esos funcionarios.

Murillo mostró cifras y señaló que entre el 2019 y el 2022 existe un promedio de 382.957 audiencias, y al mes de agosto de 2022 existen 32.466 privados de la libertad a nivel nacional, de los cuales 24.272 tienen sus procesos judiciales resueltos, es decir, están cumpliendo la condena que se les ha impuesto por sus responsabilidades.

El presidente de la Judicatura destacó que han creado siete unidades especializadas en garantías penitenciarias, 25 jueces especializados en garantías en las provincias de Pichincha, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, El Oro y Cotopaxi, lo cual ha permitido que los privados de la libertad hagan uso del derecho a las garantías, y sin duda disminuye el hacinamiento en las cárceles.

Planteó la necesidad de trabajar en conjunto del SNAI, a quien deben también proporcionarse los recursos, porque si no se estaría engañando al país, por lo tanto, todos los cambios normativos que pueda aprobar la Asamblea Nacional deben estar atados a un presupuesto que permita exigir resultados, de lo contrario no es posible. Por ello, Murillo planteó que en la mesa también debe participar el ministro de Economía y Finanzas. (I)